La llegada de un gobierno de izquierda a Colombia abre un gran interrogante en torno a lo que será la nueva política de seguridad y orden público en el país. Y no es para menos, la corriente ideológica que llega al poder ha sido, sin duda, la más crítica de la estrategia estatal de lucha contra los factores de delincuencia común y organizada en las últimas décadas.

La designación misma de Iván Velásquez como ministro de Defensa es apenas la primera de muchas decisiones del nuevo gobierno en torno a los cambios que quiere introducir en el accionar y prioridades operacionales de la Fuerza Pública.

Velázquez no solo fue un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que tuvo fuertes roces con el uribismo en el marco de las investigaciones por la parapolítica, sino que es un reconocido crítico de los escándalos que se generaron al interior del estamento castrense y policial alrededor de casos tan complicados como los de los 'falsos positivos'.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones el entrante titular de la cartera de Defensa ha dejado en claro que no viene a perseguir a las Fuerzas Militares y de Policía, de las cuales reconoce su aporte vital en la preservación de la institucionalidad. Aseguró, eso sí, que no se tolerará la más mínima violación a los derechos humanos por parte de ningún uniformado.

Ahora bien, las prevenciones evidentes entre Velásquez y el estamento de la Fuerza Pública se pueden ir despejando en la medida en que se vayan tomando las decisiones que le corresponden a todo ministro de Defensa, más aún en un país que, lamentablemente, enfrenta el accionar de múltiples factores de violencia cruzados, que van desde la amenaza subversiva, la expansión del narcotráfico, el accionar de bandas criminales de alto espectro y organizaciones mafiosas alrededor de la minería ilegal, el contrabando o la tala de árboles, hasta una muy difusa delincuencia común que azota campos y ciudades.

Y una de esas decisiones será, precisamente, la relacionada con sacar a la Policía Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa y que pase a depender de una nueva cartera, la proyectada de Paz, Convivencia y Seguridad.

El debate

Si bien no es una discusión nueva en el país, ya que en anteriores gobiernos y congresos se ha debatido a fondo el tema, en esta ocasión, de acuerdo con el propio Velázquez y según lo prometió Petro en campaña, ya es una “decisión tomada” que solo falta instrumentar.

La tesis sobre ese cambio continúa siendo la misma de años atrás, no solo por parte de sectores de la izquierda sino de otros partidos y dirigentes, incluso de expertos en temas castrenses y policiales: la Policía es un órgano armado de carácter civil, que debe estar encargado estrictamente de asuntos de seguridad y convivencia ciudadanas, dejando el combate directo de la guerrilla, las bandas criminales de alto espectro y otras amenazas a la seguridad nacional y la soberanía territorial única y exclusivamente a las Fuerzas Militares, en sus componentes de Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

Ese argumento siempre ha sido replicado por quienes defienden que la Policía haga parte del Ministerio de Defensa, señalando para ello que las líneas de separación entre la delincuencia organizada y la delincuencia común en nuestro país ya son muy tenues. Esto porque, en la práctica, es imposible que la Policía se dedique solo a temas de seguridad y convivencia ciudadanas, ya que en todas las capitales y municipios hay ramificaciones de distinto nivel de los carteles del narcotráfico, la guerrilla, la minería criminal y otros delitos de alto impacto.

Sin embargo, a esta clase de argumentos se le contraponen los de sectores que afirman que en los últimos años se ha registrado un aumento desmesurado de los delitos comunes de mayor incidencia, especialmente en lo que tiene que ver con atracos, actos de intolerancia, riñas callejeras, violencia intrafamiliar, abuso sexual y otras conductas penales o contravencionales. Ese pico delictivo no está siendo atendido eficientemente por el personal de la Policía, ya que una parte importante de este se ha dedicado a labores antidroga, antisecuestro, vigilancia vial, escoltas...

