Con el sol a las espaldas, es incierta la suerte de las reformas a la salud, pensiones y laboral. Estas reformas sociales, al parecer, no podrán superar esta legislatura debido a que solo quedan 15 días del periodo a este Congreso y es más la incertidumbre que la claridad sobre su rumbo.

Y aunque instituciones como el Consejo Gremial han pedido al Gobierno un estimativo del impacto de los tres proyectos, son varios los cálculos independientes.

La salud

Sin duda de los proyectos que más adelantado se encuentra es el de la salud, que fue radicado el 13 de febrero, pero solo hasta el 18 de abril comenzó su discusión. Sin la salud es el proyecto que más críticas ha recibido por parte de los gremios de la salud, como Gertarsalud y Acemi, entre otros, pero también por centros de estudios como Fedesarrollo y hasta por políticos cercanos al Gobierno.

Además de las pocas claridades financieras, está la preocupación por las funciones que tendrían las gestoras y el papel de la Adres.

En un debate el pasado viernes entre Anif, Acemi, Eafit y la Universidad de Medellín, bajo el eslogan ‘¿qué pasará con el aseguramiento y la sostenibilidad financiera?, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, resaltó que “uno de los logros del actual sistema y que no se puede perder es la gran reducción del gasto de bolsillo”.

Según el viceministro, el principal objetivo del gobierno con la reforma es evitar la mercantilización de servicio y que la salud llegue a todos los que lo necesitan, y dice que la reforma plantea "una salud pública, única y universal para todos".

Por su parte, Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, habló sobre los logros del sistema de salud actual y de los riesgos que genera la reforma. “La reforma como está planteada hoy en día va a complicarle la vida a los pacientes, y eso va a terminar afectando a la población de menores ingresos”, dijo.

Algunos de los riesgos específicos que nombró Santa María están relacionados con la fragmentación del servicio. “Los pacientes hoy saben la ruta que hay que seguir, con la reforma no va a quedar claro. Lo que vamos a ver son unas filas como las que se veían en el seguro social”, dijo. También mencionó el incremento en los trámites y el aumento en los tiempos de espera que, según él, son un hecho, “entre otras razones, porque el flujo de recursos se va a ralentizar porque va a estar concentrado en una sola entidad: la Adres”, dijo.

Sobre la Adres, aseguró que una de sus grandes preocupaciones es su capacidad administrativa. “El mismo director de la Adres dijo en el Congreso que la entidad no tiene la capacidad de asumir todo eso. Hoy en día la ADRES tiene capacidad para procesar 50.000 facturas mensuales, mientras las EPS procesan cerca de 8.000.000 de facturas mensuales”, dijo.

La laboral

Respecto a la reforma laboral, el proyecto también fue radicado ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes, el pasado 16 de marzo, y tras varias semanas de discusiones y análisis entre el Gobierno y los ponentes, el texto para primer debate quedó listo el 17 de mayo. La semana pasada, el 30 de mayo, se citó la comisión para la discusión y votación, pero por falta de quórum no se inició la votación del articulado.

la reforma laboral, la cual persigue modificar el Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno cedió con algunos puntos, como que el horario nocturno inicie a las 7:00 p.m. o que el pago del 100% en los recargos de los dominicales y festivos se implemente de manera gradual, pero se mantienen las bases.

Uno de los mayores opositores al proyecto ha sido Fenalco. Jaime Alberto Cabal, líder del gremio, ha alzado la voz por el impacto que traería sobre los empresarios. Incluso, un estudio elaborado por investigadores del Banco de la República calcula que, por el aumento en los costos salariales, que podrían subir entre 3,2% y 10,7% más un aumento de hasta 1,9% en los costos de despido, se podrían perder hasta 450.000 empleos.

La pensional

Por el lado de la pensional, el proyecto ingresó a la Comisión VII del Senado el pasado 22 de marzo, y el 30 de mayo se radicó la ponencia, para que fuera discutido en su primer debate en el Congreso. Ante este panorama, la semana pasada la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un llamado al Congreso y a los partidos políticos para tramitar las reformas sociales del Gobierno.

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“Colombia debe aprovechar esta oportunidad y hago un llamado al Congreso de la República, a los partidos políticos y a los colombianos y colombianas para que las reformas laboral y pensional, sean la oportunidad para la equidad, el equilibrio y que Colombia pueda seguir transitando hacia un país de derechos”, dijo Ramírez.

En la pensional, por otro lado, la ponencia no tocó el corazón del proyecto: el tope de tres salarios mínimos, que determina que todas las cotizaciones deben ir a Colpensiones hasta este rango, pero sí modificó la edad de pensión para las mujeres en el pilar solidario y el contributivo, que ya no sería 65 años, sino 60.

Esta iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por entidades como Anif, Fedesarrollo y el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y también por Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones. Entre los cálculos se ha hablado de incrementos de hasta 249% del PIB en el pasivo pensional (Anif), mientras que Fedesarrollo estima 30% del PIB.

Unas de las modificaciones que proponen los senadores ponentes es, en el pilar solidario reducir la edad de acceso a las mujeres de 65 a 60 años. En este pilar se entrega una renta de 223 mil pesos para cada adulto mayor, tres veces más que el programa adulto mayor.

“Hoy le entregamos al país una propuesta muy concertada, tenemos 71 artículos como lo explicó muy bien la presidenta de la comisión, 18 artículos que vienen para el debate amplio y abierto y 6 que traen acuerdo parcial, estos elementos nos llenan de optimismo y entusiasmo, y decirle a Colombia, que en el tránsito de este proyecto de Ley, hay un compromiso producto de una rigurosidad con la que se ha trabajado con los equipos de los senadores y senadoras, del ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo y con el equipo actuarial de la Universidad Nacional”, dijo la jefa de la cartera laboral.

El próximo martes 13 de junio, continuará el debate del articulado del proyecto de ley en la Comisión Séptima de Senado

“Hay que solucionar la informalidad laboral”

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce Zapata, expuso esta semana a EL NUEVO SIGLO, que además de las reformas sociales que requiere el país, una que se debe atender es solucionar la informalidad laboral que afecta hoy a 12,9 millones de trabajadores.

Asimismo, el dirigente gremial, dijo que en estos momentos en que el gobierno adelanta la reforma pensional, de salud y laboral, primero se requiere establecer la forma cómo se va a garantizar el empleo para que así los colombianos puedan pagar su salud y aportar a su jubilación.

Arce Zapata sostuvo a este diario que “el país tiene problemas por resolver, pero doy un ejemplo sencillo de las soluciones. Tener en el sector laboral una de las tasas de informalidad más grandes de la región y del mundo para un país de ingreso medio como Colombia, es un problema estructural grande. No resolver la informalidad laboral es un error de país porque ese es uno de los problemas estructurales de la economía y me parece que es un error estratégico”.

Sobre las reformas que adelanta el Gobierno, el dirigente gremial dijo que “no dialoga para acordar cosas o sea para llegar a acuerdos, es decir el diálogo tiene que tener un objetivo, un propósito y yo creo que el propósito debería ser de toda la sociedad y aquí digo no solamente de los empresarios, sino del gobierno. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil, pero sí requiere que todos pongamos de nuestra parte”.