Estas serían las condiciones que debería tener el decreto por medio del cual el Gobierno volvería a apelar al Estado de excepción para afrontar la crisis generada por el coronavirus

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El país ya está en cuenta regresiva para que el Gobierno decrete el segundo Estado de Emergencia para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

Como se sabe, el primer decreto se emitió el 17 de marzo y estuvo vigente hasta el 15 de abril. A su amparo se expidieron 72 decretos con fuerza de ley.

Si bien, algunos sectores pidieron que se prolongara ese Estado de Emergencia, el Gobierno consideró que no era pertinente hacerlo y que lo mejor era dejar pasar algunos días para ver cómo evolucionaba la situación, especialmente, la curva epidemiológica y luego, volver a decretarla si se llegaba a requerir.

El artículo 215 de la Constitución señala que solo se pueden decretar tres de estas emergencias al año, “cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213” de la Carta “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por periodos de hasta de 30 días, que sumados no podrán exceder 90 días en el año calendario”.

Este es uno de los argumentos del Gobierno para ser cauteloso con esta figura.

¿Cuál debe ser el énfasis?

Según los expertos, serían cuatro los énfasis de esta nueva figura.

El primero será reforzar el operativo sanitario en vista que en la última semana la curva de contagios y el promedio diario de muertos aumentaron, a tal punto, que al cierre de esta edición había 7.006 casos confirmados con 499 nuevos casos y 314 fallecidos de los cuales 21 se dieron el pasado 1 de mayo. En este orden de ideas, el objetivo sería reforzar los operativos sanitarios aún más, en las regiones en donde se hace evidente que faltan camas de cuidados intensivos, donde hacen falta elementos de bioseguridad para los médicos y presentan problemas de cobertura hospitalaria.

De hecho, hay regiones que preocupan, en Amazonas ya son 105 los casos y 7 los muertos, siendo el departamento con la mayor proporción de casos por cada millón de habitantes, lo preocupante con el departamento es que no tiene una infraestructura robusta.

En otro punto de la extensa frontera colombiana –Ipiales, Nariño, que limita con el Ecuador– también hay problemas. En ese departamento, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se han presentado 154 contagios y 8 fallecidos, de los cuales al menos 54 se presentan en el municipio fronterizo.

Según le dijo el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota a EL NUEVO SIGLO el pasado 30 de marzo, “nosotros aquí tenemos una frontera muy extensa, solo en Ipiales nos corresponden 136 kilómetros de frontera. Nosotros, como frontera, recibimos a todos los venezolanos que se fueron tanto a Perú como a Bolivia y regresaron porque no les fue bien y ahora, están llegando a Tulcán. Como no pueden usar el puente internacional pasan por los pasos irregulares. Además, somos receptores de aquellos venezolanos que quieren llegar a la frontera del lado colombiano, aquí se concentran del lado colombiano y ecuatoriano. Nuestra capacidad está desbordada”.

Según pudo averiguar este Diario, un segundo elemento de esta emergencia estaría dirigido a reforzar el plan de reactivación económica, sobre todo en agilizar los créditos para las empresas, los nuevos mecanismos para evitar la pérdida de empleos y la posibilidad que el Gobierno llegue a subsidiar directamente una parte de los pagos de las nóminas de muchas empresas que pese a los auxilios no tuvieron como pagar la última quincena de abril.

De hecho, el senador Álvaro Uribe propuso, desde la Comisión Séptima, que el Banco de la República cubra los sueldos de alrededor de 7 millones de trabajadores, al menos para los dos primeros salarios mínimos.

La propuesta de Uribe fue más allá, sugiriendo que deben existir créditos del 90% y hasta del 100% de garantías por parte del Estado para los sectores económicos que tardarán más tiempo en recuperarse, como es el caso del sector turístico y hotelero.

Un tercer punto que tendría el decreto, según conoció este Medio por parte de las altas esferas gubernamentales, tocaría temas muy puntuales, en los que la situación se ha puesto cada vez más crítica. El principal de ellos es el carcelario, por el aumento de los brotes en los penales. El más preocupante hasta ahora se presentó en Villavicencio. Según las autoridades al menos 273 internos habrían resultado infectados. Sin embargo, ya se presentan casos en otras penitenciarías como La Picota y La Modelo.

El 15 de abril, el Gobierno expidió el Decreto por medio del cual permitía la salida a prisión domiciliaria de cerca de 4.000 reclusos que cumplan ciertas condiciones: Personas con más de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, pacientes con enfermedades graves, discapacitados, condenados a 5 años o menos de prisión y todos aquellos que hayan cumplido el 40% de su pena. Este decreto sería necesario ampliarlo para evitar focos de contagio.

Por último, el decreto también tendría que contemplar las nuevas fuentes de recursos para financiar la crisis. Allí se presentan dos vías: acudir nuevamente a la banca multilateral, cuyos préstamos no se hacen fáciles debido a que los recursos son escasos y la volatilidad es grande, o recurrir al Banco de la República con un préstamo directo al Estado. Todo esto con el fin de evitar una quiebra generalizada de las empresas.

Según conoció este Diario la decisión de declarar la segunda emergencia ya está tomada.

Fuentes de la Casa de Nariño dijeron el jueves, que el borrador de decreto ya estaba listo y se estaban recogiendo las firmas de los ministros para su expedición la próxima semana.