La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado al Gobierno Nacional, especialmente a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como al Congreso de la República, para contemplar medidas más contundentes y específicas para la protección del medio ambiente y el estímulo a la transición energética en la reforma tributaria que actualmente se encuentra en debate.

Si bien la Procuraduría evidenció que el proyecto de ley de la reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso contempla como uno de sus objetivos la protección del medio ambiente, se ha generado preocupación por varios de los artículos aprobados en primer debate, ya que según la entidad, podrían generar regresividad en esta protección.

Uno de los aspectos que prenden las alarmas es la eliminación de la destinación específica del impuesto al carbono, decisión que, según el proyecto de reforma tributaria, se fundamenta en que “la ejecución de esos recursos podría ser más eficiente por medio del presupuesto general de la nación”.

Sobre este tema, es importante recordar que en distintas oportunidades la Procuraduría General de la Nación, así como diversas voces, han advertido sobre la problemática que se presenta respecto a la ejecución efectiva de los recursos recaudados por el impuesto del carbono.

A esta mencionada problemática no se puede dar respuesta efectiva a través de la eliminación de la destinación específica de los recursos recaudados por el llamado impuesto al carbono, que actualmente según el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 deben ser invertidos en el fortalecimiento ambiental del país, la erosión costera, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de fuentes hídricas, la protección de ecosistemas y los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Dispersión

Para el Ministerio Público, la propuesta de eliminar la destinación específica del gravamen no resuelve la debilidad que se pretende solucionar y podría conducir a la dispersión de recursos financieros fundamentales para abordar los retos de la transición energética, el cumplimiento de los compromisos del país en torno a la crisis climática y la contención del flagelo de la deforestación.

En este sentido, la Procuraduría General de la Nación evidencia que la eliminación de la destinación específica del impuesto al carbono no brinda claridad en torno a los siguientes aspectos:

• Quién sería el encargado de la administración de los recursos del impuesto al carbono.
• Cómo se deberían ejecutar estos ingresos.
• Cuáles son los proyectos y/o políticas que se financiarían con el recaudo del impuesto al carbono.

Adicionalmente, la Procuraduría alertó que si la derogatoria de la destinación específica del impuesto al carbono es aprobada por el Congreso de la República, se podría fácilmente perder de vista uno de los fines de este tributo, como es la compensación de los costos ambientales derivados del consumo de combustibles fósiles, desfinanciando así las políticas y los proyectos que tengan como objetivo conservar el medio ambiente y mitigar el cambio climático, lo que privaría al país de un claro mecanismo de garantía económica de justicia climática.

Por lo anterior, el ente de control le pide al gobierno de Gustavo Petro y al Congreso que, “en lugar de eliminar la destinación específica de este recaudo, se corrijan las deficiencias en la inversión del impuesto, estableciendo  instrumentos que permitan acoger las recomendaciones expresadas a nivel nacional e internacional por distintos actores y grupos de interés para la gobernanza y supervisión de la ejecución de los recursos, como son las relacionadas con la necesidad de diseñar acuerdos institucionales que permitan identificar los roles y funciones frente al tributo, establecer procedimientos claros y transparentes de inversión, así como fortalecer la capacidad y articulación institucional para estos fines”.