* Segunda masacre en las últimas semanas

* Reincidencia delictiva y mensajes cruzados

Si bien es cierto que la situación de seguridad se ha venido deteriorando en no pocas ciudades y municipios, lo que sucede en Barranquilla es alarmante. El domingo en la noche, por ejemplo, se registró una nueva masacre, esta vez en un evento público en el barrio Villa Nueva, que dejó un saldo de cinco personas muertas y catorce más heridas. Es el segundo asesinato múltiple en lo que va corrido de este año. Ya a finales de enero otras cuatro personas murieron en un ataque de similares características: sicarios arriban en motos y abren fuego de manera indiscriminada.

Tras este nuevo caso las autoridades señalaron que una de las hipótesis era la posibilidad de retaliaciones entre bandas delincuenciales, en tanto que ofrecieron una recompensa millonaria por información que ayude a identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Como se dijo, las alertas sobre el accionar delincuencial en la capital del Atlántico y su área metropolitana están prendidas desde hace varias semanas. Autoridades locales, congresistas, empresarios y otros sectores políticos, económicos, sociales e institucionales han urgido al Gobierno nacional, las Fuerzas Militares y de Policía así como a los organismos de seguridad un plan de choque para hacerle frente a la escalada criminal, que no solo incluye este tipo de asesinatos colectivos, sino casos de sicariato, amenazas y una ola de extorsión sin precedentes en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y otros sectores del departamento.

Bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’, así como carteles del narcotráfico, facciones de microtráfico y otras organizaciones delincuenciales difusas estarían detrás de la delicada situación en una ciudad que, sin duda alguna, se convirtió en los últimos años en el principal polo de desarrollo productivo de la costa Caribe.

De hecho, el alcalde Jaime Pumarejo lanzó semanas atrás una estrategia de seguridad para hacer frente a la escalada delincuencial, partiendo de un aumento en el pie de fuerza policial, más inteligencia y un audaz programa de recompensas. Precisamente el jueves pasado se presentó un balance operativo y de acciones de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para seguir fortaleciendo la seguridad en Barranquilla. Según el reporte, en lo corrido de marzo se estaba registrando una disminución del 25% en homicidios en tanto que este 2023 se han duplicado los capturados por extorsión, entre otras cifras que comprueban la reducción en los principales indicadores del delito en la ciudad.

Pumarejo, en una queja recurrente en decenas de alcaldes en todo el país, llamó la atención de las instancias judiciales en torno a la cantidad de capturados o sindicados que terminan quedando en libertad o en casa por cárcel, pese a estar investigados por homicidio, extorsión, hurto y otros crímenes de alto impacto. “No puede ser que quien se robe un pan esté en la cárcel y quien asesina a alguien o es imputado por homicidio o extorsión pueda estar pagando su pena en la casa o pueda estar caminando por ahí”, denunció el mandatario.

Como lo hemos advertido en estas páginas no deja de llamar la atención que mientras los gobernadores y alcaldes lanzan alertas y urgen que se apliquen las normas penales y penitenciarias para frenar los índices de excarcelación de delincuentes reincidentes, el Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de “humanización carcelaria” que busca flexibilizar la legislación para disminuir los casos de aplicación de privación de la libertad y facilitar que los sindicados por una serie de crímenes de impacto puedan salir de prisión. A ello hay que sumarle que, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Ejecutivo sancionó una ley (tramitada por el anterior Congreso) que sustituye, con enfoque de género, las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad.

Paradójicamente los alcaldes de las principales capitales presentaron al Parlamento el año pasado un proyecto de ley que busca fortalecer la capacidad carcelaria, disminuyendo así los índices de hacinamiento, que hoy están en 21,4%. No pocos alcaldes han reiterado que el sobrecupo en las prisiones no se puede solucionar con el expediente facilista de flexibilizar las normas para favorecer la excarcelación y la detención domiciliaria de miles de delincuentes que, una vez fuera de las rejas, reinciden en su accionar ilegal y aumentan la victimización de la población.

Visto todo lo anterior, resulta imperativo que el Gobierno nacional asista con más contundencia el esfuerzo de las autoridades en Barranquilla. La sucesión de estas masacres evidencia que así como hay avances contundentes contra la criminalidad organizada y común, las amenazas continúan siendo grandes y graves.