Tras más de cinco años de cierre, la frontera con Venezuela se abre mañana en medio de un escenario político claro, pero con múltiples incertidumbres en el tema de seguridad, comercio, migración y fitosanitario.

En 2015, tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, desde Venezuela se ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera y en 2018 se presentó la expulsión de los funcionarios consulares.  

Pero solo con el comienzo del gobierno Petro se dio vía libre para que la reapertura fuera una realidad. “El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Por su parte desde Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con gobernadores y alcaldes bolivarianos, destacó que se afinan todos los detalles para “que este primer paso sea auspicioso para avanzar hacia una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera”.

El Presidente no dudó en señalar que la reactivación de las relaciones entre Caracas y Bogotá resultará favorable para ambas naciones, al tiempo que abogó por una apertura total de la frontera binacional.

A pesar de estas declaraciones llenas de optimismo, existen cuatro campos sobre los que hay que fijar la atención y que no pueden quedar desapercibidos, luego de que se abran las puertas entre los dos países.

Seguridad

Nicolás Maduro había expresado en un discurso televisivo que “estamos coordinando todos los detalles de la seguridad para que este primer paso, que vamos a dar el próximo 26, sea un paso auspicioso para avanzar hacia donde debemos llegar”.

Del mismo modo, confirmó que los dos ministros de Defensa, Vladimir Padrino (Venezuela) e Iván Velásquez (Colombia), ya se han comunicado con el fin de coordinar los planes de seguridad que permitan el combate de bandas criminales en esta región.

También hay expectativa sobre activar lo que eran las Combifron, unas reuniones bilaterales de frontera donde las Fuerzas Militares y la Policía compartían información de inteligencia. Al desaparecer tomaron más confianza para actuar en la frontera.

Esto ha permitido a las organizaciones delincuenciales jugar a la estrategia del repliegue estratégico, que es pasar de un lado a otro de la frontera según su conveniencia.

Sin embargo, en cuanto a esta posibilidad, el director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, explicó que el Gobierno colombiano ha previsto hacer por fases la normalización de las relaciones con el vecino país. “Primero la fase humanitaria, comercial, y las últimas fases serán en materia de seguridad. Y por allá hablaremos de si hay una posibilidad mínima, aunque sea, de reactivar una relación así sea no de Fuerzas Militares, por lo menos de policías, para que intercambien información de inteligencia”.

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Comercio  

De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, el mejor año que hubo relaciones comerciales entre los dos países fue en 2008, cuando se presentó el mayor intercambio comercial. “En ese año vendimos algo más de US$6 mil millones a la nación vecina e importamos cerca de US$1.000 millones, es decir, que el intercambio sumaba los US$7 mil millones, pero en el segundo semestre de 2009 el presidente Chávez suspendió el intercambio y a partir de ahí vino cayendo hasta llegar como a US$150 millones; es decir, pasamos de US$6 mil millones a US$150 millones”.

Aclaró que en la medida que Venezuela se ha dolarizado, el comercio se ha reactivado y hoy en día las transacciones suman entre US$350 millones o US$400 millones.

También Díaz le dijo a este Diario que tomará tiempo para que Venezuela esté de nuevo en esos primeros lugares, en la medida en que ese comercio, tal como se vio en el pasado, se pueda dar. “Nosotros vendimos más de cuatro mil productos diferentes, que iban desde el arequipe hasta los vehículos. Hay más de 3.500 empresas comprometidas, pero eso ha cambiado en la medida en que esa época era una empresa privada en Colombia que le vendía a una empresa privada en Venezuela y ahora son empresas estatales las que compran en ese país”.

Igualmente, tras una reunión liderada por el ministro de Comercio, Germán Umaña, en compañía de la Gobernación de Norte de Santander a través de su Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, se expresó la situación de la frontera y se anunció la apertura aérea y de transporte.

Desde el lado venezolano, el viceministro Álvarez Márquez explicó que la agenda será permanente para que los procesos se ejecuten con celeridad y se puedan hacer planteamientos concretos que permitan la integración comercial plena.

Por su parte, Roque Luis Zapata Rotundo, representante de la Cámara de Industrias de Especies Alcohólicas, manifestó que la unión entre el sector privado productivo y el Gobierno es muy positiva en el mediano y largo plazos, porque se va a fortalecer la industria nacional y la economía del país.

Estos encuentros forman parte del impulso al motor exportador que instruyó el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para diversificar la economía nacional.

En cuanto a Monómeros, Tareck El Aissami, ministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa en Caracas, el jueves pasado, advirtió que hoy “es un cementerio de ruinas, devastada totalmente, con una capacidad de producción al cero por ciento”.  

“Todo, absolutamente todo, ha sido destruido”, recalcó, al mostrar imágenes en la televisión estatal en las que se veían válvulas oxidadas, galpones deteriorados y patios de almacenamiento “colapsados”.

Vale recordar que el 19 de septiembre el gobierno colombiano entregó el control de Monómeros al gobierno de Maduro, tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.

