Las grandes crisis exigen grandes soluciones. Partiendo de esa premisa el lunes pasado, al instalar el Congreso, el presidente Duque le propuso al país avanzar hacia un “Nuevo Compromiso con Colombia” para enfrentar las consecuencias lesivas de la pandemia a corto, mediano y largo plazos, tanto en el aspecto social como en el económico.

Ese compromiso es, de lejos, la estrategia de reactivación nacional más ambiciosa de las últimas décadas, ya que el conjunto de proyectos y programas planteados demanda una inversión superior a los $100 billones “y se constituirá en una especie de mecanismo articulador de inversión pública y privada, y buscará generar en los próximos años más de 1 millón de empleos directos e indirectos”. Está basado en cuatro ejes: generación de empleo, desarrollo sostenible, alivios socio-económicos a los más pobres y vulnerables así como reactivación integral del campo. (Ver recuadro).

“Hoy ante el Congreso quiero asumir un compromiso con Colombia. Un compromiso con todos los ciudadanos, para que nuestro país salga adelante y que invite a todas las instituciones, al sector privado, a la ciudadanía, a los gobernantes locales, a que todos trabajemos en equipo por nuestra patria”, dijo Duque.

Para evidenciar que no se trataba de una propuesta discursiva y gaseosa, un día después, el martes, el Gobierno radicó ante el Congreso siete proyectos de ley y de actos legislativos, y anunció otros tantos, algunos de ellos aterrizando varias de las propuestas de ese “Nuevo Compromiso”.

Desde que comenzó la crisis por la pandemia, distintos sectores  han planteado la posibilidad -e incluso la urgencia- de que el Gobierno lidere un gran “acuerdo nacional”, “pacto nacional” o estrategia de consenso, con la participación de todas las instancias políticas, económicas, gremiales, regionales e institucionales, alrededor de una agenda de reactivación social y productiva pospandemia. Duque, con su “Nuevo Compromiso Nacional”, pareció responder a ese llamado.

Retos

Sin embargo, mucho va del dicho al hecho ¿Qué tan viable es un acuerdo de estas características hoy en Colombia? El primer aspecto a tener en cuenta tiene relación con la profunda polarización política.

Hay que ser realistas: La oposición -si bien no es mayoritaria en el Congreso- difícilmente le apostaría a una agenda gubernamental que no solo le estaría quitando algunas de sus banderas políticas de reivindicación social, sino que fue diseñada por el Gobierno al que quieren remover del poder en la campaña electoral que ya está arrancando. Ese es un elemento que no se puede perder de vista.

En segundo lugar, el plan de reactivación que plantea el Gobierno es muy ambicioso en cuanto a las metas de generación de empleo, desarrollo sostenible, recuperación empresarial y fortalecimiento del campo, pero la actual situación fiscal (2020 terminará con un déficit superior al 10% y un endeudamiento público superior al 60% del PIB) no deja ver a las claras de dónde podría salir un esfuerzo presupuestal de $100 billones, que en su mayor parte serían recursos oficiales. Hoy el Gobierno está destinando ingentes cantidades al plan de contingencia sanitario, lo que es lógico, pero el impacto fiscal será mayúsculo y habrá que buscar prontamente cómo taparlo.

Es allí en donde asoman la posibilidad de una nueva reforma tributaria antes de 2022 (que el sector productivo considera una locura en el corto y mediano plazos), seguir aumentando peligrosamente déficit y deuda, o emitir dinero (lo que afectaría la credibilidad de la economía local) o entrar a vender activos rentables como ISA o más acciones de Ecopetrol (que genera mucha polémica). Tramitar estos temas tan delicados, sobre todo en el Parlamento, por más que el Gobierno pueda tener ahora (con la eventual entrada de Cambio Radical a la coalición oficialista) mayorías, no será nada fácil, y menos acercándose ya la precampaña presidencial y parlamentaria.

En otras palabras, muchos están de acuerdo con el plan de reactivación nacional consensuado, pero el lío comienza cuando debe definirse quién pagará la mayor parte (las empresas, los altos patrimonios, la clase media con más impuestos, una mayor deuda pública que recortaría la inversión, venta de activos estatales…) y quién pagará la ‘factura política’ de esas difíciles decisiones cuando ya el gobierno de turno esté recorriendo su segunda mitad y muchos piensen más en la sucesión.

