* ¿Colombia, país importador?

* Cuando las cifras son más que dicientes

Como bien lo dijo anteayer el director de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, Colombia se encuentra en un punto de inflexión en el tema petrolero. Inclusive, podría añadirse al respecto que una de las realidades derivadas de la guerra en Ucrania consiste en que, si bien el mundo avanza gradualmente hacia la transición energética, como debe ser, este es un proceso al que todavía falta mucho trecho por recorrer.

De hecho, para nadie es secreto, por otra parte, que en medio de la reactivación económica pospandemia muchos países vienen aumentando la demanda energética, pero esta aun no puede ser sustituida por las recomendables alternativas eólicas y solares, cuya oferta es muy baja. Ello explica por qué Europa no ha procedido a un veto absoluto del suministro gasífero y petrolero de Moscú.

Bajo esa perspectiva, la ACP hizo un análisis sobre los dos escenarios que le esperan al país en la materia. En el primero, dirigido a sostener la exploración y producción de crudo y gas, esta industria le generaría ingresos a la Nación por 105 billones de pesos en los próximos cuatro años y 227 billones hasta 2032, supliendo una parte considerable de los ingentes recursos que requiere el país para fondear los programas sociales y profundizar la lucha por la superación de la pobreza.

En la misma dirección, estos recursos también permitirían fortalecer el sector, compuesto por más de 500 empresas -entre operadoras y contratistas de bienes y servicios-, además con presencia en cerca de cien municipios y 19 departamentos, en donde se emplean 95 mil personas. Incluso, en solo regalías (elemento clave de financiación regional y local) se prevé un aporte de 38 billones pesos durante el próximo gobierno y de 80 billones en la década. Y todo ello se haría o tendría que hacerse obligatoriamente bajo las más estrictas reglas ambientales y los preceptos ineludibles del desarrollo sostenible.

El segundo escenario, en el que el objetivo sería debilitar el renglón de hidrocarburos y producir la transición energética a marcha forzadas, eliminando de un palmo el cronograma correspondiente, el estudio advierte que el país perdería su autosuficiencia energética en menos de una década. Semejante panorama catastrófico llevaría, asimismo, a importar gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028, abriendo un gigantesco hueco fiscal. Lo que, en efecto, repercutiría en una menor capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, ampliar la infraestructura y desarrollar el país en general, mientras que se empujaría la inflación de forma permanente sin el Fondo de Estabilización.

No sobra reiterar que Colombia, sin para nada ser una potencia en la materia, es un país productor de petróleo, carbón y gas en proporciones que le permiten su autosuficiencia y exportar los excedentes. De suyo, la semana pasada el DANE reveló el dato de exportaciones a marzo, señalando que estas ascendieron a casi cinco mil millones de dólares, un aumento de casi 47% en comparación con un año atrás. De ese incremento sustancial el 85% se debió al renglón de combustibles, lo que evidencia el peso determinante de los productos minero-energéticos en nuestra canasta exportadora. Se prevé que dados los altos precios internacionales de estos renglones desde que comenzó la invasión rusa, el desempeño para abril y mayo será más positivo.

Tras el duro impacto de la pandemia en nuestro país, resulta claro que una parte importante de las divisas, impuestos y regalías derivadas de esta industria tuvo un rol fundamental para asistir a la población más vulnerable y golpeada por la crisis sanitaria. En solo transferencias monetarias a más de 11 millones de hogares pobres ese valor llegó a los 28 billones de pesos.

En esa dirección, romper improvisadamente el esquema petrolero colombiano no solo sería un acto populista, afectando directamente a los más necesitados, sino que es una propuesta tan contradictoria que incluso ha sido criticada por dirigentes latinoamericanos, como ocurrió días atrás con el exmandatario izquierdista brasileño y de nuevo candidato presidencial, Inácio Lula Da Silva, quien la tildó de inviable e irreal.

No es para menos. Adoptar una propuesta de esa índole, no solo se trataría de una nefanda adhesión a la demagogia, sino que ante todo significaría votar por el empobrecimiento del país e imponer un gran obstáculo a la mejoría de los más vulnerables. Exactamente lo contrario de lo que hay que hacer.