Desde el martes, "tenemos el control total y absoluto de la planta Monómeros en manos de sus legítimos accionistas que no es otroa que Pequiven", apuntó El Aissami.

La petroquímica Monómeros, que fue adquirida por Venezuela en 2006 durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, aportaba el 37% de insumos destinados a la producción agrícola en Colombia.

Mientras tanto, el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, había anunciado que llegará un buque al puerto de Barranquilla con toneladas de urea provenientes del país vecino.

Benedetti aseguró que el precio de la tonelada de este producto estará cerca a los 600 dólares, lo que en el mercado se encuentra aproximadamente entre US$730 y US$900.

Migración

Uno de los primeros retos de Fernando García Manosalva, recién nombrado en Migración Colombia, será la apertura de la frontera con Venezuela. Vale recordar que su antecesor, César Duarte, había revelado que se estaba trabajando en la posibilidad de eliminar el carné fronterizo, pero esto dependerá de los acuerdos que se logren con el gobierno de Venezuela.

Precisamente, las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte a junio pasado, señalan que en el país hay 2.477.588 venezolanos, de los cuales 333.806 están regularizados; 617.069, autorizados a permanecer; 1.231.675, en proceso de acogimiento al Estatuto Temporal de Protección, y 295.038 están irregulares.

Por ahora, uno de los retos será el de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes en una frontera con problemas de seguridad, así como articular acciones para enfrentar el reto que supone el creciente paso de venezolanos por el inhóspito Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en su camino hacia Estados Unidos.

El cambio lo sentirán principalmente los habitantes de la frontera, esos migrantes pendulares que se mueven entre ambos países y para quienes el cierre del paso vehicular supuso un problema al que tuvieron que adaptarse.

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Aspectos fitosanitarios

El presidente de Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), José Félix Lafaurie, le dijo a EL NUEVO SIGLO que debe establecer controles exigentes en la frontera ante la posibilidad de que entre la aftosa. “Sí, le transmitimos al ICA nuestra preocupación por una razón elemental: porque Venezuela es un país aftoso; hace muy poco tiempo unos barcos que salieron con animales flacos para Egipto terminaron llevando ganado infectado”.

“Por consiguiente, el ICA a través de los equipos destacados en frontera tiene que hacer un control estricto y exigente para evitar que ganado de Venezuela pueda afectar el hato colombiano”, agregó.

Por eso advirtió que “ellos tienen destacados en la frontera, hace mucho rato, equipos del ICA que ejercen control sanitario, y ahora tendrán que ser mucho más vigilantes para evitar que con una frontera abierta eventualmente pueda terminar trayéndose ganado infectado a Colombia”.

En cuanto  a los cultivos de rosas el asesor en floricultura, Pedro Vásquez, también sostuvo a este medio cuáles son algunos de los problemas que trae la reapertura de la frontera. “Si no se tiene cuidado, es la roya blanca de la rosa. El otro problema es que hay un insecto que es bien peligroso, que es la palomilla rosada”.

Agregó el experto que en el caso de las rosas y los pompones habría que tener mucho cuidado “con la palomilla rosada porque eso sí es algo grave, inclusive cuarentenario para nuestro mercado”.

Vázquez recordó que las flores son “el segundo renglón más importante en las exportaciones” del país, por lo que es necesario tomar las medidas fitosanitarias con Venezuela ahora que se reactiva el paso de carga vía terrestre y aérea.

Una movida riesgosa en geopolítica

La decisión del gobierno Petro de reanudar relaciones con el régimen Maduro es, sin duda, una movida arriesgada en materia de geopolítica.

Desde el segundo mandato de Juan Manuel Santos y durante todo el de Iván Duque las relaciones de Colombia con el gobierno chavista estuvieron rotas. De hecho, el gobierno anterior reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de ese país y lideró no solo el Grupo de Lima para aislar política, económica y comercialmente a Maduro, sino que incluso el jefe de Estado uribista encabezó la denuncia contra el cuestionado sucesor de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional.

En ese orden de ideas, la decisión de Petro de reanudar relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno Maduro, con la respectiva designación de los embajadores de lado y lado, así como la pronta reanudación de las relaciones consulares y la reapertura mañana de la frontera y el intercambio comercial, implica un giro de 180 grados en materia geopolítica para Colombia.

Sin embargo, como se dijo, avanzar en esta dirección no es un camino fácil. El régimen venezolano, como lo confirmó el informe de la Misión Independiente de la ONU esta semana, en el marco de la Asamblea General en Nueva York, continúa siendo señalado de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Tras la abstención inicial del gobierno Petro para condenar en la OEA al régimen dictatorial de Nicaragua, lo que le generó un alud de críticas nacionales e internacionales, al final le tocó a la Cancillería echar reversa y alinearse con la descalificación global al gobierno autoritario de Daniel Ortega. Para no pocos expertos y analistas, el Ejecutivo colombiano debió sacar lecciones aprendidas de este episodio, por más solidaridad ideológica que tenga con los gobiernos de izquierda en el continente.

