* Relevo en el Ministerio de Hacienda
* La delicada situación del país
No es la primera vez en los tiempos recientes que se retira una reforma del seno del Congreso, como ocurrió ayer con el proyecto de Sostenibilidad Fiscal por parte del presidente Iván Duque en medio de la protesta social y un caldeado ambiente de orden público. Así también había ocurrido con reformas durante los gobiernos precedentes, en los casos de iniciativas que suscitaron paros camioneros por leyes de fletes y chatarrización, modificaciones a la educación superior que generaron grandes marchas estudiantiles o cambios estructurales en la justicia, que también fueron motivo de arduos debates y movilizaciones.
El país todavía recuerda el paro agrario por el incumplimiento de acuerdos y a este se sumaron múltiples sectores luego de que desde la Casa de Nariño se ninguneara la protesta campesina.
Desde hace bastante tiempo es claro que hoy no es posible gobernar sin tener en cuenta ese factor esencial de la participación ciudadana en las calles, por cuanto ya no es suficiente con pensar que la democracia se reduce al día de las elecciones y la representatividad política derivada. De hecho así viene ocurriendo en diferentes partes del mundo desde que aparecieron las denominadas redes sociales, que tuvieron su primera expresión en lo que entonces se denominó la “primavera árabe”. Esto quiere decir que la democracia contemporánea es un ejercicio constante, en la que el gobernante debe tener una sintonía permanente con los gobernados.
Como se dijo desde un principio, proponer una reforma tributaria por la estruendosa cifra de 25 billones de pesos, en medio de la drástica situación que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus, resultaba un gigantesco error de cálculo político, agravado por la falta de concertación previa. Mucho más sin mediar al menos una socialización adecuada a la opinión pública y al propio Congreso.
En ese sentido, no solo faltó, como también dijimos, una pedagogía atinada, sino que no se dio ni siquiera la debida explicación de las conclusiones a que había llegado la comisión de expertos nombrada por el Gobierno y sobre cuyos resultados existía gran expectativa en el país.
Finalmente, la dicha reforma tributaria se presentó con una colosal cantidad de variables, que no guardaban concordancia con lo esencial: conseguir los apremiantes recursos para el componente social, fruto de las necesidades financieras del Estado a fin de paliar en lo posible el impacto de la pandemia, las cuarentenas y el desempleo en los sectores más vulnerables del país. Fue por ello, justamente, que propusimos de inmediato desglosar la reforma de todo lo demás y concentrarse en los elementos de las transferencias económicas para los colombianos más golpeados. No sin advertir, desde mucho tiempo atrás, que el país necesitaba un acuerdo nacional que congregara a las fuerzas políticas en torno de ese propósito conjunto.
Ahora el Gobierno ha retirado la reforma del Congreso, señalando que espera llegar a consensos entre las diferentes fuerzas políticas para lograr la financiación del aludido componente social, y presentar un nuevo articulado. Sin embargo, tememos que no será fácil puesto que parecería claro que el Ejecutivo ha perdido la iniciativa y debe recuperarla a partir de un nuevo liderazgo. En ese caso, resulta evidente que el Ministro de Hacienda ya quemó sus naves y que al menos en ese aspecto se requiere de una renovación inmediata en esa cartera si en verdad se pretende conseguir la mayor voluntad política posible en procura de mantener y acrecentar los programas de asistencia social.
Aun así y en el entendido de que en modo alguno es posible desamparar a los más vulnerables, el Gobierno debe tener a la mano un “plan B”. Si el nuevo proyecto no prospera tendrá, entonces, que pensarse en algunas de las alternativas que ya han sido presentadas desde los diversos flancos. Entre ellas, como se sabe, están la de acudir a más endeudamiento, buscar un crédito-puente del Banco de la República, aplazar el cronograma de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), acelerar el plan de venta de activos, redefinir las inversiones del presupuesto nacional y profundizar el recorte del tamaño del Estado.
No obstante, cualquiera sea la solución, no se puede dejar de lado el aditamento de la política como instrumento de concertación. El balón ahora está en manos del Congreso.
De otra parte, mientras el país todavía vive el impacto de los sucesos de los últimos días, en los que al lado de la protesta social se han producido vandalismo y protervos casos de violencia, es menester que el Estado haga un diagnóstico exacto y concreto de todo lo acontecido, ya que predomina la confusión y el cruce de graves acusaciones por las muertes y agresiones. De hecho, el Ejecutivo denunció que hubo infiltración de fuerzas con propósitos desestabilizadores y anárquicos. La ciudadanía merece una información puntual y diáfana, como es fundamental en el ejercicio irrevocable de la autoridad y el orden legítimos.