Con un déficit actual de $24 billones y que podría llegar a final de este año a los $35 billones, según las cuentas del Gobierno y del sector privado, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se ha convertido para el país en una verdadera ‘papa caliente’.
Vale la pena mencionar que, a diferencia de los años anteriores, el presupuesto general de la Nación para 2023 asignado a Hacienda, y que actualmente comenzará a debatirse en el Congreso, contiene un monto de $19,1 billones cuya destinación está orientada a cubrir el déficit de $14,2 billones que acumuló el FEPC en la primera mitad de 2022.
Al cierre de este año, se espera un déficit del FEPC entre $31 y $35 billones, cifra que representa 2,7% del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). De esta manera, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al FEPC para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025.
El Comité asegura que la política de combustibles genera un déficit persistente y afecta directamente las finanzas del Estado. “Se requiere un plan de acción de transición que considere los efectos inflacionarios y que incluya también medidas estructurales”, asegura la entidad.
Desde su creación en 2007, el Fondo les ha permitido a los colombianos acceder (a un precio estable) a combustibles como la gasolina. Sin embargo, en el último tiempo este fondo ha ido acumulando unos déficits considerables.
Los diferenciales
Cuando el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, acudió la semana pasada a la Comisión Tercera del Senado, dijo que se espera que el FEPC cierre 2022 con un déficit de $37 billones. En su intervención durante el debate de control político explicó que, de estos, $6,4 billones ya fueron pagados por el gobierno, $19 billones los dejaron incluidos en el presupuesto del año entrante y casi $12 billones adicionales se estarían generando por los precios nacionales e internacionales vigentes.
Las estimaciones de Ocampo le dan para pensar que en 2023 el déficit del FEPC cerraría en $28 billones.
Es así como el ministro de Hacienda cree que, en el corto plazo, el Gobierno nacional tiene un reto importante a la hora de cerrar los diferenciales de compensación para aliviar futuras presiones de gasto que pueda generar el fondo.
También dice ser consciente de que un incremento súbito y repentino en los precios de los combustibles líquidos, impactaría de manera negativa el poder adquisitivo de los hogares y la estructura de costos del aparato productivo del país. Es decir, eliminar el fondo no sería una opción viable.
El país tiene el tercer precio por galón de gasolina más barato de América Latina, alrededor de US$2,3. La razón de este precio tan accesible al consumidor es el papel que cumple el FEPC, que absorbe la diferencia entre el costo establecido y el precio de paridad internacional. Según el Minhacienda, los precios se ubican para Gasolina Motor Corriente (GMC) y ACPM en 44% y 39% por debajo de la media de la región, respectivamente. El plan gubernamental para subsidiar los precios, si bien ha sido beneficioso para el consumidor, ha prendido las alertas en el Gobierno.
Los subsidios
Una de las alternativas, que incluso se contempla en la reforma tributaria, es eliminar los subsidios a los combustibles en las fronteras.
Desde la ley de fronteras de 1995 la gasolina y el ACPM de las regiones fronterizas tienen un tratamiento tributario más favorable. La idea era incentivar la inversión y el comercio en esas zonas.
La reforma tributaria radicada pretende quitar ese tratamiento favorable porque, según argumentó el Gobierno, esto solo ha servido para generar contrabando entre esas regiones y el resto del país.
En este mismo sentido, el director técnico de la Federación de Biocombustibles (Fedebiocombustibles), Carlos Graterón, aseguró que el desmonte de los subsidios a la gasolina y el ACPM es uno de los mayores retos fiscales del actual Gobierno, teniendo en cuenta el billonario déficit fiscal que enfrenta el FEPC.
El dirigente gremial advirtió que este subsidio puede "consumir todos los recursos adicionales que va a obtener el país con la reforma tributaria", por lo que considera importante que el gobierno de manera concertada con los diferentes actores logre reducir los subsidios a los combustibles fósiles con un tratamiento particular para cada sector.
"La apuesta por este sector es a mitigar el impacto fiscal que tiene en fondo de estabilización de los precios de los combustibles y creemos en términos fiscales es el reto más grande que tiene el nuevo ministro", dijo Graterón.
Agregó que "los biocombustibles que tenemos para el país no hacen parte de ese esquema de subsidio y cada galón de biodiésel o bioetanol que tenemos mitiga el subsidio que se le da a estos combustibles fósiles porque lo sustituye".
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La vena rota
En este contexto, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), indicó que “estamos generando unos déficits enormes en subsidios y tenemos que cerrar esa vena rota”.
Además, enfatizó en que hay una situación paradójica en el país: “Estamos diciendo que queremos reducir las emisiones al medio ambiente, pero simultáneamente estamos subsidiando los combustibles fósiles, estamos en una tremenda contradicción”.
“Como en cualquier producto -añadió- la única manera de tener menor demanda es subiendo los precios. Si el consumidor final no enfrenta un incremento, pues no cambia sus patrones de consumo. La única manera de controlar ese consumo es subiendo los precios para que yo tenga que moderar mis hábitos. Entonces, en vez de usar mi carro todos los días, lo uso dos veces a la semana y me voy en transporte público”.
De otro lado, en la discusión en torno a la Reforma Tributaria en el tema de los denominados impuestos saludables, mucho se ha hablado sobre si tendrán algún tributo. En primer momento, el ministro Ocampo negó que existiera. “No, eso no está; está el impuesto a la exportación de petróleo, carbón y oro, que es otra cosa totalmente diferente. Más aún, ese impuesto nos puede permitir bajar el costo al cual se compra el petróleo, para reducir también el déficit del fondo de estabilización de precios del combustible”, dijo tras reunirse con las Comisiones Terceras del Congreso.
Sin embargo, el representante del Centro Democrático Andrés Forero advirtió que en el texto este impuesto sí estaría incluido, lo cual aumentaría más el precio tanto de la gasolina, como del ACPM y del gas.
“Si uno revisa el artículo 30 se da cuenta de que, junto con introducir el carbón como uno de los combustibles sujetos al impuesto al carbono, lo que hacen hábilmente desde el Ministerio de Hacienda es que aumentan los valores, las tarifas, del impuesto al carbono que se cobra tanto a la gasolina, como al ACPM y al gas natural”, explicó el parlamentario.
De hecho, con las imágenes que mostró el congresista, se evidenciaría un aumento del 7% a la gasolina, del 16% al gas y del 9% al ACPM. Ante las respuestas del ministro, consideró Forero que esto podría tratarse de un mico, que espera sea retirado.
El subsidio a la gasolina
Desde 2007 en Colombia el Gobierno subsidia el precio de los combustibles por medio del FEPC, que se creó para contrarrestar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, y así ayudar a que los consumidores no sientan el impacto en el precio final. La gasolina está subsidiada en un 57% y el diésel en un 70%.
La gasolina en Colombia, según el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, está 60% por debajo de los demás países latinoamericanos.
La idea era que cuando el petróleo estuviera barato la diferencia con respecto a un mayor precio de venta se convirtiera en ahorro para el FEPC. Y cuando el petróleo subiera, el mayor valor se compensara con el ahorro existente a la fecha. Pero ha sido más la plata que ha tenido que poner el FEPC.