Una férrea defensa de los alcances de la reforma al Código General Disciplinario que aprobó el Congreso de la República en último debate, hizo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

La iniciativa, que este jueves comenzó a ser discutida por las comisiones de conciliación, fue presentada por el Ministerio Público como un instrumento para adecuar la legislación interna al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al caso de Gustavo Petro.

En esa sentencia, de julio de 2020, se advierte que los organismos de control administrativo, como la  Procuraduría, no puede destituir a funcionarios de elección popular como era el caso de Petro, que fue destituido por el entonces jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en diciembre de 2013, por “faltas gravísimas” en la implementación del modelo de recolección de las basuras en la ciudad cuando se desempeñó como Alcalde Mayor.

Sin embargo, durante el trámite legislativo de la reforma del Código General Disciplinario, Cabello Blanco dijo que “no se puede modificar toda la estructura constitucional del país” para aplicar esa sentencia.

Por el contrario, dijo la funcionaria, la reforma “respeta la institucionalidad colombiana y las normas internacionales”.

Esa función jurisdiccional, justamente, fue la que generó mayor debate durante el estudio de la reforma, pues mientras algunas sectores consideraron que el Ministerio Público estaría desplazando las funciones del Consejo de Estado, la Procuradora General consideró lo contrario.

Más aún, dijo que de interpretarse de forma literal el fallo del organismo internacional “significaría que decisiones de algunos organismos como el Consejo Nacional Electoral tampoco tendrían validez”.

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“Tampoco podría haber nulidades electorales, porque el Consejo de Estado no es un juez penal; ni podría haber decisiones en el Consejo Nacional Electoral porque no es una institución de carácter penal”, insistió.

No obstante, señaló que su despacho mantendrá sus actuales facultades investigativas y sancionatorias “de manera imparcial y objetiva” tras desmentir que la reforma le otorgue “superpoderes” para adelantar investigaciones contra la oposición política.

La jefe del Ministerio Público también desmintió que con la entrada del nuevo Código General Disciplinario

Se vayan a archivar más de 10 mil expedientes disciplinarios. “Lo contrario, la reforma que estamos tramitando en el Congreso lo que busca precisamente es evitar esos archivos por prescripciones”, dijo en un comunicado.

En ese sentido, explicó la jefe del organismo de control administrativo que esta reforma está encaminada “a hacer frente a dos hechos que tienen en vilo la institucionalidad: la sentencia de la CIDH y la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019”. Esa norma, justamente, es  la que pondría en peligro más de 10 mil procesos disciplinarios en caso de no aprobarse esta modificación estatutaria ya que prescribirían por vencimiento de términos.

“El objeto de la Reforma al Código General Disciplinario es contribuir a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, otorgando de paso mayores garantías a los servidores públicos investigados, incluidos, por supuesto, los de elección popular”, afirmó Cabello Blanco.

Proceso consensuado

Esta semana, la jefa del Ministerio Público también le contestó a las inquietudes que sobre las funciones jurisdiccionales expresó el Consejo de Estado, que también públicamente se opuso a los alcances de la reforma en ese aspecto.

“Desde el momento en que asumí como Procuradora General de la Nación y después de un análisis de la situación que afrontaba la entidad, consideré que era necesario tramitar un proyecto de ley para hacer frente a todos los hechos que, aún hoy, tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control”, reiteró.

Por ello dijo que se inició “el acercamiento con el Consejo de Estado” para intercambiar opiniones y recibir las sugerencias y observaciones que fueran del caso, en ejercicio del principio de colaboración armónica y bajo el entendido que “esa Corporación, en los temas a reformar, era quien más podía aportar al documento”.

En todo caso, para la Procuraduría la reforma  no tiene la pretensión de entrar a formar parte de la Rama Judicial, mucho menos desconocer el principio de división de poderes, ni tampoco atribuir la función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la Rama Judicial.

“El proyecto de ley no busca sustituir ni desconocer la función de control que tiene el Consejo de Estado frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación”, aseguró.

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Nuevos cargos

Por otra parte, la Procuradora General también sostiene que el nuevo Código General Disciplinario “no busca crear burocracia” en entidad, pero explicó que “con la reforma se adelantará una reorganización interna en el Ministerio Público y será el Departamento Administrativo de la Función Pública quien determine si se requieren nuevos cargos”.

Con todo, el artículo 69 del texto aprobado para conciliación le da facultades al Presidente de la República para crear nuevos cargos en la entidad.

En conclusión, para la jefa del Ministerio Público con esta reforma se busca atender tres frentes: primero, ampliar las facultades jurisdiccionales sin sustituir a los demás órganos, como el Consejo de Estado, precisamente para dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH.

Segundo, que en las dos fases de investigación, para la fase de pesquisas y juzgamiento puedan intervenir funcionarios diferentes, para que no sean las mismas personas que hagan esas dos funciones. Y, en tercer lugar, reorganizar la planta de persona de la entidad desde el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las críticas

Por su parte, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, aseguró que la Procuraduría “es una entidad netamente política, no es imparcial”, por tanto se opuso a que tenga más poderes.

Santos, al respecto, dijo que “la Procuraduría no es un juez penal”, en referencia a las nuevas facultades jurisdiccionales de la entidad. “La única persona que puede sustituir una persona electa por voto popular es un juez penal, uno no puede pretender que ahora la Procuraduría sea un juez penal”, y agregó que el Ministerio Público “no cumple con las características que debe tener un juez penal, sobre todo en los criterios de objetividad e imparcialidad”.

Para Santos, “la Procuraduría es una entidad política donde las personas son nombradas por políticos, salvo los funcionarios de carrera”.

Santos también criticó el mecanismo disciplinario para los funcionarios elegidos popularmente, pero no a través de la Procuraduría.

También se opuso a las facultades extraordinarias al Presidente de la República para ampliar la planta. “Durante el debate pedimos que se eliminara ese artículo y siempre decían ‘acá no habrá ampliación de planta’. Esto lo que quiere decir es que tiene un componente burocrático muy importante que pertenece a los políticos”, sostuvo.

El proyecto de reforma al Código General Disciplinario fue aprobado por 53 votos a favor y 9 en contra en el Senado, y 102 contra 20 en la plenaria de la Cámara.