Con la urgencia de atajar el déficit fiscal dejado por el impacto social y económico de la pandemia del coronavirus, el Gobierno comenzará esta semana en firme su lobby en el Congreso para presentar su tercera reforma tributaria en un poco más de dos años y medio de mandato.

Como se recordará, en 2018 impulsó la Ley de Financiamiento. En esta norma propuso una reducción gradual del impuesto de renta a 30% en 2020, y un descuento total del IVA por la adquisición de bienes de capital y descuento de mitad del ICA. Sin embargo, esta esta norma apenas estuvo vigente diez meses, ya que en octubre de 2019 la Corte Constitucional la tumbó por vicios de forma.

De inmediato el Ejecutivo impulsó otra reforma, esta vez llamada Ley de Crecimiento, que además de tener como como base el texto de la anterior reforma, incluyó la devolución del IVA para hogares vulnerables, los tres días sin IVA al año y una reducción en aportes de pensionados a salud.

Y ahora, tras el abultado déficit fiscal con que cerró 2020, casi de un 9%, se viene otra reforma. Según el Ministerio de Hacienda, este proyecto que se presentará en los próximos días, bajo el nombre de “reforma fiscal y social”, será el número 16 desde 1990. Pero según analistas consultados, si se tienen en cuenta los cambios tributarios, será la reforma número 48 en este siglo, todo un récord en materia económica. Esto quiere decir que cada 18 meses se presenta una reforma al país.

De acuerdo con los expertos, tal cantidad de reformas pone en evidencia la poca planificación en materia tributaria que hay en Colombia. Es claro que para los contribuyentes no debe ser nada fácil asimilar, cada dos o tres años, una nueva ley en materia de tributación. Es por eso que algunos estudiosos del tema aseveran que el sistema tributario colombiano, además de complejo, ineficiente e inequitativo, termina siendo inestable.

Según los analistas de Credicorp Capital, “hay un amplio consenso de que la última reforma tributaria (2018-2019) no fue suficiente para solucionar los problemas estructurales de las finanzas públicas, sobre todo después de la dilución del proyecto original en el Congreso”.

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Revisiones

La pandemia ha aumentado aún más la necesidad de medidas estructurales. En noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda revisó sus objetivos de déficit fiscal para 2020 (del 8.2% al 8.9% del PIB) y 2021 (del 5.1% al 7.6% del PIB), como resultado de unos efectos negativos de la pandemia más fuertes que lo anticipado

Indican los expertos que “los riesgos siguen siendo importantes para las cuentas fiscales este año en medio de la aún alta incertidumbre de la pandemia y la necesidad de obtener ingresos fiscales estructurales y comenzar a revertir, al menos en parte, los gastos especiales realizados en 2020 para manejar la covid-19”.

Sin duda ahora todos los ojos están puestos en la venta de la participación del Gobierno en ISA a Ecopetrol (51.4%) y la reforma tributaria que se va a presentar al Congreso.

En cuanto a la primera, sin duda la venta de ISA es necesaria para reducir el déficit fiscal este año, ya que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se incluyeron recursos de privatizaciones por el 1.1% del PIB.

Y sobre la segunda opción, ya el Ministerio de Hacienda ha confirmado que la reforma tributaria tendrá como objetivo aumentar los ingresos fiscales en un 1.5% del PIB, tras reconocer que una iniciativa por el 2% del PIB, según lo establecido en el Marco Fiscal, era ambiciosa.

Exenciones

Sin duda la eliminación de algunas exenciones fiscales sería el núcleo de la reforma, ya que representan un costo fiscal anual de 8% del PIB. Según varias declaraciones del titular de la cartera de Hacienda, la atención se centraría en las exenciones del IVA, que representan más del 80% de dichos costos.

Se espera en el Congreso una fuerte oposición a la propuesta de ampliación del IVA por parte de algunos partidos políticos, como ya ocurrió en 2018. Así las cosas, la pregunta clave es es si el aparente éxito del actual esquema de devolución del IVA dirigido a personas de menores ingresos, y que ahora sería ampliado, es suficiente para obtener los votos necesarios en Senado y Cámara para que pase la iniciativa impositiva.

“Creemos que es probable que se apruebe una reforma tributaria gradual que genere ingresos fiscales adicionales por 1% del PIB en 2022. Esperamos que la decisión final sobre la calificación soberana de las principales agencias se produzca entre el cuarto trimestre y el primer semestre del 2022 dependiendo del resultado de la reforma fiscal”, estiman los expertos de Credicorp Capital.

De otro lado, es importante que el Gobierno ordene los desequilibrios que existen en impuestos como el de renta e IVA, además de focalizaciones fallidas en varios rubros del gasto social, en especial en las pensiones. En primer lugar, la carga tributaria del impuesto de renta recae desproporcionadamente sobre las personas jurídicas y no tanto en las personas naturales.

Recaudo

El 80% del recaudo total corresponde a personas jurídicas y tan solo el 20% a personas naturales. Esto quiere decir que las empresas tienen una carga cuatro veces mayor que las personas naturales. Esa proporción es inversa a lo que sucede en la mayoría de los países, en especial los de mayor nivel de desarrollo.

Las empresas son quienes generan empleo y, por ende, riqueza y capacidad de consumo en los hogares. Al tener una fuerte carga impositiva, esta capacidad de generar empleo, especialmente para las personas de menores recursos, e inversión se reduce, afectando a la economía como un todo. El mensaje detrás de todo esto es que el número de personas naturales contribuyentes al impuesto de renta es muy pequeño, tan solo 3.4 millones de personas declaran renta cada año, mientras que cerca de 1.6 millones efectivamente se ven obligadas a pagar el impuesto. Esto, según algunos expertos, es una cifra muy baja si se tiene en cuenta que en el país hay cerca de 22 millones de personas ocupadas.

Recuadro

Bajar la declaración de renta

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) lanzó una propuesta para incluir en la próxima reforma tributaria. La propuesta consiste en ampliar la base de colombianos que declaran y pagan renta, desde quienes ganan más de $1.500.000 y así aumentar el recaudo, ya que se pasaría de 1,6 millones de contribuyentes de ese impuesto a 5,3 millones.

El centro de estudios económicos propone, sin embargo, que haya tarifas marginales de entre 5% y 15% para las personas con ingresos desde 1,5 millones hasta $3,2 millones.

Carlos Prada, vicepresidente de ANIF, manifestó que “esto nos ayuda a movernos hacia un esquema más justo para que más personas aporten al sistema tributario”.

También dijo el directivo que es importante generar una cultura tributaria, “para que las personas se acostumbren a que deben ayudar al sistema tributario del país”.

Además, señaló que “los ingresos con los que el Gobierno puede hacer los gastos de la Nación vienen de todos los impuestos directos e indirectos que paga la ciudadanía. Todo lo que se haga en el país debe tener una financiación y de alguna manera ese aporte que puede hacer el colombiano sirve”.  

Por su parte, el tributarista Carlos Lizcano dijo que “lo de la recolección de la información, estudios internacionales demuestran que por cada dólar que se recoja, 51 centavos no van para el Gobierno, ni para el contribuyente”.

“Si lo que queremos es controlar, pues ya viene la contribución electrónica”, manifestó.