La Contraloría General de la República decidió abrir una investigación fiscal por un presunto daño patrimonial por más de US$615 millones (unos $2,4 billones) que se habría dado como resultado de un negocio que realizó Ecopetrol en el Perú, al comprar a finales de 2008 el 50 por ciento de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte International Group (OIG) y vender la misma en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra.
El 29 de diciembre de 2008, Ecopetrol, junto con Korea National Oil Corporation – KNOC-, una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Corea, suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Offshore Exploration and Production LLC –OEP-, mediante el cual Ecopetrol y KNOC adquirieron en partes iguales el total de las acciones representativas del capital social de Offshore International Group Inc. –OIG- (cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú).
El Precio de Compra en Efectivo ascendió a la suma de US$992.180.848, de los cuales Ecopetrol pagó en febrero de 2009 la suma de US$496.090.424.
El 22 de febrero de 2011, Ecopetrol y KNOC realizaron cada uno pagos adicionales por la suma de US$145.884.191,11 por este concepto.
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El 19 de enero de 2021, Ecopetrol informó a través de un Comunicado de Prensa que, mediante la suscripción del contrato de compra venta de acciones, entre Ecopetrol y KNOC actuando como vendedores y Z Mining Investments LLC., una de las compañías filiales de DeJong Capital LLC., en su calidad de comprador, se perfeccionó la enajenación de la totalidad de la participación de ECP y KNOC en el capital de la sociedad Offshore International Group Inc. -OIG-, en la cual Ecopetrol tenía una participación equivalente al 50% del capital social.
En el comunicado referido, Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría General de la República, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso.
Luego de terminada esta Indagación, la Contraloría ha decidido abrir un proceso de Responsabilidad Fiscal, para que los directivos de la Estatal Petrolera den cuenta por sus acciones o decisiones en este proceso.