SI BIEN es cierto que estamos en período de cuaresma como preparación hacia la Semana Santa, todo pareciera indicar que al Gobierno e incluso a la persona del presidente Gustavo Petro le tocó recorrer el viacrucis con mucho tiempo de antelación.

No de otra manera se puede describir lo traumática que resultó esta semana para el Ejecutivo. Ni siquiera las más atinadas profecías (que se han vuelto de moda) habían previsto que al jefe de Estado le surgieran múltiples crisis y reveses a tan solo siete meses de estar en el poder.

La semana comenzó con una evidente división de la coalición oficialista. Los voceros de los partidos Conservador, Liberal y La U dejaron en claro que, pese a hacer parte del bloque parlamentario gobiernista, no acompañarían el proyecto de reforma a la salud presentado por la Casa de Nariño por considerar que la iniciativa destruye un sistema que, aunque necesita ajustes, no tiene que ser desmontado, burocratizado, ni entronizado el Estado, como lo propone la ministra de Salud, Carolina Corcho.

La situación fue más compleja porque se había filtrado a la prensa un documento firmado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, en donde hacían fuertes reparos al proyecto de salud. Si bien ese documento, según el propio Petro, había sido analizado días atrás e incluso las cifras sobre impacto fiscal fueron corregidas, su revelación resultó ser ‘munición’ contra la reforma en múltiples sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, ya que se denotaba la improvisación gubernamental y la carencia de bases presupuestales fehacientes. Precisamente por ello la Casa de Nariño decidió considerar la filtración como una especie de ‘traición’ en vez de mantener el debate al interior del gabinete, según se había prometido.

La situación se puso más compleja, porque ese mismo día también se conoció el borrador de la reforma laboral, lo que obligó al Gobierno y sus escuderos a tener que batallar en dos frentes, sobre todo por las críticas de distintos sectores en torno a que la segunda iniciativa resultaba regresiva en muchos aspectos, no tenía en cuenta la difícil coyuntura económica de este 2023, tampoco las realidades de la oferta y la demanda del mercado de trabajo en la tercera década de este siglo y, a la larga, terminaba por favorecer el empleo informal.

Y, como si faltara un elemento más para completar la tensión en la que avanzaba la semana, se reveló un primer sondeo semanal sobre la marcha del Gobierno, en donde uno de los elementos más importantes resultó ser el aumento de la desaprobación a 48% mientras la aprobación disminuía hasta 40%.

 

Crisis de gabinete

Entendiendo que si los partidos Liberal, Conservador y de La U no apoyaban la reforma a la salud, esta se hundiría en las comisiones séptimas o en las plenarias de Senado y Cámara, el presidente citó a la Casa de Nariño al expresidente César Gaviria, jefe único de las toldas rojas; el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional azul; y Dilian Francisca Toro, directora de La U.

Tras un análisis pormenorizado de la reforma, Petro, el mismo que días antes, en el llamado “discurso del balcón”, había llamado al “levantamiento popular” para presionar al Congreso a aprobar las reformas del “cambio”, aceptó concertar el alcance de la iniciativa y los tres partidos señalaron que presentarían artículos alternativos, sobre todo en cuanto a la no anulación de las EPS, la libre escogencia del asegurador y otros puntos clave del sistema. El documento filtrado de los ministros y, sobre todo, el criterio experto de Alejandro Gaviria (siete años titular de esta cartera en el gobierno Santos) fue respaldado por los jefes partidistas, incluso señalando la poca disposición de Corcho a concertar.

Terminada la reunión se pensó que las aguas se empezaban a calmar, pero no fue así. Unas horas después el presidente Petro, en alocución televisada, si bien ratificó que se buscaría un consenso sobre las reformas, sorprendió al aplicar un remezón en el gabinete, anunciando la salida de Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura). Se designó en su reemplazo a Aurora Vergara, Astrid Rodríguez e Ignacio Zorro, respectivamente, Las primeras dos como titulares y el tercero como encargado.

