“En todo el sector minero que paga regalías, estas no deben ser deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo de la nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. En esa medida, la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y, por tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son, entonces, deducibles de su impuesto de renta”.

Con esta advertencia, el presidente Gustavo Petro anunciaba la forma como las empresas del sector minero y petrolero deberán pagar sus impuestos con la reforma tributaria que debe empezar a operar desde el 1 de enero de 2023.

Sin embargo, cuando se creyó que ese punto en específico iba a tranquilizar a las empresas del sector minero energético, sucedió todo lo contrario.

El punto que propone el Gobierno acá es atar la sobretasa en renta a los precios internacionales del petróleo y el carbón: si están altos, entra en efecto un porcentaje de la sobretasa que, hasta el momento, era fija.

No se conoce la fórmula exacta bajo la cual operará el nuevo mecanismo de la sobretasa; sin embargo, puede no convencer del todo a las empresas.

La fórmula se aplicará con tarifas de 5%, 10% o 15%, aunque el Gobierno no quiso entregar detalles de cómo se haría.

El máximo

Lo que sí aclaró es que el impuesto máximo se tendrá en cuenta cuando se registren precios del petróleo superiores al promedio de los últimos 20 años.

Para el caso del carbón, Petro indicó que habrá una tasa diferencial, ya que “sus costos de producción son diferentes”.

En todo caso, la sobretasa a empresas que explotan carbón colombiano llegará hasta máximo 10% de su impuesto de renta, sobre todo porque se aplicará de acuerdo al precio externo de las materias primas.

Este punto sigue generando tensiones entre las empresas y los propios legisladores. De hecho, fue otro de los temas que más proposiciones e intervenciones generó durante los debates en las comisiones económicas.

Valor adicional

El presidente de Fenalcarbón, Carlos Andrés Cante, dijo a EL NUEVO SIGLO que “cerrar la posibilidad del debate en las plenarias del Congreso a esta opción de deducibilidad en las regalías, es caer en un escenario que ya no existe en el mundo, el único país que tenía este impuesto era Zambia y ahora queda Colombia con ese doble cobro por las regalías”.

Sostuvo que “las regalías son un valor adicional que se reconoce al Estado dentro del precio; eso no es una ganancia para la empresa, es un valor que se le paga al país. De esta manera, pagar renta y liquidarla sobre ese valor de regalías que no entró como ingreso es prácticamente gravarnos doble”.

Señaló que “sumar la no deducibilidad de las regalías más la sobretasa de renta, que oscilará para el caso del carbón entre 5 y 10 puntos adicionales, es una tributación excesiva que amenaza la sostenibilidad del sector, limita las posibilidades de reinversión y de ampliación y en algunos casos de continuidad de los proyectos”.

Por su parte, Juan Carlos Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, sostuvo que le parece preocupante “la insistencia sobre la no deducibilidad de las regalías. Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera. La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo. Esto sin contar que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir”.

Sobretasa

Acerca de la sobretasa, Nariño indicó que “es necesario revisar la magnitud de la sobretasa: 10 puntos es desproporcionado e inequitativo en relación con otros sectores, razón por la cual el sector minero ha propuesto una sobretasa de 5 puntos”.

Por su parte, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dijo que “esto es un golpe doble a las empresas, por un lado. Por el otro, aleja a la reforma de ser una iniciativa verdaderamente estructural al cerrar el hueco de un beneficio, pero, al mismo tiempo, introducir una sobretasa (que suele ser una medida transitoria)”.

A su vez, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo en su cuenta de Twitter: “Presidente, el dólar está disparado por sus decisiones contra el sector de hidrocarburos: prohibir la exploración de petróleo y gas, y la tributaria que liquida al sector. Sin hidrocarburos, la estabilidad fiscal de Colombia pinta muy mal. No lo digo solo yo, lo dicen los mercados”.

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¿Contradicciones?

Mientras tanto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas envió un tuit en el que afirmó: “El pre. @petrogustavo tiene razón en que los recursos del subsuelo son de la nación y las regalías "no deben hacer parte de la contabilidad de las empresas". Con esa misma lógica, no debería pagarse imporenta sobre las regalías por no ser ingreso de las empresas. Contradictorio”.

De otra parte, este medio quiso conocer la posición de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), pero su presidente, Francisco José Lloreda, dijo que “esperemos a ver cómo sería la sobretasa”.

La semana pasada, tanto la Asociación Colombiana de Minería como la Asociación Colombiana del Petróleo aseguraron que este sector era uno de los grandes contribuyentes del país y proyectaba que su aporte este año sería de $72,7 billones, mientras que para 2023 llegará a $90 billones, sin la tributaria.

Advirtieron que una carga tributaria adicional podría afectar la inversión, ya que proyecta que la reforma tributaria "implicaría un incremento del Government take de entre un 20% y 22%". El Government Take es uno de los instrumentos más importantes para administrar el recurso hidrocarburífero. Sirve para evaluar la competitividad de un país y hacer comparación entre los diferentes regímenes contractuales y fiscales que pugnan para atraer capital extranjero de riesgo.

También dijeron que la producción futura de petróleo podría caer entre 50 mil y 70 mil barriles diarios, y se contraería el recaudo tributario en $33 billones entre 2023 y 2032.

Por ello reiteraron su petición de eliminar estos impuestos adicionales a las industrias extractivas como el carbón y el petróleo de la ponencia de la tributaria.

La petición del sector minero energético

En un comunicado los gremios del sector minero energético señalaron: “Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional. Es decir, que la sobretasa que se plantee para el sector minero energético esté acorde con la carga impositiva de la región, aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad y, en consecuencia, pueda continuar aportando importantes recursos a las finanzas de la Nación y las regiones”.