Al tiempo que la inseguridad sigue creciendo en las principales capitales del país, esta semana el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que el Gobierno presentará un proyecto para fortalecer la seguridad ciudadana. En tanto parlamentarios de las comisiones primeras consultados por EL NUEVO SIGLO, consideran que el incremento de penas no es la solución para enfrentar este grave problema.

Por estos días el país vive un grave deterioro de la seguridad urbana en sitios como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, especialmente por el incremento del hurto de celulares, atracos, robo de vehículos y a residencias. Sin dejar de lado el fleteo y el sicariato. 

También se ha observado en este pico delictivo que cada vez más los delincuentes acuden a la violencia desmedida para conseguir sus objetivos, incluso en muchos casos sin importar que el ciudadano no ponga resistencia al robo o sea un adulto mayor, una mujer o un niño. Decenas de episodios han terminado con víctimas gravemente heridas o muertas por este accionar.

Expertos consideran que una de las razones que explicaría este incremento de la inseguridad urbana es la crisis social que ha provocado la pandemia, en donde los sectores de la población más perjudicados por obvias razones han sido los más pobres.

Incluso algunos achacan parte del problema a la migración que ha recibido el país en los últimos años.

No obstante, otros consideran que el fondo de la problemática es el sistema de justicia por el alto grado de impunidad que existe, la falta de un número suficiente de policías y fiscales, la congestión de procesos en los despachos, así como por las penas que serían laxas frente a algunas conductas consideradas no graves, como los delitos menores.

Por lo pronto el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció esta semana que el Gobierno presentará un proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana y, entre otros, buscar solucionar aspectos como la alta reincidencia que se presenta con personas que han sido detenidas, pero que dentro del proceso el juez los deja en libertad o que han pagado una o varias condenas.

“A la criminalidad hay que combatirla, hay que derrotarla y por eso estaremos trabajando para que en los próximos días podamos presentarle al Congreso una ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana que venimos trabajando con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y con la Policía Nacional”, aseveró el ministro Palacios.

• Le puede interesar: Se ‘dispararon’ las precandidaturas presidenciales

Qué dice el Congreso

EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios de las comisiones primeras de Cámara y Senado acerca de cuál sería la respuesta desde el Legislativo para combatir el creciente fenómeno delincuencial, y si las medidas tienen que ver con modificar el Código de Procedimiento Penal en cuanto a penas, subrogados o hacer ajustes puntuales para que los jueces tengan más herramientas al decidir sobre la privación de la libertad de personas señaladas de cometer delitos.

El senador Carlos Eduardo Guevara (partido MIRA) indicó “creo que hay que trabajar muchísimo el tema de la justicia, que permita no solamente poder identificar delincuentes y capturarlos sino también una política de resocialización, porque desafortunadamente muchos de estos reincidentes han pasado por las cárceles y salen a delinquir aún más”.

Agregó el Legislador que le apuesta a “una política de resocialización, de trabajo, de proyectos productivos, que permita realmente que la persona que caiga en un error o en un delito" pueda tener una vida diferente.

Por su parte el senador Santiago Valencia González (Centro Democrático) indicó: "Creo que hay que hacer varias cosas y de todo un poco. Lo primero es que hay que levantar la moral de la Policía, no es posible alcaldes, por ejemplo, que se han dedicado a despotricar de la Policía, a acusarlos de todo tipo de infamias, a menospreciarlos".

Agregó  que "uno no le puede exigir a un ser humano que arriesga todos los días su vida en la calle, tratando precisamente de conseguir la seguridad y la tranquilidad para otros ciudadanos, que tenga los propios mandatarios encima casi que recriminándole por todo lo que hace".  Por supuesto, enfatizó, "eso no quiere decir que cuando se equivocan pues no deba caerles el peso de la ley ni deban tener consecuencias".

Consideró Valencia que sí es necesario "afinar algunos temas del Código Penal, incluso el Gobierno había anunciado un proyecto que yo dije que iba a apoyar sobre delitos relacionados con la protesta, no la social y pacífica, sino con el vandalismo que se aprovechan muchas veces en estas situaciones de protesta legítima para hacer terrorismo de baja intensidad y vandalismo. Porque una de las cosas que sí preocupa es que los jueces y los fiscales no en todos los casos están cumpliendo con su deber".

Dijo que también hay que mirar qué está pasando porque gran parte de las personas que capturan por la comisión de delitos terminan siendo liberadas por jueces fiscales. "Obviamente apoyar institucionalmente la justicia, pero hay que revisar qué está pasando  para que no estén capturando estas personas y mirar si la respuesta debe ser legislativa".

Mientras que la senadora Angélica Lozano Correa (Alianza Verde) dijo que “nada que ver tienen las penas, es falso que subir penas mejore algo. Lo que se necesita es reformar para que los reincidentes sí puedan ser capturados y condenados. Hoy uno de los problemas es que por hurtos de mínima cuantía lo sueltan,  y una persona puede ser capturada 50 veces,  pero como es por un celular no pasa nada. Entonces no se trata de penas”. 

• Le puede interesar: Corte niega libertad condicional exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado

Reiteró que “el problema es el tratamiento laxo y favorable a los reincidentes,  pero eso no es de penas,  eso es de otros ajustes de coordinación institucional entre Fiscalía y Policía en el momento también de las capturas”.

Por su parte el senador Carlos Antonio Lozada (partido Comunes) dijo que “lo que necesita Colombia para poder salir de este tema de la criminalidad y la reincidencia es una profunda reforma al sistema de justicia y al sistema penitenciario. No creo que aumentando penas sea la solución,  eso es lo que venimos haciendo hace décadas, y por el contrario siguen diversificándose las formas delincuenciales".

Agregó "creo que hay que atacar las raíces de ese problema, que evidentemente es socioeconómico. La crisis económica ha multiplicado enormemente esa situación y por el contrario en lugar de aumentar penas, nosotros como bancada de Comunes y personalmente estoy radicando un proyecto de ley que busca es rebajar las penas y mejorar la política penitenciaria del Estado colombiano, que realmente no ha sido dirigida a la resocialización del delincuente sino únicamente a la penalización".

Por su lado el representante a la Cámara por el Meta, Alejandro Alberto Vega (Partido Liberal), dijo que la respuesta no es aumentar penas, “creo que hoy la respuesta es buscar herramientas que generen que las penas que ya están contempladas,  que creo son las adecuadas, se apliquen de manera efectiva.  Y es un tema de agilizar la justicia,  más sincronía entre Fiscalía y la rama judicial, porque muchos de los procesos y la impunidad se genera porque no se llega a los fallos".

Añadió "hay que darle herramientas a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía, para que tengan mejores mecanismos para perseguir la delincuencia. Creo que debemos fortalecer la Fiscalía, fortalecer a la Policía en cuanto a las funciones judiciales, y por supuesto a la rama judicial".