Tras la radicación del proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno el pasado 20 de julio, no han parado de surgir iniciativas de parlamentarios de distintas bancadas con la intención de que sean incluidas en la ponencia para el primer debate. Ya son cerca de 150. Se espera que una subcomisión designada para analizar las proposiciones se reúna esta semana con el fin de definir cuáles serán tenidas en cuenta y las otras quedarán como constancia.
Luego de retirar una primera iniciativa en mayo pasado, debido a las protestas que se generaron en todo el país, entre otras razones contra este proyecto porque tocaba con IVA la canasta familiar incluyendo otros productos y ponía a pagar renta a más ciudadanos, especialmente de clase media al reducir el rango de ingresos que tiene en cuenta la DIAN, el Gobierno presentó este nuevo documento con mensaje de urgencia.
La administración Duque ha sido clara en señalar que esta reforma es imprescindible para reducir el déficit fiscal que ha dejado la pandemia, así como financiar por un tiempo más una serie de ayudas que el Estado ha entregado a la población más vulnerable debido a la crisis actual, como el Ingreso Solidario y la Matrícula Cero en universidades oficiales a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, los cuales se extenderían en 2022.
Igualmente la administración Duque quiere extender hasta diciembre próximo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con el cual se respalda a las empresas que han visto reducidos sus ingresos por la pandemia, subsidiando parte de la nómina de sus trabajadores en lo que se refiere a salarios hasta un mínimo mensual.
El proyecto de reforma tributaria, que el Gobierno llama ley de Inversión Social, estima recaudar recursos por $15,2 billones anuales, para lo cual se contempla la lucha contra la evasión, con lo que se espera obtener $2,8 billones; austeridad en el gasto público dejaría $1,9 billones; una tarifa de renta corporativa de 35% produciría $6,7 billones. De igual manera se propone mantener el descuento del ICA en 50%, que produciría $3,9 billones.
Además el proyecto tiene otras medidas transitorias como la sobretasa de renta corporativa de tres puntos al sector financiero hasta 2025, que dejaría $392.000 millones; y el impuesto de normalización tributaria, que por esta vía se conseguirían $760.000 millones.
Antes de que llegue a las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara para debate, un primer análisis de la reforma tributaria se está dando por parte de los coordinadores y los ponentes que fueron designados por estas células legislativas para tal fin, quienes desde hace cerca de dos semanas han sostenido reuniones entre sí, así como con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y técnicos de esta cartera, donde se han discutido los aspectos más relevantes del texto así como algunos ajustes que se le podrían hacer para el primer debate.
En ese espacio de tiempo se han presentado de forma paralela, como se dijo, cerca de 150 proposiciones a nombre de partidos y de parlamentarios para ser incluidas en la ponencia de la reforma tributaria para su primer debate.
En este punto se ha conocido entre telones que hay preocupación en el Ministerio de Hacienda porque esta cantidad de proposiciones termine por demorar el trámite de la reforma tributaria, que requiere de forma urgente ser aprobada para atender, como se dijo, las principales necesidades por la crisis originada a causa de la pandemia.
Incluso vale señalar que cada una de estas proposiciones que se han realizado requiere de aval del Ministerio de Hacienda, pues tienen impacto fiscal, lo que dificultaría su inclusión en el texto de una reforma tributaria sencilla y con pocos artículos como esta. El Gobierno quiso que así fuera porque básicamente su interés es resolver la financiación por un tiempo más de algunos programas de impacto social en este momento de crisis y atender el déficit fiscal, y no meterse en camisa de once varas buscando resolver los problemas del sistema tributario, que es un asunto que lo tendrá que atender el próximo gobierno.
No obstante se conoció que algunas de estas proposiciones tienen ya aval del Ministerio de Hacienda.
Sobre el particular la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, María del Rosario Guerra, indicó a EL NUEVO SIGLO que en "la reunión de los coordinadores y ponentes del proyecto hemos revisado ya más de 150 proposiciones, hemos sido muy cuidadosos de no perder el norte, que es tener los recursos necesarios para financiar los programas sociales y los programas para el beneficio de las empresas. Por eso se han rechazado casi que el 80% de las proposiciones, y las pocas que nos faltan por revisar lo haremos la próxima semana (esta semana)".