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Marco de la discusión

La decisión de cambiar de órbita ministerial y énfasis operacional a la Policía Nacional no será, sin embargo, una discusión fácil de sacar avante en el Congreso, por más que el gobierno petrista tenga mayorías suficientes en Senado y Cámara.

De un lado, no se puede desconocer que la Policía es la institución de seguridad que más reformas tuvo durante el gobierno de Duque, en especial el debate y aprobación de un nuevo Estatuto Disciplinario, los cambios al régimen de carrera y la propia Ley de Seguridad Ciudadana, en donde se precisaron muchas de las competencias de este cuerpo armado de carácter civil a la hora de tener que enfrentar alteraciones del orden público como vandalismo, bloqueos viales, ataques de manifestantes a Fuerza Pública y protestas sociales que terminan en asonadas.

Por otra parte, el debate sobre la naturaleza de la actividad de la Policía se dará en medio de uno de los momentos más difíciles para este institución en los últimos años, debido al 'plan pistola' que está llevando a cabo el 'Clan del Golfo' y que les ha costado la vida a decenas de uniformados, muchos de los cuales han sido asesinados cuando se encontraban de civil, desarmados y fuera de servicio.

Como es natural toda esta andanada violenta contra la Policía ha generado una ola de indignación nacional contra los homicidas y de solidaridad con esa institución, que si bien no ha estado exenta de escándalos y actuaciones anómalas de algunos uniformados, continúa siendo una de las de mayor apoyo y credibilidad entre la opinión pública.

En ese orden de ideas, no será fácil de dilucidar el pulso de posturas entre quienes consideran que la Policía, como ocurre en muchos países, no debe depender de la cartera castrense, y aquellos que sostienen que en Colombia los factores delincuenciales han mutado sustancialmente y constituyen una amenaza urbana y rural de alta complejidad.

Caso aparte aquí es cuál será el futuro del cuerpo antinarcóticos de la Policía, que no solo se encarga de buena parte de los operativos de erradicación de narcocultivos, sino que ha demostrado ser el más eficiente a la hora de identificar, perseguir y neutralizar a los carteles de vieja y nueva data. No hay que olvidar que gran parte del aporte anual de Estados Unidos a la lucha antidroga es asignado a la Policía. Este será un tema clave en la relación de la Casa Blanca y la Casa de Nariño que, como es apenas obvio, será reformulada ahora que llegó un gobierno de izquierda a Colombia.

¿Y el Esmad?

Otra de reforma que generará un gran debate en los próximos meses tiene que ver con el futuro del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad), que fue uno de los principales elementos de contradicción en el gobierno de Duque entre las fuerzas de oposición izquierdistas y la coalición oficialista.

Aunque la oposición de izquierda trató de acabar el Esmad mediante sendos proyectos de ley, todas esas iniciativas se estrellaron con las mayorías parlamentarias gobiernistas e independientes.

Si bien Petro prometió en campaña que si llegaba a la Casa de Nariño acabaría con el Esmad, ahora la prioridad estaría en reformar la operatividad de este cuerpo, cuya principal función es contener el vandalismo y los desbordes violentos de la protesta social. Se habla, por ejemplo, de ajustes en torno a la clase de armamento que pueden utilizar estos cuerpos, una mayor restricción al uso de la fuerza represiva contra los manifestantes e incluso que solo puedan entrar en acción ante casos de extrema gravedad.

Se trata de un debate muy complicado, que ya tuvo su último round tras la ola de paros en el segundo trimestre de 2021, que dejó decenas de fallecidos y heridos, al tiempo que el país estuvo bloqueado varias semanas.

Habrá que esperar, entonces, cuáles son las propuestas puntuales que hará el gobierno Petro alrededor de la dependencia ministerial y la prioridad operacional de la Policía. También tendrá que llegar en su momento la reforma concreta alrededor del escuadrón antidisturbios. Solo cuando comience el debate en el Congreso y se den las respectivas votaciones, se sabrá hasta dónde llegará el revolcón en esta institución armada.