Continúan las polémicas alrededor del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango). En esta ocasión, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegurara que los contratistas incurrieron en actos de corrupción y habrían usado materiales de baja calidad para las obras, el Consorcio CCC Ituango (conformado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H) le respondió al mandatario que han obrado con todas las de la ley.

Quintero había trinado lo siguiente: “Antiguos directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), acordaron que informe de reaseguradora no fuera integrado al proceso como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos en órganos de control”.

El alcalde también había anunciado que demandaría al Consorcio Ituango, integrado por las tres empresas constructoras, por cerca de 2.600 millones de dólares. “Los culpables de los sobrecostos deben asumirlos y no los ciudadanos a través de los servicios públicos”, recalcó.

Después publicó en sus redes: “El futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay detrimento de 12 billones de pesos de las y los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y políticos responsables”.

“Hay gigantes metiendo la mano. Al igual que hicieron con nosotros, ahora presionan a la Contraloría para evitar que contratistas paguen por Hidroituango. Daños actualizados superan los 12 billones”, sostuvo Quintero.

También se conocieron declaraciones donde él habló de que le “bajaron la calidad de los materiales”. Así mismo, después del encuentro en la Casa de Nariño sobre el futuro del proyecto, escribió: “Conclusión de la reunión sobre Hidroituango: Que los responsables paguen”.

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El grupo empresarial, a través de un comunicado, le contestó a Quintero: “El Consorcio ha actuado con la mayor diligencia dando cumplimiento a las obligaciones contractuales asignadas por EPM, ciñéndose finalmente a las instrucciones impartidas y a los diseños entregados por dicha entidad en su calidad de entidad contratante, actuando siempre bajo la estricta supervisión de la interventoría también designada por EPM”.

“Consistentes con lo anterior, rechazamos enfáticamente los juicios del alcalde en los que realizó falsas afirmaciones sobre la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras y cambios en los diseños, entre otros aspectos”, señaló el comunicado.

“Por tanto, rechazamos rotundamente las comparaciones que hace el alcalde con respecto a otro tipo de contratistas que han incurrido en graves delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y reputación”, reiteraron.

“El consorcio seguirá defendiendo su buen nombre y profesionalismo utilizando las herramientas que le concede la ley en sus diferentes instancias. Igualmente, seguirá comprometido con el proyecto cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones”, indicó el comunicado.

Este pronunciamiento se dio después de que Conconcreto pidiera entrar en proceso de reestructuración empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, y unos días después de que Coninsa Ramón H tomara la misma determinación.