ACTUALMENTE PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO EN EL LEGISLATIVO NO SUPERA EL 20%
Más financiación a partidos por mujeres elegidas al Congreso

Cortesia

A pesar de la norma que obliga la participación de la mujer en las listas al Congreso de la República, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL), los resultados no han sido los mejores respecto a quienes finalmente son elegidas.  Ahora se está proponiendo, para ayudar a modificar esta situación, entregar más financiación del Estado para el funcionamiento de los partidos en proporción al número de curules que sean ocupadas por este género.

Se trata de un proyecto de ley estatutaria que fue presentado por la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, y la representante a la Cámara por esta misma colectividad, Adriana Matiz Vargas, y que cuenta con la firma de respaldo de parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, Colombia Renaciente y la Coalición de la Decencia, entre otros.

La ley establece que el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, por conducto del Fondo Nacional de Financiación Política.

La iniciativa estatutaria busca modificar los numerales 3 y 6 de la Ley 1475 de 2011,  el primero de los cuales establece que el 40% de los recursos que existan en dicho Fondo se distribuirán entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso de la República.

En tanto que el numeral 6 de dicha Ley indica que el 5% se distribuirá entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas.

La propuesta que se hace en este proyecto es reducir del 40% al 35% los recursos anuales apalancados en el Fondo Nacional de Financiación Política, destinados a ser  distribuidos entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso.

El propósito es que ese 5% que se deja de entregar a las colectividades de los recursos del Fondo en proporción al número de curules obtenidas en el Congreso, se sume al actual 5% que reciben anualmente en proporción al número de mujeres elegidas en esta Corporación. Es decir que pasaría del 5% al 10%. 

Así pues, el objetivo de este proyecto de ley estatutaria es incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres a los cargos de elección popular así como garantizar recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de este género, con miras a avanzar en su empoderamiento y lograr una participación efectiva de ellas en los procesos electorales de nuestro país.



Norma del 30%

Enmarcada en el concepto de lo que se conoce como discriminación positiva, es decir  favorecer normativamente a un grupo específico porque históricamente ha sido relegado, la Ley 1475 de 2011 ordenó que las listas a las corporaciones públicas en que se elijan más de cinco curules, deben contar con al menos una cuota del 30% de mujeres.

Dicha disposición se aplicó en las elecciones de Congreso del 2014 y el 2018, así como en los comicios regionales del 2015 y 2019,  en las cuales las diferentes colectividades han cumplido con el 30% de participación de la mujer, so pena de que la lista sea devuelta por parte del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, la norma no ha sido del todo efectiva porque si bien por un lado en las listas hay más mujeres que antes de la disposición, el porcentaje de las que son elegidas no ha escalado significativamente, manteniéndose en un 20% aproximadamente.

En este sentido el proyecto de ley podría motivar a los partidos a tener más mujeres en sus listas que lo que exige la norma y, además, con trayectoria política o reconocimiento que les dé un chance de ser elegidas, para de esa manera recuperar el 5% de recursos que perderían por financiación, que hoy reciben de acuerdo a la proporción de curules que obtienen en el Congreso, indistintamente si son ocupadas por mujeres o por hombres.

Los recursos que están en juego por este concepto son importantes, pues por ejemplo el año anterior se distribuyeron $2.829.399.668 entre los partidos y movimientos políticos en proporción al número de mujeres de sus listas que obtuvieron curul en el actual Congreso.

Con la reforma que se está planteando, esta cifra que se toma como ejemplo pasaría a $5.658.799.336 para ser distribuida entre los partidos en proporción al número de senadoras y representantes a las Cámara que obtuvieron.

La reforma al Código Electoral que aprobó el Congreso el año anterior, y que en estos momentos es materia de estudio por la Corte Constitucional, dio un paso más en la búsqueda de incrementar la participación de la mujer en política al establecer la paridad de género (es decir 50% hombres, 50% mujeres) en las listas a corporaciones públicas en circunscripciones en donde se elijan más de 5 curules.

No obstante es incierta la aplicación de esta disposición en las elecciones legislativas del próximo año, ya sea porque la Corte la declare inconstitucional o porque el fallo salga posterior a la inscripción de las listas en noviembre próximo y, por tanto, sea inaplicable para estos comicios.



Un informe del Consejo Nacional Electoral mostró que mientras en 1994 la participación femenina en el Congreso de la República era de 9,8%, en 1998 pasó a 12,2%; para 2002 fue de 10,6%; en 2006 descendió a 10,4%, y en 2010 subió a 14,2%.

Los dos últimos periodos registraron un aumento: en 2014 las mujeres congresistas representaron 20,9% y en 2018 el 19,7%.

En el mundo, dice el CNE, Colombia ocupa el puesto 119 entre 191 países con más mujeres en el Parlamento, mientras en América Latina y el Caribe ocupa el puesto 16.

En cuanto a gobernaciones, señala el estudio que en 2007 la cuota femenina fue de 3,1%; en 2011 del 9,4%; en 2015 fue 15,6%, y en 2019 de 6,3%.

Respecto a la participación de mujeres en asambleas departamentales, el promedio en los últimos cuatro periodos osciló entre 16,9%, ubicándose en 17,5% en los comicios de 2019.

 Un comportamiento de participación estable se evidencia en cuanto a las alcaldías. En 2007, la participación femenina representó 9%; en 2011 el 9,8%; en 2015 el 12,2%, y en 2019 del 12%.

Y en los concejos municipales, mientras en 2007 la cuota femenina fue de 14,1%, en 2019 subió a 17,9%.

Otro indicador muestra que el 30,1% de las mujeres consultadas no volverán a incursionar en política, entre otras razones, por malas experiencias (22%); por sentirse vulneradas en política (4,9%), y haberse sentido víctimas de violencia política (6,8%).

Así mismo, el informe del CNE advierte que 34,1% de las mujeres ha sufrido cuestionamientos en política; 29,6% se ha sentido irrespetada; a 27,46% le han restringido el uso de la palabra, mientras que 16,3% ha sido objeto de falsas acusaciones.