 

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Como era apenas obvio, la salida de Gaviria fue entendida por múltiples sectores como una retaliación de Petro hacia el principal crítico de su reforma a la salud. Obviamente, los primeros sorprendidos fueron los propios partidos oficialistas. El más enfático fue el expresidente Gaviria, que recriminó al Ejecutivo haber salido del funcionario que mejor conoce el sistema de salud, al tiempo que criticó fuertemente a Corcho, señalando que era intransigente y no permitía la concertación acordada con Petro.

Tampoco fue tranquila la salida de las otras dos ministras. Muchas voces, incluso dentro del propio Pacto Histórico, lamentaron el maltrato a Ariza, una figura de vieja data en la cultura y apreciada en la izquierda. La molestia fue mayor cuando se señaló que había tenido roces con la esposa del primer mandatario, Verónica Alcocer, y que Zorro era conocido de vieja data de la familia Petro, e incluso habría dado clases de piano a las hijas del jefe de Estado, lo que dio lugar a confusas explicaciones de Palacio.

En cuanto a Urrutia, si bien su gestión recibió críticas, la forma intempestiva en que se anunció su retiro se consideró irrespetuosa con una gloria del deporte colombiano. Aunque ella dijo que su salida le fue notificada apenas unos minutos antes de la alocución, la Casa de Nariño negó esa versión.

Ya en el plano político, tuvo mucho eco la forma en que César Gaviria defendió a Alejandro Gaviria, dejando atrás las pugnas que tenían desde la campaña presidencial y cobijándolo dentro del partido Liberal.

 

Otro revés

El martes el Gobierno seguiría recibiendo malas noticias. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral abrió, con base en una denuncia anónima, una investigación a la campaña presidencial de Petro por presuntamente no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en sus distintas sedes.

A ello se suma, que el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical (partido independiente que cuenta con 11 senadores y 19 representantes a la Cámara), Germán Vargas Lleras, volvió a la primera plana política. Y lo hizo en el propio Congreso, en donde radicó su proyecto de reforma a la salud, con muchas y marcadas diferencias frente al de Corcho.

Vargas Lleras criticó muchos aspectos del gobierno Petro y quedó claro que, tras un buen tiempo pronunciándose a través de una columna de opinión, ahora vuelve a estar al frente de la contienda política y electoral.

Es decir, que Petro tendrá ahora en Vargas Lleras un contrapeso muy fuerte, dada la seriedad y profundidad en materia de ideas y propuestas que el país le reconoce al ex vicepresidente.

Entre los pocos hechos que le sumaron al Ejecutivo estuvo que el desempleo para enero cerró en 13,7%, cifra que comparada con el mismo mes de 2022 tuvo una disminución de 0,9 puntos porcentuales.

Paradójicamente otra buena noticia de ese día, relacionada con las ganancias récord de Ecopetrol el año pasado, que ascendieron a 33,4 billones de pesos, sirvió de plataforma contradictoria frente a la política gubernamental de marchitamiento de la industria minero-energética, así como de quienes no comparten que el Ejecutivo haya forzado la renuncia del presidente de la estatal petrolera, Felipe Bayón. Paradójicamente, esa misma noche el Gobierno aumentó el precio del galón de gasolina en $400, llegando en seis meses a un reajuste de $1.662, siendo un claro factor inflacionario.

Ese mismo día le estalló al Ejecutivo otra crisis. Tras varias semanas de tira y afloje para la aprobación de la integración de Viva Air, una aerolínea de bajo costo, con Avianca, la primera suspendió operaciones y dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra en los principales aeropuertos del país.

Aunque la Aerocivil y las superintendencias han llevado el proceso de forma muy cautelosa, ya que esa fusión impactaría el mercado aéreo interno, y además hay otras aerolíneas interesadas en participar en el negocio, lo cierto es que le llovieron críticas al Ejecutivo porque no previó la contingencia a tiempo.

También el martes el Banco de la República dio a conocer el informe de Inversión Extranjera Directa en 2022. Si bien se registró un récord de 17.048 millones de dólares, en el segundo semestre empezó una desaceleración marcada en la llegada de capitales foráneos, hecho que muchos analistas relacionaron no solo con el convulso escenario externo, sino con los temores de inversionistas nacionales y externos por las erráticas políticas económicas y accidentadas reformas del gobierno Petro.

