AUNQUE en esencia contiene los derechos sociales que los chilenos reclamaron tras las violentas protestas de 2019, la nueva Constitución de Chile, cuyo borrador se divulgará este lunes, parece encaminarse al fracaso.

A más de dos años de los mencionados estallidos en varias ciudades del país, donde el alza en el pasaje del metro actuó como detonante para una juventud que exigía cambios reales, y tras mayoritario respaldo en el plebiscito sobre una Carta Política y la elección de los constituyentes encargados de escribirla, el desencanto con el nuevo texto -sin conocerse completamente- lleva semanas ‘in crescendo’, temiéndose que no sea aprobado en las urnas el próximo septiembre.

Por disputas internas, la desconfianza con los convencionistas constitucionales fue aumentando con el paso de los días y a los pocos meses de que iniciaran, en abril del año pasado su trabajo. A ello se sumó la evidente falta de conocimiento de la gran mayoría de ellos frente a la envergadura de la labor que se les encomendó y el alejamiento con los ciudadanos, impidiendo tomar el pulso real de lo que buscaban consignar en el anhelado cambio de la Carta Fundamental para dejar atrás la vigente, promulgada bajo el gobierno de Augusto Pinochet, a la que han culpado de “todos los males” que aquejan la nación.

Así este lunes entregarán a la Comisión de armonización el borrador de la nueva Carta que excede los 400 artículos y que, según analistas, contiene temas irrelevantes por lo que ya muchos hablan de la “Constitución que no quieren los chilenos”.

La mayor novedad de la misma está en su artículo primero que reza: "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza". 

De esta forma consagra un "catálogo de derechos sociales" ausentes en la Constitución vigente, a saber: salud pública y universal, educación gratuita y de calidad; mejores pensiones, acceso a la vivienda y al agua.

Para Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales, "el lema de la Constitución de 1980 es soluciones privadas para problemas públicos. Es hostil a la acción estatal en la economía y en la provisión de derechos sociales".

Sin embargo, tanto abogados como politólogos han lamentado que se haya hecho una Constitución con puntos que no eran necesarios y, en cambio, dejaron otros de vital importancia.

"Es un texto adecuado que contiene muchas cosas, pero nada que no esté en otras Constituciones; no están otros paradigmas constitucionales. Nada de lo que está ahí sale de la norma internacional", explicó a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.

Pero Marcela Cubillos, integrante de la Convención, militante de derecha que hizo campaña por el rechazo al cambio constitucional, da por perdida la oportunidad de haber podido elaborar "una Constitución para Chile que una y no segregue".

Además del "Catálogo de derechos sociales" con un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y una pensión, el texto establece un nuevo ordenamiento del sistema político y de justicia, junto a una nueva forma de distribuir el poder en gobiernos regionales. 

En función de un principio de "pluralismo jurídico", "reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas", pero determina que será la ley general la que fijará la competencia de estos tribunales.

También prevé la reorganización del Poder Judicial, a través del Consejo de la Justicia, un órgano "de carácter autónomo, técnico y plurinacional" cuya principal labor será fortalecer la independencia de los magistrados.

Christian Viera, abogado que coordinó la Comisión de justicia, explicó que la unidad jurisdiccional "es un principio básico del derecho, que supone que a la cabeza de todos los tribunales de justicia hay una última palabra que define todo".

Le puede interesar: Perspectivas. El calvario de Glib: herido, apresado y...canjeado

Todos ellos coinciden en que, en la discusión, a veces áspera, entre los 154 convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar el 4 de julio de 2021, quedaron afuera propuestas como la reelección presidencial, el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería. 

La Comisión que recibe este lunes el texto se encargará de revisar uno a uno los artículos y velará por su coherencia, pero sin cambiar lo aprobado. El 4 de septiembre los chilenos decidirán en un referéndum con voto obligatorio si "aprueban" o "rechazan" la nueva Carta Magna.

Y es aquí donde es alto el riesgo de que no vea la luz, según coinciden en señalarlo todas las encuestas.

El pasado 5 de mayo, la encuestadora Criteria señaló que un 39% rechazará la nueva Carta Magna, frente a un 31 por ciento que la aprobaría, mientras que las cifras de Data Influye, divulgadas el día inmediatamente anterior, fueron 46%-37% a favor de la no aprobación y, una semana antes, Cadem ubicó dichos guarismos en 46% y 40%, superando por primera vez el rechazo al apoyo.

Eso en cuanto al llamado plebiscito de salida, es decir el del 4 de septiembre cuando los chilenos definirán en las urnas sobre el texto constitucional.

Pero, Data Influye también reveló otras cifras que agitaron el ambiente político, como que el 53% de los 1.651 ciudadanos mayores de edad encuestados entre finales de abril y comienzos de éste consideraron que la redacción de la Nueva Constitución influyó negativa o muy negativamente en la convivencia social del país, el 25% cree que ha influido positiva o muy positivamente mientras que el 22% dice que no ha tenido ninguno de esos efectos.

De igual forma roza el 50% los que tienen poca o ninguna confianza en que se logre una Constitución que se aprobada por la mayoría del país.

Pese a estos preocupantes porcentajes, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constituyente se muestra confiado en que a medida que se conozcan los artículos y sus “alcances”, dichas tendencias van a revertir.

Congreso, aborto, agua

A diferencia de la actual Carta Fundamental, con un Poder Legislativo bicameral, la nueva propuesta elimina al Senado y lo reemplaza por una Cámara de las Regiones.

Según Jordán y otros expertos, el funcionamiento en dos cámaras impedía que las reformas se tramitaran adecuadamente.

En el rubro ambiental, el nuevo texto "garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible" y prohíbe que su propiedad caiga en manos de privados, como sucede actualmente.

"Chile es el único país del mundo cuya Constitución consagra el derecho de propiedad del agua a un privado", dijo Rodrigo Espinoza, analista económico de la Universidad Diego Portales.

"El cambio más profundo es en la forma de administrar los bienes naturales comunes", complementó Jordán.

Si bien no menciona la palabra "aborto", como se habría esperado dada la mayoría izquierdista en la Convención y el gobierno de dicha tendencia del joven Gabriel Boric, el nuevo texto propone que el Estado deberá brindar "las condiciones para una interrupción voluntaria del embarazo".

Los convencionistas aseguran que este texto es realmente la salida al reclamo de mayor justicia social en el país, que consideran extremadamente desigual. Y citan, como ejemplo de ello, que sólo en 2021, el patrimonio de los chilenos más ricos representó el 16,1% del PIB, según estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A un poco más de tres del plebiscito de salida, tanto los redactores de la Carta como el presidente Boric, cuya desaprobación también sube, confían en que los chilenos al conocer su contenido se convenzan que esa es la génesis del cambio y así lo avalen mayoritariamente en las urnas. Solo así se cumplirá el lema de hace dos años, cuando las protestas: la historia la escribe el pueblo.