También es claro que muchos de los proyectos y programas planteados por el Ejecutivo en la agenda del “Nuevo Compromiso” hacen parte del propio Plan de Desarrollo, es decir que ya estaban en planificación o ejecución. Pero otros tardarán algún tiempo en arrancarse de forma efectiva y real.

El problema, entonces, más allá de que se llame “acuerdo”, “pacto”, “compromiso” o el adjetivo que se quiera utilizar, es que  una estrategia consensuada para la reactivación nacional demandará un esfuerzo político, económico, fiscal y tributario muy alto. Todos están acuerdo con las metas ambiciosas pero a la hora de distribuir los costos y las responsabilidades, la cuestión comienza a complicarse.

Cuatro ejes, $100 billones, 1 millón de empleos

1. Empleo

• Se radicará el proyecto de Ley de Emprendimiento que beneficiará a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que generan el 90% de los puestos de trabajo. Se les facilitará participar en el sistema de compras públicas. Se promoverá el concepto de “comprar lo nuestro, comprar colombiano”. Se seguirán habilitando sistemas de crédito, de impulso y de promoción de las mipymes.

• Aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada, que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y autopistas de cuarta y quinta generación.

• Se expandirá, con mayor velocidad, la construcción de vías terciarias, con la mayor inversión en años, que asegure más de $1,5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha del Plan Bicentenario.

• Se acelerarán proyectos como el Metro de Bogotá, Puerto Antioquia, los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y el Aerocafé y las autopistas como la Alo Sur. Se continuará conectando al país con proyectos como Buga – Buenaventura.

• Se avanzará en la entrega de 28 proyectos que terminarán en este gobierno, para beneficiar más 14 vías nacionales y más de 8 regionales, generando más de 40.000 empleos.

• Se iniciarán 22 corredores viales para dotar a Colombia de más vías de competitividad.

• Se destinarán más de $2 billones en incentivos para las industrias creativas y culturales. Se presentará al Congreso el proyecto de ley ‘Reactivarte’, que dará vida a un Fondo Especializado para la inversión en los puestos de trabajo vinculados a la cultura.

• Se prepararán  más de 100.000 programadores, con una inversión que superará los $2,2 billones. Se busca ejecutar más de 17 proyectos de transformación digital, que incluyen trabajo remoto, digitalización de servicios del Estado, ciberseguridad, profundización del comercio electrónico, telemedicina, formación virtual y tecnologías para la inclusión financiera.

2. Crecimiento limpio

• Se acelerarán 27 proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión: 9 serán eólicos, 5 solares, 3 geotérmicos, 1 de hidrogeneración, acompañados de 9 líneas de transmisión. Estos proyectos, por más de $16 billones de inversión, generarán 55.000 empleos.

• Puesta en marcha del proyecto del Canal del Dique, aceleración de la navegabilidad del río Magdalena y sembrar 180 millones de árboles, con estímulos a la producción silvopastoril y a los esquemas agroforestales con aporte comunitario.

• Dar trámite rápido a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

• Proyecto de ley para enfrentar la extracción ilegal de minerales.

• Minería e hidrocarburos deben avanzar a prácticas cada vez más sostenibles.

3. Alivios sociales

• El programa Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia que se propuso llegar a 3 millones de hogares que nunca habían recibido apoyos del Estado, se extenderá hasta junio de 2021.

• Se habilitará el otorgamiento de 200.000 subsidios de vivienda VIS y no VIS, que impactará en los menos favorecidos y en la clase media y, al mismo tiempo, detonará más de 230.000 empleos. Para ello se presentará una modernización normativa al sector vivienda.

• Se avanzará con Generación E, para que este año cierre con más de 180.000 jóvenes en educación superior gratuita.

4. Paz rural y legalidad

• Seguirá adelante la Agricultura por Contrato, la provisión de bienes públicos rurales y la implementación del catastro multipropósito.

• Se acelerarán las obras PDET y se buscará que los campesinos puedan convertirse en emprendedores del campo con acceso a crédito, extensión y comercialización sostenible de sus productos. Para ello se radicará el Proyecto de Ley que brinda alivios a los pequeños y medianos productores del campo.

• Adicionalmente, en fortalecimiento de la salud, como elemento transversal, se acelerará el esquema de Punto Final, las canastas covid, el pago por capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo (UCI), la bonificación a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a la pandemia, la dispersión de equipos en el territorio y la red nacional de laboratorios.

• Se trabajará con el Congreso para que en esta legislatura se aprueben reformas estructurales a la salud, en homenaje a todos los que han trabajado para proteger la vida de los colombianos.