“Siguen peligros del ejercicio de la actividad judicial”
Treinta años han pasado desde aquel terrible y tenebroso año de 1989. Un año en el que pasó todo lo malo que podía pasar en el país y todo pasó por cuenta del narcotráfico que en esa anualidad pretendió arrodillar al país.
Era el lapso final del gobierno que presidió Virgilio Barco Vargas, el penúltimo Presidente de la República que gobernó a nombre del Partido Liberal, a quien la mafia le declaró la guerra más inmisericorde de que se tenga noticia. Barco entendió que no había mayor peligro para la democracia y la nacionalidad colombiana que el poder de las mafias del narcotráfico y por ello decidió enfrentarlas decididamente, empezando por la suscripción del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, que aún hoy subsiste como instrumento internacional.
Las masacres y los magnicidios que se sucedieron en ese año fueron la respuesta de los narcotraficantes y específicamente del “Cartel de Medellín” liderado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha a la decidida política estatal en contra del narcotráfico. Eran las épocas en las que aún los narcotraficantes le temían a la extradición, tanto que decían “preferir una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos de América”, a diferencia de hoy que prefieren una negociación con EE.UU. a una celda en Colombia.
La Rama Judicial, como siempre le ha tocado, fue una de las Instituciones más golpeadas por los hechos criminales de los narcotraficantes. No había acabado de cumplirse el primer mes de ese año aciago y ya ocurría la masacre de “La Rochela”. Doce servidores judiciales que investigaban crímenes del paramilitarismo fueron vilmente asesinados por una escuadra paramilitar comandada por el infamemente famoso “Vladimir”. Mariela Morales Caro y Pablo Antonio Beltrán, Jueces de Instrucción Criminal de San Gil, encabezaban la lista de los funcionarios judiciales sacrificados.
A ellos les siguieron Álvaro González, que no era funcionario judicial, pero lo asesinaron por ser el padre de la Juez Marta Lucia González que estaba exiliada por haber procesado a Escobar y Rodríguez Gacha. María Helena Díaz Pérez, Juez de Orden Público de Medellín también fue asesinada en ese mismo año terrible. Menos de un mes después en Bogotá fue asesinado el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, Carlos Valencia García por un escuadrón de sicarios comandados por alias “Angelito” al servicio de Escobar y sus secuaces. Y en octubre asesinaron a Héctor Jiménez Rodríguez, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La cuota de sangre de la Rama Judicial de ese año no fue la más alta de su historia, pues venía de la masacre del Palacio de Justicia, pero si fue uno de los años más duros en su eterno devenir de enfrentamiento con las mafias de cualquier tipo en defensa de la democracia.
Treinta años después, los peligros del ejercicio de la actividad judicial no han disminuido, sino que han aumentado. A la desaparición física de los Jueces ahora se suma el asesinato moral que se ensaña cada vez que adelantan acciones contra algún intocable de los que aún existen en el país.
@Quinterna te