Protección, la urgente petición de las comunidades del Cauca

Foto AFP

El departamento del Cauca en Colombia ha sido escenario en las últimas semanas de tres conflictos que tienen asoladas a sus poblaciones, quienes hacen un llamado de protección al que se han unido organizaciones como el Consejo Noruego de los Refugiados (CNR) y las Naciones Unidas.

El CNR denunció que cerca de 242.000 personas se encuentran en riesgo y tienen necesidades humanitarias en la zona. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a su turno, indicó que 500 personas estuvieron confinadas la semana pasada por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados en el municipio de Suárez, al norte del convulsionado departamento.

Algunos de los más afectados por los combates son las comunidades indígenas y negras. El pasado 10 de agosto, en la vía que comunica a los municipios de Caloto y Toribío, en Cauca, varios miembros de la Guardia Indígena fueron atacados. El episodio dejó dos muertos y cuatro heridos.

Las comunidades negras en la zona también han denunciado amenazas. Rosana Mejía Caicedo, consejera de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), le confirmó a la Agencia Anadolu que en su región persiste el confinamiento.

“Desde la semana pasada tenemos al consejo comunitario de Bellavista en Suárez confinado, en medio del fuego cruzado”, sostuvo Caicedo que indicó que en la zona hay líderes de comunidades negras que han sido amenazados.

Ante la violencia que se vive en Cauca, las comunidades y organizaciones piden una acción integral del Estado que debe iniciar por su protección de las poblaciones.

“Lo más inmediato que necesita esta población es protección, que los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no pongan en riesgo a la población civil”, indicó Christian Visnes, director nacional del CNR.

Visnes advirtió que tanto los grupos armados ilegales en la zona como las fuerzas armadas deben garantizar que sus combates no afecten a la población civil. Mencionó, además, que el despliegue que el Ejército tendrá en la zona, anunciado la semana pasada por el Ministerio de Defensa, debe garantizar que no se ponga en riesgo a las comunidades y los trabajadores humanitarios que llegan a auxiliar a las víctimas del conflicto.

“Nosotros entendemos la necesidad de que el gobierno colombiano ejerza la soberanía del territorio y asegure mediante muchas acciones la protección de la población con, por ejemplo, la fuerza pública, pero es muy importante que esa presencia respete el DIH”, indicó el directivo del CNR que pidió a los militares abstenerse de ubicarse en blancos civiles. “Eso es lo que genera el riesgo”, sostuvo.

Para Visnes, el ataque a la guardia indígena evidenció el riesgo al que está sometida la población civil en el Cauca. “Fue un ataque a una institución civil que no participa ni hace parte del conflicto armado en la zona”, mencionó.

Mejía Caicedo coincide en que las comunidades de la zona necesitan protección urgente, pero afirmó que no puede otorgarse solo mediante las fuerzas armadas y que se debe priorizar el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona, un grupo ancestral no armado que históricamente se ha encargado de proteger a las comunidades negras.

“Son amigables componedores del territorio”, afirmó Mejía Caicedo, quien sostiene que la Guardia Cimarrona debería recibir capacitaciones en atención humanitaria para responder en emergencias que se puedan presentar.

Mejía indicó, además, que para su seguridad, las comunidades en el Cauca necesitan ampliar el espectro de comunicaciones en el territorio para informar con rapidez alguna situación que las ponga en riesgo.

“Hay regiones de nuestro territorio donde la señal es nula (…). Hay sitios montañosos en la región donde no hay señal. Es más fácil comunicarse a través de las emisoras o los radios y eso es lo que estamos tratando de hacerle entender al Gobierno”, indicó la consejera.

Las comunidades negras reclaman, a su vez, la presencia integral del Estado en el Cauca y piden que no se limite al envío de fuerzas armadas. “Está la expectativa de que el presidente Iván Duque visite el norte del Cauca. Es vital que esté en contacto con la comunidad. Es muy fácil hablar desde un escritorio de unas particularidades que no se conocen”, sostuvo.

¿Cuáles son las guerras que han causado la emergencia en el Cauca?

La organización defensora de víctimas del Cauca, Fundación Tierra de Paz, presentó un informe donde explica que en el norte del Cauca la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras criminales que se reconocen como Ejército Popular de Liberación (EPL) Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las antiguas Farc llegaron a la zona, tras la desmovilización de las Farc, luego de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.

“Si bien durante el período contiguo al acuerdo de Paz con las Farc (y su ulterior desmovilización) se venía presentando una disminución de los eventos causados por el conflicto armado en el departamento, en los dos últimos años esta tendencia se revierte debido al escalonamiento de la violencia, que se acentúa de forma particular en el norte del Cauca”, menciona la organización.

Para la ONG, las modalidades de violencia que se presentan de forma más recurrente en la zona son los asesinatos selectivos, las amenazas, los atentados, las masacres y los secuestros. Contabiliza 53 homicidios solo entre 2017 y 2018.

“De las 53 personas víctimas de asesinatos, 37 fueron personas identificadas como líderes sociales y seis eran excombatientes. Tan solo 10 personas víctimas de asesinato no aparecen clasificados dentro de estas categorías”, detalla la Fundación que identificó, además, a Suárez como el municipio que más desplazamientos ha sufrido.

La Fundación detalla que la persistencia de economías ilegales derivadas del narcotráfico y la minería, la búsqueda de tierras y la ubicación estratégica de la zona, que persiguen los grupos armados, han sido los principales causantes del escalamiento del conflicto armado en la región.

“Economías ilegales, la conflictividad social, la ausencia institucional y su importancia geoestratégica se han configurado como factores históricos que explican la emergencia y desarrollo del conflicto armado en el norte del Cauca”, menciona la ONG.

Como consecuencia de la violencia en la zona en 2017 y 2018 hubo 4.203 víctimas, de las cuales 3.670 hacen referencia a población víctima de desplazamiento forzado. “Los municipios con mayor cantidad de víctimas en este período de tiempo son Suárez (1.678), Corinto (579), Caloto (414), Santander (332) y Miranda (316)”, menciona el informe.

Al conflicto en el norte del Cauca se deben sumar las guerras que sufre el departamento en el sur y hacia su Costa Pacífica.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, ha indicado en una reciente columna de opinión en la revista Semana que, hacia el sur, en los municipios de Argelia, Balboa y Bolívar, desde mediados de 2017, comenzaron a expandirse varias organizaciones criminales y grupos armados ilegales debido a que el Estado, después del acuerdo de paz “nunca llegó”.

“Hay corregimientos en Argelia que solo tienen coca sembrada. Por tanto, es muy apetecida por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Allí se vive una verdadera batalla, pero es silenciosa, ya que la violencia tiende a ser selectiva y no masiva”, manifestó Ávila.

La tercera guerra en el Cauca, que se suma a la de su zona norte y sur, se vive hacia la Costa Pacífica, donde las playas y zonas de salida de droga han sido entregadas por pedazos a narcotraficantes, según Ávila.

En el Pacífico, además de narcotraficantes también operan disidencias de las Farc, la organización criminal del Clan del Golfo y el ELN. Ante ese panorama, las comunidades claman una urgente protección.