Tras la polémica generada, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, decidió retirarle el aval al artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que les iba a permitir el traslado rápido de fondo de pensión a más de 170.000 personas que tenían más de 750 semanas cotizadas, el cual había sido aprobado en los primeros debates del proyecto.

Carrasquilla señaló que la iniciativa era “tremendamente inequitativa”, representaba un alto costo fiscal y, además, podía tener repercusiones en el mercado de capitales.

También hizo este anuncio tras una reunión que sostuvo ayer con los parlamentarios ponentes.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, afirmó que en la discusión se presentó un “largo debate en el que 90% de los ponentes estábamos de acuerdo con el artículo, nos parecía de justicia social”.

“Asofondos señaló esto como ‘mico’. Fue una expresión que rechacé”, agregó en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Cepeda afirmó que, al ser retirado el aval, el artículo fue eliminado de la ponencia. “En la Constitución de 1991 se señala que el Plan de Desarrollo y todas las leyes con impacto fiscal requieren obligatoriamente el aval del Gobierno nacional. De manera que, al retirarle el aval, el artículo constitucionalmente quedó sin piso y por eso no quedó en la ponencia”, sostuvo.

De acuerdo con el senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, el tema de las pensiones centró la mayor parte de la discusión de los ponentes con el Ministro. “Desgraciadamente para muchos de los que defendimos el artículo, el Gobierno retiró el aval. Eso es un costo político que les tocará asumir”, afirmó Castro.

El senador Mario Castaño, del Partido Liberal, indicó que el Gobierno tuvo que retirar el aval por “responsabilidad fiscal”. “Yo creo que estuvo muy mal que el Gobierno le haya dado el visto bueno inicialmente. El Congreso cumplió su papel en favor de la población. El Gobierno tiene que asumir el costo político de reconocer que no tenía la fuerza fiscal para que ese artículo hiciera tránsito”, manifestó.

Por su parte, el senador Miguel Amín, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), apuntó que “la intención era buena, pero económicamente no era viable”.

Ponencia será radicada hoy

Los senadores ponentes le manifestaron a este Diario que la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo será presentada hoy.

María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, afirmó que “ya hoy tenemos ponencia. Solo faltan un par de temas y mañana nos vamos a reunir en la subcomisión para definirlos”. Agregó que “la ponencia va a terminar con aproximadamente 343, 345 artículos”. Cifra que también indicó el senador Cepeda, quien señaló que, tras la radicación, el segundo debate del Plan de Desarrollo comenzaría el jueves.

La senadora Guerra finalmente destacó que el debate “fue un proceso constructivo, civilizado. Algunos se acogieron, otros no, pero eso es lo normal”.

Asofondos había denunciado ‘mico’

El lunes Asofondos había calificado el artículo ya retirado como un “orangután”, que entregaba un “regalo” para un reducido grupo de trabajadores de altos ingresos.

“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170.000 personas de altos ingresos”, afirmó Santiago Montenegro, presidente del gremio de aseguradoras de fondos de pensiones.

Según estimaciones de Asofondos, las personas que iban a ser cobijadas por la propuesta eran los trabajadores con ingresos que oscilaban entre cuatro y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas en promedio y edades superiores a los 53 años. “En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente gente que no necesita que se les subsidien sus pensiones”, dijo Montenegro.

De acuerdo con el dirigente gremial, el supuesto ‘mico’ iba “en contravía de los principios de equidad que inspira este Plan Nacional de Desarrollo y que deben inspirar las políticas públicas (…) Los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170.000 personas de altos ingresos”.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, había señalado previamente que la propuesta generaba “riesgos de financiamiento para el sistema pensional a mediano y largo plazos”.

Oposición presentó ponencia negativa

Los congresistas de la oposición presentaron ponencia negativa del Plan Nacional de Desarrollo. “El proyecto de Plan que tramita el Congreso por iniciativa del presidente Duque reúne de manera difusa y confusa, caótica para ser más claros, infinidad de materias sin orden lógico, ni equilibrio, ni proporcionalidades que las articulen”, señalaron los opositores.

Agregaron que “las prioridades del Plan no son claras, sus conceptos son vagos y vacíos de contenido”. De acuerdo con los parlamentarios, el articulado “desconoce la impresionante diáspora venezolana hacia Colombia y otros países del hemisferio a través de nuestro territorio (…) Ni lo considera en sus análisis de la situación del país, ni responde a la gravedad y complejidad de los problemas de vivienda, salud, educación, empleo y seguridad que crea”.

Afirmaron que las proyecciones de crecimiento del Plan Nacional de Desarrollo son “poco realistas y se basan en supuestos frágiles e inconvenientes”. “El Gobierno nacional espera que la economía crezca en promedio 4,1% anualmente durante los próximos cuatro años, meta muy por encima de las proyecciones realizadas por instituciones informadas como el Fondo Monetario Internacional y Fedesarrollo”, añadieron.

Inquietudes gremiales

Los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros también denunciaron la presencia de otro ‘mico’ que los afectaría directamente.

De acuerdo con José Yesid Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte Intermunicipal de Pasajeros, el artículo 104 pondría en manos de los municipios este sector del transporte, lo que a su juicio, afectaría a 20.000 propietarios que prestan ese servicio y aumentaría la informalidad.

El artículo 104 señala que para “garantizar las condiciones de accesibilidad y seguridad, y promover la formalización del servicio de transporte público, y garantizar a los pobladores los servicios de tránsito, el Ministerio de Transporte podrá crear zonas diferenciales para el transporte y el tránsito constituidas por un municipio y/o grupos de municipios , donde no existan sistemas de transporte cofinanciados por la nación, y cuya vocación rural o características geográficas, económicas, sociales, étnicas u otras propias del territorio impidan la normal prestación de los servicios de transporte o tránsito en las condiciones de la normativa vigente y aplicable”.

“Vemos con mucha preocupación la inclusión de un ‘mico’, en el artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo, que violaría los procedimientos de ley de áreas metropolitanas y las normas de ordenamiento territorial”, afirmó Rodríguez.