Es claro que para la Casa de Nariño los casos de Venezuela y Cuba son distintos al de Nicaragua. De hecho, a los dos primeros ya los reconoció, al uno como sede del proceso de paz con el Eln y al otro como nación garante del mismo. Sin embargo, ello no borra el hecho de las condenas internacionales contra esos tres países. Es más, hasta gobiernos de izquierda, como el de Gabriel Boric (Chile), fustigaron esta semana en la Asamblea General de la ONU cualquier flexibilidad con dictaduras como la venezolana.

La Cancillería colombiana ya anunció que buscará retirar la demanda de Duque y otros dirigentes latinoamericanos contra Maduro en la CPI, pero algunos juristas e internacionalistas indicaron que como es una causa que ya se abrió, el gobierno Petro no puede reversarla.

También es claro que el gobierno colombiano tendrá que empezar a abstenerse en las resoluciones condenatorias de la OEA y la propia ONU contra el régimen venezolano. Un viraje que resultará costoso en materia geopolítica, sobre todo frente a socios naturales de nuestro país en las últimas dos décadas como Estados Unidos o la propia OTAN. Para nadie es un secreto que Rusia (con Vladimir Putin a la cabeza), China e Irán figuran como los principales aliados de Caracas. Esas tres naciones son, a la vez, contrapartes de Washington en muchos aspectos. Y también de la propia Unión Europea.

Si bien es cierto que la Casa Blanca, bajo el gobierno Biden, ha buscado algunos acercamientos con el régimen Maduro, sobre todo en medio de la crisis de hidrocarburos generada por la invasión rusa a Ucrania, el respaldo norteamericano continúa con Guaidó, al tiempo que la Ley Clinton castiga a las empresas y países que negocien con empresas y gobiernos que figuren en esta lista negra, como la mayoría de las venezolanas que aún son controladas por el chavismo. Ese es un asunto que la Casa de Nariño no puede perder de vista.

Y, como si fuera poco, resulta evidente que en materia antidroga Estados Unidos sigue considerando al régimen Maduro como un gobierno que no colabora en un frente que es clave para mantener la alianza entre Bogotá y Washington.

El delicado frente de paz

La reanudación de las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela tiene un elemento clave en el trasfondo: el proceso de paz entre el gobierno Petro y el Eln. De hecho, ya la Casa de Nariño reconoció al Palacio de Miraflores como garante dentro de esas conversaciones que tendrán sede en La Habana.

La decisión de Petro generó muchas críticas desde la oposición y otros sectores políticos, económicos, sociales e institucionales colombianos ya que está claro que el chavismo protege y esconde desde hace varios años a la cúpula elena, en cabeza de alias ‘Antonio García’.

Como tantas veces lo denunció el gobierno Duque, el Eln ordena desde el vecino país acciones terroristas, secuestros y otros ataques a la Fuerza Pública y la ciudadanía colombiana. Caso concreto lo que ocurre en Arauca, en donde los frentes de esa guerrilla asesinan y masacran en nuestro país y luego traspasan la frontera y se refugian en Venezuela.

Si un caso como estos se volviera a repetir en pleno proceso de paz con el Eln, ya sea en Arauca o Norte de Santander, es evidente que a la Casa de Nariño le tocaría maniobrar en un terreno bastante complicado. Aquí el tema de coordinación de la seguridad fronteriza entre ambos gobiernos apunta a ser determinante, así como un eventual cese el fuego, bilateral o unilateral, con las facciones ilegales.

Tampoco se puede desconocer, como lo ha denunciado la oposición y múltiples informes nacionales e  internacionales en Venezuela, que habría, por lo menos, de mil a dos mil efectivos del Eln en el vecino país, dedicados a labores de narcotráfico, minería criminal y secuestro, principalmente. Una parte de los frentes no solo se desdobló hacia estados centrales de esa nación, sino que incluso tiene en sus filas a centenares de venezolanos. Es decir, que ya en términos de desmovilización de guerrilleros, si el proceso de negociación llegara a esa instancia, el tema se torna más complicado.

Pero no solo es el tema del proceso con el Eln. No hay que olvidar que el gobierno Petro también quiere, en el marco de su estrategia de “paz total”, dialogar con las disidencias y reincidencias de las Farc.

Aquí el tema venezolano también es clave, toda vez que en ese país también está el jefe de la llamada ‘Nueva Marquetalia’, alias ‘Iván Márquez’, quien sobrevivió a un atentado semanas atrás en el estado Bolívar, en tanto que el jefe de las disidencias, alias ‘Gentil Duarte’, fue asesinado en un ataque en el estado Zulia también este año, en
medio de una guerra entre las facciones insurgentes colombianas, con el Eln también incluido.

En ese orden de ideas, Maduro y su gobierno, así como la coordinación de la seguridad fronteriza y la eventualidad de un cese el fuego con los alzados en armas, sobre todo para evitar que el territorio del vecino país continúe siendo usado como retaguardia estratégica de estas facciones subversivas, resultan claves para el proceso de paz del gobierno Petro, ya sea para cimentar su continuidad o para convertirse en una ‘bomba de tiempo’ que en cualquier momento puede estallar.