GRANDES CONTRASTES ENTRE SUS DOS TRAMOS
Legislatura: accidentada y hasta ahora poco productiva

ACCIDENTADA Y poco productiva. Esa es la mejor radiografía que se puede hacer de la primera legislatura del Congreso en la administración Petro.

En los diez meses que han pasado desde el pasado 20 de julio, cuando se instaló el Parlamento elegido en marzo de 2022, el panorama ha variado sustancialmente.

Cuando arrancó este período legislativo de manera sorpresiva la Casa de Nariño había logrado algo que, dada la fuerte y polarizada contienda electoral, parecía improbable: confeccionar una coalición mayoritaria, sumando el apoyo de los partidos Liberal, de La U y conservadores. Esto le permitía controlar más del 70 % de ambas cámaras.

Hoy ya no existe ese bloque. Hace un mes, tras los peros de esas tres colectividades a los proyectos de reforma a los sistemas de salud, pensional y laboral, el presidente Gustavo Petro dio por terminada la coalición, retirando incluso a los ministros que se consideraban cuotas directas de dichos partidos de centroderecha. De hecho, La U y los conservadores ya se declararon partidos independientes, no así los liberales, aunque se da por descontado que ya no son socios del Ejecutivo, más aún por las fuertes críticas del jefe único de las toldas rojas, el expresidente César Gaviria, a las políticas de la Casa de Nariño.

Primer tramo muy positivo

La ruptura de la coalición ha sido el principal freno a la productividad legislativa. Prueba de ello es que durante el primer tramo de la legislatura el Gobierno pudo sacar avante en Senado y Cámara proyectos de mucho calado, como la reforma tributaria más alta de la historia (80 billones de pesos), el Presupuesto General de la Nación para 2023, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación del Ministerio de la Igualdad y la reforma a la Ley 418, base a la política de “paz total” del Ejecutivo. A ello se suma que avanzaron actos legislativos como el de reforma política, prohibición del fracking, creación de la jurisdicción agraria y la autorización para el uso recreativo de la marihuana en adultos, entre otros.

El dominio político fue casi total, incluyendo negar una moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez, por sus confusos anuncios sobre política de hidrocarburos. Incluso, la suerte acompañó a la coalición porque el excandidato presidencial y senador Rodolfo Hernández, llamado a ser el jefe de la oposición ‒asumiendo la vocería de los 10,5 millones de votos antipetristas‒, renunció al Congreso en octubre y salió del radar de la política nacional para ir a buscar una eventual candidatura a la alcaldía de Bucaramanga o la gobernación de Santander.

Lo cierto es que, en ese segundo semestre del año pasado, el Gobierno tuvo muy pocos reveses en el Congreso, más allá de los continuos rifirrafes con el Centro Democrático, única colectividad en la oposición entonces. Asimismo, algunos brotes de rebelión al interior del Pacto Histórico, así como de inconformismo de la Alianza Verde por temas como las listas cerradas y bloqueadas en el proyecto de reforma política, lograron ser neutralizados o, al menos, ‘metidas al congelador’.

De hecho, no pasaron a mayores algunas diferencias con los liberales, La U y conservadores. Al final, en la reforma tributaria el Gobierno se vio obligado a morigerar algunas propuestas impositivas drásticas, en tanto que falló en su intento de avanzar algún tipo de beneficio directo y automático a los integrantes de la llamada ‘primera línea’ procesados penalmente.

Como se ve, el rendimiento del Legislativo para el Gobierno fue superlativo. Incluso, tanto el presidente del Senado, Roy Barreras, como el ministro del Interior, Alfonso Prada, fueron considerados las ‘estrellas’ en materia de articulación política y parlamentaria.

Cambio de tercio

Vendría el 2023 y confiado en lo que había ocurrido en ese primer tramo de legislatura, el Gobierno decidió poner toda la carne sobre el asador: radicar las principales reformas, empezando por las de salud, pensional y laboral, junto a los proyectos para ir viabilizando el plan de paz, específicamente los de “humanización carcelaria” y el de sometimiento a la justicia de bandas multicrimen, como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’. El optimismo era tal que anunció para el segundo semestre otras iniciativas clave como la agraria, de transición energética y ambiental.

