* Las dificultades del consenso
* Un mar de contradicciones fiscales
Ante uno de los principales retos de los últimos años se encuentra el Congreso. Cinco son los proyectos de reforma al sistema de salud ya radicados: la iniciativa de origen gubernamental, la impulsada por tres partidos de su coalición (liberales, conservadores y La U), las presentadas por los sectores independientes y de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) y una quinta apoyada por algunas asociaciones de pacientes.
Pese a las grandes diferencias entre esas iniciativas, hay sin embargo algunas coincidencias, que bien podrían servir de base al consenso, si en verdad se va a recurrir a esa práctica y se va a abandonar el ideologismo imperante. En las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas hay un acuerdo aparente en torno a la necesidad de introducir ajustes al modelo de aseguramiento y atención en salud en Colombia. Para nadie es secreto que hay que viabilizar la atención preventiva, mejorar la eficiencia en zonas periféricas, recabar sobre la situación financiera de la red pública hospitalaria y de urgencias, y conseguir mayores controles al uso de los presupuestos de los regímenes contributivo y subsidiado. También es claro que la mayoría tiene las alertas prendidas sobre la burocratización que propone el gobierno y el peligro de clientelización del sistema.
Por otra parte, varias iniciativas coinciden en que se requiere enfatizar el rol de la medicina familiar y comunitaria; acercar la red de atención al usuario a través de centros de atención básica; encontrar mecanismos expeditivos para el acceso a los especialistas y medicamentos de alta complejidad; revisar el giro directo de recursos a la red de clínicas y hospitales; liquidar automáticamente las entidades que no den uso eficiente y transparente al presupuesto; eliminar las diferencias entre los planes de servicios de los regímenes subsidiado y contributivo; focalizar la acción en los rubros poblacionales más vulnerables; dignificar la situación laboral del personal médico e incluso crear una especie de fondo-cuenta que responda por las deudas a los prestadores de servicios en caso de demoras o graves contingencias en el reconocimiento de los mismos… Es más, aunque tienen denominaciones distintas en los proyectos, hay instancias de ejecución, vigilancia, sanciones y toma de decisiones similares.
Ahora, también hay diferencias drásticas y muy marcadas entre las cinco propuestas. La primera de ellas radica en que mientras el proyecto de la ministra Carolina Corcho apunta a demoler el actual modelo e implementar una nueva estructura, la mayoría de las otras iniciativas parten de “construir sobre lo construido”. Es decir, mantener el andamiaje de un sistema madurado luego de tres décadas pero aplicándole correctivos de fondo a las debilidades y falencias ya advertidas. En segundo término, mientras el proyecto gobiernista opta por un modelo con preeminencia estatal en todas sus estructuras y crea múltiples instancias de decisión (entre técnicas y políticas) del orden nacional, departamental y municipal, las otras iniciativas mantienen el esquema de libre elección del usuario entre instituciones públicas, privadas o mixtas, sin atomizar ni burocratizar el flujo financiero ni la toma de decisiones.
En ese sentido, encontrar un punto medio entre dos ópticas que a primera vista son diametralmente opuestas no resulta nada fácil. Más aún cuando la principal obligación es proyectar un sistema de salud eficiente, coherente, funcional en su esquema de gobernanza, equilibrado financieramente y, sobre todo, capaz de llegar con atención de calidad y oportuna a cualquier rincón del país y a cualquier estrato.
Es allí en donde, precisamente, se requiere un compromiso del Congreso para garantizar no solo el debate más amplio y participativo posible, sino esquivar el riesgo de limitar las discusiones. Por el contrario, audiencias públicas, foros regionales, recepción de estudios y los criterios de los expertos tienen que marcar los debates en comisiones y plenarias. Todas las voces deben ser escuchadas. Y ante todo aterrizar las propuestas en su aspecto fiscal.
En un tema de tanta implicación para todos y cada uno de los colombianos, no se puede permitir la votación a rajatabla. Cada senador y representante a la Cámara debe tener conciencia que cualquier decisión, por pequeña que parezca, llevará implícito un elemento que impactará, para bien o para mal, el ejercicio de un derecho fundamental como el de la salud para 50 millones de compatriotas, así como la garantía del principal de todos, el de la vida. Una discusión, por lo demás, que debe comenzar por los costos de la reforma, que hasta el momento navegan en un mar de contradicciones.