El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la sanción fiscal por más de 740 millones de pesos que la Contraloría le impuso al exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Mario Andrés Soto Ángel, por la aprobación de 14 contratos con miras a la ejecución de uno de los convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
El exfuncionario interpuso una demanda con el fin de ser absuelto de responsabilidad patrimonial, sin embargo, la corporación judicial negó la demanda.
Según el ente de control fiscal, el detrimento se produjo porque, pese a que el convenio estaba destinado a la tecnificación de los procesos productivos y la obtención de recursos para la transformación de las actividades agropecuarias en Colombia, como lo permitía la ley, se incluyó un objeto contractual distinto, la divulgación, difusión y promoción del programa AIS.
Para el organismo de control, Soto Ángel fue responsable de la gestión causante del detrimento patrimonial porque autorizó la celebración de convenios entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IIICA) y terceros ajenos al convenio, con propósitos distintos a los cuales fue aprobada la apropiación de los recursos.
La demanda señaló que a lo largo del proceso no se probó en qué consistió el daño patrimonial, sino que la entidad demandada se limitó a sostener que la gestión fiscal desempeñada por el Soto fue irregular y antieconómica.
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Para Soto Ángel el fallo fiscal tuvo lugar sin que hubiera daño patrimonial alguno sufrido por el Ministerio de Agricultura, una decisión que, para el exfuncionario sancionado, “produciría un enriquecimiento sin causa a favor del Estado”.
Según él, se dio un giro abrupto en el juicio fiscal al haberle imputado irregularidades inicialmente por su calidad de miembro del comité administrativo de los convenios y posteriormente por su condición de director de Comercio y Financiamiento del Ministerio; según él, la variación en el acto sancionatorio ha debido conducir a su absolución.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y confirmó que Soto debía asumir los costos de este proceso judicial. Por lo que el exfuncionario apeló expresando que no tuvo injerencia ni competencia en ninguna de las gestiones para divulgar el programa AIS.
El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinando que, aunque la sanción fiscal se ajusta a derecho, Soto debe ser absuelto de la condena que se le impuso para asumir los costos de este proceso judicial que se adelantó ante la jurisdicción.