El gobierno español quiere instaurar un impuesto temporal y excepcional para el 1% más rico de la población que ayude a financiar las medidas para compensar la escalada de la inflación, anunció la ministra de Hacienda.

"Nuestro interés es que podamos financiar ayudas que se dirigen a la clase media, la clase trabajadora de este país", que son "los que proporcionalmente más contribuyen a financiar los servicios públicos", explicó María Jesús Montero en la cadena de televisión La Sexta.

Por este motivo, el Gobierno está "trabajando" para poner en marcha un impuesto "de forma absolutamente excepcional" siguiendo al ya anunciado para los grandes grupos energéticos y bancarios del país, para conseguir "una mayor aportación" de las grandes fortunas al presupuesto, continuó.

Según Montero, este impuesto debería entrar en vigor en 2023 por un periodo de "dos años" y afectar a "una población que no supere el 1% de la ciudadanía", insistió.

La ministra no precisó, sin embargo, qué forma adoptaría este gravamen excepcional, ni qué cantidad de ingresos pretende recaudar el Ejecutivo con él.

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El anuncio de Montero llega en plena batalla fiscal entre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP, derecha conservadora), la principal formación de la oposición, que ya anunció bajadas de impuestos en varias de las regiones que preside.

Estas medidas fiscales -que afectan a los impuestos de la renta, pero también a los de patrimonio, como ocurre en Andalucía- han sido muy criticadas por la izquierda, que denuncia una política de "dumping fiscal" que pervierte el equilibrio entre territorios, en momentos en que España acumula numerosos gastos.

Enfrentada a una inflación galopante (10,4% anual en agosto), España multiplicó estos últimos meses las medidas para sostener el poder de compra de los hogares, como las subvenciones a los carburantes y de parte de los abonos de transporte público o la subida de las pensiones.

Sánchez cifró en casi 30 mil millones de euros (unos 29.500 millones de dólares) el gasto que suponen estos diferentes planes de ayuda, lo que equivale al 2,3% del Producto Interno Bruto del país.