Un mes largo después del desastre de la Registraduría en el manejo de los procesos de votación, de preconteo y de escrutinio del 13 de marzo, se pretende convertir la debacle en comedia con epílogo que borre las huellas de incompetencia del registrador Vega y tranquilice una ciudadanía atribulada por un sentimiento de aguda desconfianza en el proceso electoral en curso.

Nunca antes habíamos vivido una situación tan angustiosa, que ha impedido que al día de hoy conozcamos la composición del Congreso, todavía pendiente de escrutar más de un millón y medio de votos no registrados en el preconteo, perturbada por la inocua designación y capacitación de jurados, dificultada por los diseños imperfectos de los formularios que muestran los resultados, y oscurecida por los misterios que rodean la solvencia técnica de los softwares contratados para la escogencia de los jurados y la transmisión, contabilización y consolidación de la votación.

Como no, entonces, considerar desvergonzada la aparición tardía del sigiloso registrador con un paquete de medidas principalmente cosméticas, que en nada corrigen la deficiente capacitación de nuevos jurados, ni aportan idoneidad y transparencia en la recolección, transmisión y consolidación de los resultados, porque son carencias irreversibles originadas en la monumental incompetencia del funcionario

Muchas voces han advertido los inmensos riesgos que amenazan la elección presidencial que podría verse cuestionada y deslegitimada en una espiral de violencia, azuzada por la inmensa desconfianza que suscita la figura de Alexander Vega desde los prolegómenos de su designación, y confirmada por sus silencios y errático desempeño. Se monta un repudiable tinglado de farsa que se crece ante el atónito silencio de los partidos políticos y de una institucionalidad que no se convence de la inutilidad de las medidas anunciadas por Vega y aparece indiferente ante la tragedia anunciada. Mal augurio para la democracia que no necesita sumar a la suspicacia creciente que ronda al registrador y su gestión, la impotencia de quienes tienen mandato de conservarla, perfeccionarla, e impedir el naufragio que asoma.

Petro, desde el primer debate entre candidatos presidenciales, convocado por Semana y El Tiempo, advirtió que no respetaría un fallo ciudadano que no le fuera favorable, considerándolo un desenlace fraudulento, que sería resistido desde las calles en toda Colombia. Delineó una estrategia de deslegitimación del sistema electoral, ya perfilada desde el día de su derrota en junio de 2018, y que hoy incluye hasta la instrucción a sus testigos electorales de ordenar en las mesas de votación llenar todo con asteriscos, como lo confesó el propio Vega en reciente entrevista con RCN.

Existen los serios motivos de reincidencia de las faltas disciplinarias del registrador que contempla el estatuto disciplinario para autorizar medida cautelar de suspensión por la Procuraduría, única herramienta preventiva disponible hoy por el ordenamiento jurídico para la recuperación de la confianza ciudadana en el resultado electoral. La procuradora tiene el conocimiento y el carácter para tomar esa decisión y garantizar credibilidad en la elección presidencial. La institucionalidad y los partidos deben secundarla. Es lo mínimo que se espera de todos ellos.