Sin embargo, desde el día 1 de este año el panorama legislativo se le empezó a complicar al Gobierno. De un lado, renunció el senador Gustavo Bolívar, el petrista más beligerante y principal escudero presidencial en el Congreso.

Luego vino el asunto más grave: si bien el Ejecutivo había anunciado que los textos de las reformas serían socializados y concertados, tanto con distintos sectores del país como con los partidos de la coalición, poco avanzó en ese sentido. Ese terminaría siendo un craso error, quizá el más lesivo cometido por la Casa de Nariño, ya que en cuestión de semanas complicó no solo el rumbo de la legislatura, sino que rápidamente fracturó la coalición mayoritaria, sumiéndola en crisis que comenzaron en febrero, se agravaron en marzo y se tornaron irreversibles a finales de abril, cuando se rompió definitivamente.

De hecho, la no concertación de las reformas también generó un clima de inestabilidad gubernamental, al punto que el 27 de febrero se produjo una primera crisis ministerial (saliendo tres titulares de cartera, incluido Alejandro Gaviria) y el 26 de abril devino la segunda (con siete relevos, incluidos los ministros que eran cuota de los partidos Conservador y de La U, en tanto que los que se consideraban liberales, siguieron a título personal).

A ello se suma que las ‘estrellas’ del primer tramo de la legislatura no terminarán el segundo: Prada salió en el segundo remezón ministerial y a Barreras el Consejo de Estado le anuló a comienzos de mayo su elección por incurrir en doble militancia.



¿Entonces?

Visto todo lo anterior se entiende por qué este segundo tramo de legislatura, que termina el 20 de junio, pero es seguro que habrá sesiones extraordinarias hasta final de mes o la primera semana de julio, ha sido tan crítico.

Aunque se está trabajando desde el 7 de febrero (cuando se citaron las primeras extras), a hoy la reforma a la salud apenas superó su primer debate el martes pasado. De la laboral solo se vino a rendir ponencia una semana atrás en la Comisión Séptima de Cámara, en donde venía haciéndole cola a la primera iniciativa. La pensional está en la Séptima de Senado y todavía no tiene ponencia para primer debate.

En el mejor de los casos, la de salud sería la única que podría ser aprobada este remate de legislatura. Sin embargo, tanto esta iniciativa como la pensional y laboral tienen fuertes peros de La U, conservadores, liberales, uribistas y Cambio Radical (que en marzo se declaró en oposición), lo que hace muy complicado su avance, salvo que el Gobierno decida concertar, voluntad que poco ha demostrado y, por el contrario, lo que ha buscado es dividir a las bancadas de las tres primeras colectividades.

Los proyectos de “humanización carcelaria” y de sometimiento a la justicia tampoco han salido de primer debate, afrontando, además, mucha oposición, sobre todo por la crisis en los acercamientos de paz con grupos residuales de las Farc, el Eln y el ‘Clan del Golfo’.

A ello hay que sumar que en la tercera semana de marzo el Gobierno se vio obligado a hundir la reforma política, debido a que su propia bancada la vició con varios artículos polémicos, generando, además un cisma con los verdes.

Los proyectos de prohibición del fracking, jurisdicción agraria o de marihuana en adultos van avanzados, pero ya tienen encima la cuenta regresiva. Las reformas constitucionales deben evacuarse antes del 20 de junio y no en extras. Tampoco se ha aprobado la adición presupuestal por más de 25 billones de pesos.

De esta forma, salvo las negativas a las mociones de censura contra los ministros Álvaro Leyva, Irene Vélez e Iván Velásquez, y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (en cuyo trámite no pocas propuestas gobiernistas fueron hundidas por el bloque partidista opositor e independiente), la productividad de esta legislatura no ha sido la mejor. Ni siquiera han avanzado suficientes proyectos para reducir salarios o recortar las vacaciones de los congresistas, pese a que todas las bancadas decían apoyar esos temas.

Por ahora, solo resta esperar si en las tres semanas largas de sesiones ordinarias y las extras subsiguientes habrá salvavidas efectivos a muchos proyectos de ley y acto legislativo. A hoy el panorama es complicado para un Gobierno sin mayorías y poco dado a concertar en los temas gruesos de la agenda congresional.