¿La regla fiscal con síntomas de covid? | El Nuevo Siglo
Viernes, 16 de Septiembre de 2022

Tanto Gustavo Petro como José Antonio Ocampo han dicho hasta la saciedad que cumplirán con la regla fiscal. Es un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, y reafirma que no se cometerán locuras fiscales.

Sin embargo, a medida que pasan los días y los foros, va quedando en claro que será muy difícil para el actual gobierno cumplir con la regla fiscal. No porque no lo quiera hacer, sino porque las circunstancias de las finanzas públicas están imponiendo alejarse un tanto de la ortodoxia fiscal.

Empiezan a aparecen, en efecto, indicios que hacen válido preguntar si se cumplirá rigurosamente la regla fiscal. O si se está preparando una moratoria de esta norma que, recuérdese, cuando estalló la pandemia se decretó una vacación de un año para el cumplimiento de sus directrices.

¿Cuáles son esos indicios que comienzan a verse?

En una de las audiencias que se están celebrando en el Congreso para analizar la reforma tributaria, el ministro de Hacienda dijo que el déficit con que se terminaría este año sería del 8% con relación al PIB. Lo mismo repitió el presidente Petro en su discurso en Santa Lucía, al analizar la situación del canal del Dique. Discurso donde, además, deslizó la posibilidad de decretar una emergencia económica.

Esto significa que el déficit fiscal en vez de disminuir, como se esperaba, va a aumentar. Y, por lo tanto, nos alejaremos todavía más de las metas requeridas para cumplir con la regla fiscal. Además: La premonición de que la reforma tributaria terminará recaudando bastante menos que los famosos $ 25,6 billones así lo confirman.

Otro indicio: el ministro Ocampo afirmó que este año no había recursos para incluir en el presupuesto $11,5 billones que aún faltan para cubrir el inmenso déficit que se ha venido acumulado el fondo de estabilización de combustibles. Esto significa que tan abultada cifra habrá que pagarla con más endeudamiento, lo que nos aleja todavía más de las metas de la regla fiscal.

Es de resaltar como muy positivo y valiente el anuncio hecho por el gobierno de que comenzará un ajuste gradual de los precios de los combustibles. Es una noticia que denota seriedad en el manejo macroeconómico y hay que celebrarla. Se trata de una medida urgente para que el déficit del fondo de estabilización no se incremente aún más, haciendo casi imposible el cumplimiento de la regla fiscal.

El ministro Ocampo ha dicho en repetidas ocasiones que el déficit de este fondo hay que corregirlo. Son entendibles las tribulaciones del gobierno para comenzar a actualizar los precios de los combustibles. Ciertamente no es el mejor momento. Pero en algún punto había que iniciar ese duro camino, así sea gradualmente.

De lo contrario, el déficit del fondo de estabilización que para este año se estimó en $31 billones, seguirá creciendo. Tenemos los precios más bajos de la gasolina y del diésel en América Latina, después de Bolivia y Venezuela.  A lo anterior habría que sumarle ahora la explosión de las tarifas de la energía eléctrica.

Pero aún con el anuncio del ajuste de precios a partir de octubre, a razón de $ 400 por mes el precio del galón de gasolina (no el diésel que quedó excluido), es evidente que el atraso en tan grande que sigue válido el diagnóstico de que la “regla fiscal” comienza a mostrar síntomas de covid. Y que no se podrá seguir cumpliéndola a rajatabla como se había anunciado. Ojalá que el virus sea leve, y no haya que internarla en la sala de cuidados intensivos.

Postdata: Mientras la regla fiscal parece haber contraído el virus, el principio de autoridad muestra síntomas aún más inquietantes de debilidad. Tres ejemplos: 1- el gobierno nacional (y también el municipal) han permitido que rebrote el vandalismo agresivo en Bogotá; 2- A pesar de los anuncios en contrario, el gobierno y las fuerzas de policía toleran impasibles las invasiones ilegales de tierras por todas partes; y 3- Se permiten bloqueos que han conducido al cierre de varias turbinas en el Guavio por imposibilidad de mantenimientos, poniendo así en grave riesgo la seguridad eléctrica del país. Urgen menos anuncios y se impone más autoridad.