La parlamentaria del partido Centro Democrático advirtió que el análisis de las proposiciones que han sido presentadas está a cargo de "los ponentes y los coordinadores ponentes y, por supuesto siempre, si tienen aval o no del Gobierno, porque en estos temas tributarios y de gasto público no se puede tramitar nada que no tenga aval del Gobierno”.
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Informe de la subcomisión
Por su parte Mario Alberto Castaño, uno de los coordinadores ponentes de este proyecto en la Comisión Cuarta del Senado, indicó a este Diario que “se creó una subcomisión para revisión de proposiciones, subcomisión que no se ha reunido aún, subcomisión que tengo entendido se va a reunir el día lunes para saber cuáles propuestas y en qué contexto se van a aprobar, las que se van a aprobar con el Gobierno, y en qué contexto se van a dejar como constancia unas para segundo debate”.
El parlamentario liberal indicó que “no se han rechazado unas propuestas. Después se le pedirá a los proponentes, a los que suscriben las proposiciones, que las dejen como constancia para segundo debate las que no se pueden incorporar a la ponencia que debe estar votada en estos 15 días".
El congresista antioqueño también se refirió a algunas de las proposiciones que tiene el Partido Liberal para ser incluidas en el texto de la reforma tributaria.
"Nosotros desde el Partido Liberal lo primero es que estuvimos muy atentos a que no se tocara a las clases menos favorecidas y en el tema de los servicios a estratos 4, 5 y 6. Queremos mucho mirar cómo el tema del PAEF puede cubrir realmente a las pequeñas empresas”.
Agregó que “desde el Partido Liberal estamos viendo unas fuentes de liquidez para el Gobierno: la enajenación de activos improductivos que tienen varias entidades del Gobierno, varios ministerios, también que tiene el fisco a través de los decomisos o lo que se llama la SAE, o lo que se puede decir como ventas prematuras del tema de extinción de dominio. Nosotros vemos que ahí se puede hablar de recoger entre 700 mil millones y un billón de pesos. Es una propuesta de estirpe liberal”.
Y también, anotó, “estamos proponiendo que el ICA descontable se elimine y que vuelva a ser como estaba antes de la Reforma del 2019: que el ICA al ser un impuesto municipal, pues no tenga derecho a deducción las empresas”.
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Más propuestas
El senador Iván Marulanda, quien figura entre los ponentes en la Comisión Cuarta para la reforma tributaria, dijo a este Medio sobre la iniciativa del Gobierno que "es una propuesta a juicio nuestro muy limitada en su alcance. La responsabilidad social que tiene el Estado colombiano en esta crisis es enorme, esta es una crisis muy profunda y el Estado no quiere responder por sus obligaciones, me refiero al tema de pobreza, al problema de la quiebra de las empresas, al problema de la desconexión de los estudiantes de sus colegios, de sus universidades, y me refiero por supuesto a los contagios y los fallecimientos que llegan a unas cifras descomunales".
Agregó el parlamentario de la Alianza Verde que el Estado frente a este panorama tan dramático tiene una responsabilidad, y “para eso necesita unos recursos que no tiene, y si no los recauda entre los contribuyentes de más altos ingresos y de más altos patrimonios, pues no va a ser posible que responde a sus obligaciones”.
Añadió que “nosotros lo que hemos hecho es proponer unos frentes tributarios y unas frentes de gasto público que correspondan a esta realidad tan dramática, pero el Gobierno tiene una visión muy limitada del tema, está pensando en unas cifras muy pequeñas de recaudo y en una cobertura de apoyos a las empresas y a los hogares pobres, y a los estudiantes pues muy limitado".
Dijo también Marulanda que "nosotros hemos hecho unas propuestas como partido verde, los ponentes del partido verde tanto de comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara", pues por ejemplo “insistimos en un impuesto al patrimonio de personas naturales, insistimos en un impuesto a los dividendos de sociedades, de personas jurídicas, que es una fuente de evasión profunda", entre otras.
