Tres desafíos electorales le esperan a la Corte

Foto archivo El Nuevo Siglo

La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y como consecuencia solicitó al presidente Iván Duque Márquez la conformación y envío de la terna de postulados para llenar esta vacante.

En lo que resta de este año el alto Tribunal también participará en el proceso para la elección del Registrador Nacional y el Auditor General de la República.

Es decir que en apenas siete meses la Corte Suprema tendrá que estar presente en tres procesos eleccionarios, poniendo de nuevo a prueba su función electoral con la cual ha tenido en varias oportunidades problemas por el tiempo que le ha tomado adoptar las decisiones, tanto para llenar sus vacantes, presentar ternas, como incluso, en la elección que tiene que hacer del Fiscal General.

Lo que se presenta en este momento es una coyuntura porque para todos fue una sorpresa la intempestiva renuncia del fiscal Martínez Neira después de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) decidiera otorgar la garantía de no extradición al desmovilizado de las Farc, ‘Jesús Santrich’, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por presuntamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína.

El periodo de Martínez iba hasta el 1 de agosto de 2020, por lo cual su intempestiva renuncia obliga una elección en la Corte Suprema que no tenía entre sus cuentas este año, la cual se suma como se dijo, a que tendrá que conformar una terna y enviarla al Consejo de Estado para que elija Auditor General de la República, pues el periodo de dos años de Carlos Hernán Rodríguez Becerra vence el próximo 27 de septiembre.

En tanto que el próximo 4 de diciembre finalizará el periodo de cuatro años del registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha. El nuevo titular del cargo será elegido por los presidentes de las altas Cortes: Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Función electoral

La función electoral que estableció la Constitución a las altas Cortes ha sido materia de discusión, ya que algunos consideran que distrae su función eminentemente judicial. Por ello en la frustrada reforma de la rama que presentó la administración Duque se propuso suprimir esta tarea.

La función electoral en las altas Cortes es más que el ejercicio puramente mecánico de votar en sala plena para llenar una vacante, conformar una terna o elegir un alto dignatario, pues sin duda genera tensiones entre los bloques de magistrados que por lo general se conforman en estos procesos, y en donde posturas ideológicas e incluso intereses personales que se pueden mover debajo de la mesa en ocasiones dificultan tomar una decisión.

Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la Corte Suprema con la elección de su Presidente y Vicepresidente para el presente año, pues apenas el pasado 29 de abril logró escoger a los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Jorge Luis Quiroz Alemán, respectivamente, porque en las múltiples votaciones que adelantó su Sala Plena durante cuatro meses no se alcanzó el consenso suficiente alrededor de un nombre para obtener la mayoría de 16 votos de los 23 togados que la integran.

Mientras que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional eligieron sus respectivos Presidente y Vicepresidente en enero pasado.

Lo sucedido en la Corte este año con la elección de su Presidente tiene una explicación al alcance de la mano: en la actualidad apenas cuenta con 18 de los 23 magistrados que lo componen, pues no se han llenado las vacantes de juristas que han salido por finalizar su periodo, así como se suma la situación de Gustavo Malo, quien se encuentra suspendido de su cargo pues en la actualidad afronta un juicio por presuntos actos de corrupción.

Es decir, que como están las cosas, para alcanzar la mayoría en las votaciones en la Corte Suprema se requiere casi que total consenso, pues es la única manera de alcanzar 16 de los 18 votos posibles en estos momentos.

No obstante, en baja voz no faltaron quienes consideraron que también dificultó a los magistrados de la Corte Suprema ponerse de acuerdo acerca de un nombre, un supuesto interés de algunos de poner a uno de los suyos en el cargo de presidente para que con sus pares del Consejo de Estado y la Corte Constitucional participe en la elección en diciembre de Registrador Nacional.

Tras la elección de su Presidente y Vicepresidente para este año la Corte Suprema de Justicia tiene también pendientes nuevas votaciones para llenar cinco vacantes de magistrados que hay en este momento: en la Sala Penal para reemplazar a Fernando Castro y a José Luis Barceló; en tanto que en la Laboral a Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos, y una más en la Sala de Instrucción, que no se ha llenado desde que esta se creó.

Antecedente

La elección en 2010 de Vivian Morales como fiscal general, quien sucedió a Mario Iguarán, fue un trago amargo para la Corte Suprema porque como pasaban los días y no lograba alcanzar la mayoría de 16 votos alrededor de uno de los nombres de la terna, decidió modificar su reglamento para esa ocasión específica y elegirla con 14 votos de 18 magistrados actuantes.

Sin embargo, posteriormente el Consejo de Estado anuló este acto porque dicha votación no representó las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación.

 

Plantean modificar reglamento

El director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, propuso en EL NUEVO SIGLO que “la solución pensamos tiene varios remedios, el primero de ellos: la Corte Suprema está en mora de reformar su reglamento como ya lo hizo el Consejo de Estado, a efectos de flexibilizar las mayorías para que este tipo de elecciones se pueda hacer de manera ágil y oportuna”.

“Lo otro es establecer mecanismos automáticos de selección de los dignatarios, como por ejemplo lo hace la Corte Constitucional, en la cual ya se sabe que el Vicepresidente en el siguiente año va a ser el Presidente”, añadió.