En su concepto, el Consejo de Política Criminal advierte que se corre el riesgo de ampliar el castigo a otras conductas delictivas, lo que conduciría al populismo punitivo

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Se debe tener cuidado con la implementación de la cadena perpetua para violadores, pues esto podría llevar a que este mecanismo extraordinario sea ampliado más adelante, lo que “posiblemente traería como consecuencia su desbordamiento en un ejercicio de populismo punitivo”.

Así lo advierte el Consejo de Política Criminal en el concepto emitido a propósito del proyecto de acto legislativo número 001 de 2019 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 Cámara, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la prisión perpetua revisable, y se dictan otras disposiciones”.

Como ya es de público conocimiento, el organismo encargado de asesorar al Gobierno en materia penal emitió un concepto favorable sobre la iniciativa.

Según el documento, “uno de los puntos que frecuentemente ha expuesto el Consejo Superior de Política Criminal, en la búsqueda de una política criminal coherente y articulada, es que el solo aumento de las penas no tiene un efecto disuasorio real en la comunidad y, en este caso, en los potenciales agresores sexuales de los menores, ya que, por regla general, está más que demostrado que los aumentos de pena tienen un impacto nulo o muy reducido en la prevención de la ocurrencia de nuevos delitos. De ahí que, el simple aumento de penas no es más que expresión del derecho penal simbólico y una manifestación del populismo punitivo”.

Más adelante indica que implementar esta pena no puede ser considerado populismo punitivo, pues aumentar las penas es un instrumento legítimo del Congreso “cuando estas vienen acompañadas de las políticas públicas adecuadas que influyen en la efectividad de las investigaciones. En otras palabras, los aumentos punitivos en sí mismos no constituyen en todos los casos formas de derecho penal simbólico, en tanto la pena a imponer resulte proporcional al daño causado y se trate de una pena que tienda a ser efectiva”.

Y llama la atención del Congreso para que el proyecto no sea la única medida para proteger a los niños, niñas y adolescentes de los delitos que afectan su integridad, formación y libertad sexual, así como, su vida e integridad personal.

“Por lo tanto, el llamado que debía realizarse no es el de prohibir la implementación de la cadena perpetua, sino el que esta esté enmarcada en una política que tienda a la prevención de estos delitos, a la protección de las víctimas y, especialmente, a la efectiva judicialización de los agresores. Tampoco puede perderse de vista que hay un claro aumento en los delitos sexuales que afectan a los menores, por lo tanto, resulta válido que una estrategia articulada que incluya la cadena perpetua vele por la protección de estos derechos”, aseguró el Consejo.

No es vinculante

El ponente de la iniciativa, el representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, le aclaró a EL NUEVO SIGLO que el documento emitido por el Consejo “no es un concepto, ni una opinión, ni un documento que se deba exigir para modificar la Constitución. Esa facultad no está sujeta sino a los límites de la Constitución y al hecho de que no se pase por encima de la Corte. Esos son los límites de los congresistas para ajustar o cambiar la Carta Política”.

Lorduy explicó que el documento fue aceptado solo buscando un consenso entre los congresistas. “Quiero recordar que en la legislatura pasada fue aprobada la iniciativa por la Comisión Primera y no hubo tiempo para pasarla a la plenaria, pero en ese momento se aprobó con un concepto negativo del Consejo de Política Criminal, lo que demuestra que no es vinculante”, precisó.

Según el legislador, decir que se abrirá la puerta para que la cadena perpetua sea aplicada a otro tipo de delitos “es un supuesto sin sustento, pues yo no puedo predecir el futuro. Y si se trata de populismo punitivo, lo único que hacemos es consultar a la ciudadanía. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría indica que más del 97% de la población está de acuerdo con la medida. Aquí no hay populismo punitivo. Hay una demostración de inactividad por parte del Congreso que ha estudiado el proyecto por 12 meses y no ha respondido a la ciudadanía. Espero que esta vez sí lo haga”.

El representante Lorduy advirtió que en caso de que se quiera ampliar la cadena perpetua para otros casos “también se le puede pedir un concepto al Consejo de Política Criminal”.

Queda restringido

A su turno, el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, dijo que en el Congreso se debe “apoyar el tema de cadena perpetua porque es un llamado del país, del presidente Iván Duque y de los partidos que la acompañan. Este es un mensaje para ir contra quienes vulneran la inocencia de nuestros niños. Creo que la advertencia que hace el Consejo de Política Criminal es respetable, pero creo que hay que destacar que le dio el aval a este acto legislativo que queda únicamente para los delitos que atenten contra nuestros niños en materia sexual, no se abre la puerta a nuevos delitos, queda restringido”.

Así mismo, sostuvo que su partido presentó una proposición, haciendo caso a la advertencia del Consejo para implementar una política pública que permita prevenir estos delitos, “en donde se implementa una ruta de atención integral, además queremos que existan las alertas tempranas, acompañamiento con la noticia criminal, una judicialización donde estén todos los estamentos del Estado acompañando a las víctimas. Lo que queremos es que exista una política de acompañamiento de prevención del delito y educación y formación de la ciudadanía”.

No se puede generalizar

Por último, el representante por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal, indicó que “el Congreso debe evaluar de manera minuciosa frente al tema de impunidad, en los casos de violación y asesinato, porque lo que nos han hecho conocer algunos es que muchos de esos casos no se denuncian, no se hacen conocer de las autoridades y de ahí que no haya resultados efectivos. Entendemos la necesidad de endurecer las penas actuales para que el sistema judicial sea más efectivo en el castigo, pero esto nos puede llevar a que la cadena perpetua se generalice. Nosotros estamos comprometidos con esta ley, para que se castigue con todo el peso de la ley a quienes abusen y asesinen a nuestros niños”.