¿Reestructuración del Estado?

  • El cambio de periodos de altos funcionarios
  • Lo regional al mismo paso de lo nacional
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Una de las grandes dificultades en la administración del Estado, en Colombia, radica en la incongruencia de los períodos de los altos funcionarios. En realidad, por ejemplo, dentro de los organismos de control solamente el Contralor General se elige al mismo tiempo del Presidente de la República. Los periodos de Fiscal y Procurador generales de la Nación son, en cambio, disímiles, dificultando en la práctica la colaboración entre las diferentes ramas y organismos del poder público.

Lo mismo ocurre con la elección de gobernadores y alcaldes, con periodos de gobierno diferentes al del Ejecutivo central. Esto, de la misma manera, impide una armonización gubernamental entre los diferentes niveles de la administración pública. De hecho, a un gobernador o un alcalde de ciudad capital le es difícil acompasar su plan de desarrollo regional o local con el del nivel nacional. Esto porque la elección de mandatarios departamentales y municipales queda en una especie de sándwich que no le da fluidez a las relaciones con el Presidente de la República y sus ministros.

No está bien que esto siga ocurriendo, pero en verdad poca atención se pone al tema. A no dudarlo, por el contrario, sería más efectivo que todos los organismos de control pudieran renovar sus titulares al mismo tiempo de la posesión presidencial. Así se pretendió, de suyo, en la Constitución de 1991, pero a raíz del cambio de periodos por cuenta de circunstancias personales, todo se trastocó y se terminó impidiendo una colaboración de mayor alcance y más proactiva entre los más altos componentes del Estado.

No es bueno tampoco lo que ocurre con alcaldías y gobernaciones puesto que en vez de producir su elección en una sola jornada, al mismo tiempo con las del Presidente de la República, se deja un lapso adicional de un año y cuatro meses, haciendo que el país permanezca pendiente de esos eventos electorales. Esto se podría evitar y no solo se ahorraría una suma multimillonaria al erario, sino igualmente se generaría una mejor plataforma para la administración pública.

Si esto fuera así, como se dijo, la hechura de los planes de desarrollo en los diferentes niveles sería mucho más clara en sus propósitos y tendría mejor armonía entre los recursos y las necesidades. Por lo demás, habría una relación bastante más eficaz entre las diferentes instancias, en vez de estar cambiando todo el andamiaje en fechas tan diferentes.

En los últimos meses, por igual, se habló durante la campaña presidencial sobre la posibilidad de cerrar las contralorías regionales y distritales a fin de generar un control más estricto sobre los diversos presupuestos. Es posible que ello se encuentre con una oposición enorme en el Congreso, pero sin duda alguna es un ahorro que permitiría orientar el gasto público hacia requerimientos evidentes en salud, educación y otras necesidades sociales. El mismo titular del ente de control fiscal, Edgardo Maya, ha propuesto en lugar de la Contraloría General de la República una especie de Corte de Cuentas como las que preponderan en otras partes del mundo.

Hace centurias, durante la época de la Colonia, el país solía contar con una figura que se denominaba los “Juicios de Residencia”. Ella consistía en que una vez al año cada entidad debía hacer un corte de cuentas frente a los funcionarios de control que, a su vez, daban una calificación como examen del gasto presupuestal. Es lo mismo que hoy se hace con el llamado fenecimiento, en los diferentes organismos, pero no por ello se agota la actividad de control.

En la Constitución de 1991 se pretendió, pues, una estructura del Estado que, sin embargo, ha venido siendo modificada con el paso del tiempo. Y eso ha hecho que, en algunos casos, pierda efectividad.

No se trata, entonces, solo de revisar los periodos y volver al espíritu original. Así mismo es válido, en el caso de las gobernaciones y las alcaldías, cambiar un esquema que, no solo permitiría una mayor eficacia en la administración pública, sino que igualmente abarataría los costos de la democracia y permitiría concentrarse en las políticas públicas más que en eventos electorales casi permanentes.