Inclusive dijo que están presentando estas proposiciones como una ponencia alternativa.
Y por el lado de la cobertura en atención social por la crisis, el senador de oposición explicó que "estamos hablando de una mayor cantidad de hogares para el programa de renta básica, estamos hablando de 5 millones y medio de hogares, el Gobierno está en tres millones y medio”, así como también están proponiendo una mayor cobertura a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte el expresidente Álvaro Uribe, referente del Centro Democrático, llamó la atención que “importaciones por correo digital no pagan IVA hasta 200 dólares persona año. Este año pueden costar 900 millones de dólares, dejan de pagar IVA por 650 mil millones de pesos aproximadamente. En 2023 superarían 2 mil millones de dólares con pérdida de IVA cercanas a $1.5 billones”.
También en el Centro Democrático el senador Fernando Nicolás Araújo propone adoptar un contrato especial por un año como mínimo y dos como máximo, para menores de 30 años que no hayan tenido un contrato laboral formal ni de aprendizaje y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios.
Además en esta colectividad se está planteando la devolución automática de IVA sobre bienes exentos, siempre y cuando los ingresos se encuentren soportados en facturas electrónicas.
Al respecto el representante a la Cámara, Christian Munir Garcés, explicó que “el Gobierno lo aprobó con los coordinadores ponentes. Actualmente, se demora en devolver el IVA en el sector agropecuario, entonces, aprovechando la factura, la idea es que se pueda hacer de manera automática. Y como las empresas necesitan liquidez para salir adelante, es importante que las cuentas entre las compañías y la DIAN se puedan resolver de manera más fácil”.
En tanto que el senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, propone una tarifa de renta del 27% para las mipymes y de 35% para las demás a partir del año gravable 2022; mientras que el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, plantea aumentar el alcance del régimen simple.
Desde las toldas de Cambio Radical el representante Carlos Cuenca propone que los municipios con una población entre 30.001 y 50.000 habitantes sean catalogados de tercera categoría.
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Cuentas del Ministro
El Ministro de Hacienda señaló que esta reforma tributaria logra "en primer lugar avanzar en la estructura de protección social que permita reducir pobreza extrema, pobreza monetaria y niveles de equidad a los datos que teníamos incluso antes de la pandemia, incluso inferiores. Que avanza también la generación de rentas de carácter permanente con esfuerzo, además, de austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión por cerca de $15.2 billones”.
Agregó que de igual forma “financia lo social y logra la sostenibilidad fiscal, y que logra también una estabilidad de las finanzas públicas reduciendo el déficit fiscal, reduciendo el nivel de deuda pública con respecto al producto interno bruto a niveles estables del orden del 60%".
Explicó que este es el primer paso, pero que tiene que estar complementado por otro que es "la reactivación de la economía en términos de lograr que Colombia crezca por encima del 6% este año, y que de esa manera también genere recursos adicionales que le permitan al país enfrentar esa sostenibilidad fiscal y esas necesidades desde lo social”.
Llamado de Duque
Un llamado hizo el presidente Iván Duque al Congreso para sacar adelante el proyecto de ley de Inversión Social con el fin de seguir atendiendo a los más vulnerables con programas como Ingreso Solidario, reactivar la economía y generar empleos manteniendo subsidios como el Programa PAEF.
El Jefe de Estado expresó que “necesitamos sacar adelante la ley de Inversión Social para que ese Ingreso Solidario esté hasta diciembre del año 2022 y tengamos 32 meses de esa asignación de recursos”.
Frente a este esquema de renta básica creado por el Gobierno, el mandatario añadió que “ningún país de América Latina ha tenido un programa de transferencias de emergencia de esa duración. Y nosotros lo hacemos porque aquí hay corazón grande frente a los más vulnerables”.
Igualmente se refirió al PAEF, “nunca, en la historia de Colombia, un gobierno había pagado nómina a más de 4 millones de trabajadores formales para que no pierdan su empleo. Otro hito de equidad”.