 

Bajo la lupa

La mitad de semana llegó y los frentes críticos para el Gobierno no amainaron. De entrada, la principal presión sobre el Ejecutivo se dio por la crisis de miles de pasajeros varados en distintos aeropuertos del país e incluso del extranjero, debido a la salida de operación de Viva Air.

Aunque en la Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión de urgencia para analizar la difícil contingencia, generar un plan de choque e incluso contemplar la posibilidad de intervenir el mercado aéreo, el drama para los pasajeros no disminuyó sustancialmente.

De otro lado, una segunda encuesta en menos de dos días mostró una caída de ocho puntos en la aprobación presidencial, mientras que la desaprobación se trepó a un 51%. Todo un campanazo para el gobierno del “cambio”.

Tampoco jugó a favor del Ejecutivo que ese día el fiscal general Francisco Barbosa, en una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara, alrededor del proyecto gubernamental de humanización carcelaria, advirtiera que en la iniciativa había disposiciones que planteaban subrepticiamente beneficios penales y penitenciarios a narcotraficantes y condenados por delitos graves y de lesa humanidad.

A la par de ello, el jefe del ente acusador advirtió que se había disminuido la erradicación de narcocultivos y los decomisos de droga, al tiempo que muchas órdenes de captura no se estaban pudiendo hacer efectivas.

Ya en el flanco de la reforma a la salud, los jefes de los partidos Liberal, Conservador y La U se reunieron y definieron que presentarían un articulado alternativo al presidente Petro, posiblemente mañana. Sin embargo, al señalar las bases de su propuesta insistieron en mantener el rol de las EPS en el sistema de atención al usuario y en otros elementos claramente distantes del proyecto de Corcho.

A esto se sumó que más de 100 exministros y exaltos funcionarios que trabajaron en el sector energético firmaron una carta que advertía al Gobierno sobre los graves impactos de que el presidente Petro asumiera plenas funciones en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Incluso, pidieron tener en cuenta las observaciones del expresidente Gaviria sobre la inconveniencia de tal medida.

Por último, ese miércoles se reveló que el segundo al mando del ‘Clan del Golfo’, Wilmar Antonio Giraldo, alias ‘Siopas’, fue asesinado en Dabeiba (Antioquia). Una versión señala que lo mandó a matar su jefe, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito malo’ porque supuestamente no aceptó el plan para someterse a la justicia, en el marco de la política de “paz total” que negocia esa banda multicrimen con el gobierno Petro. Pero de otra parte las autoridades señalaron que había sido por una deuda.

 

Un día negro

Llegaría el jueves y la situación se complicó sustancialmente para el Gobierno, al punto que se podría concluir que fue el día más difícil en los casi siete meses de administración.

Cuando la atención se centraba en la crisis de Viva Air y los planes de choque para movilizar una parte de los pasajeros varados, la Casa de Nariño sorprendió a todo el país al anunciar que el presidente Petro pedía a la Fiscalía que investigara las versiones que señalan que su hermano Juan Fernando y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico, habrían recibido sobornos de presuntos narcotraficantes a cambio de incluirlos en los beneficios penales y penitenciarios de la “paz total”.

Se trata de un hecho que ya está bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría. Ya en campaña, con las versiones alrededor del llamado ‘Pacto de la Picota’, se había acusado a las toldas de Petro de estar en contacto con extraditables y otras organizaciones multicrimen.

Paradójicamente, esta noticia sobre el hermano e hijo del Presidente se produjo en la misma semana en que se señaló a la Primera Dama de roces con la ahora exministra de Cultura. Días difíciles para la familia Petro. De hecho, el propio presidente pidió investigar a su entorno más cercano, aunque al mismo tiempo trató de salvaguardar a su Comisionado de Paz que, a finales de semana, también fue controvertido por el Fiscal General, puesto que había puesto de presente otro caso de pagos irregulares por un traslado de cárcel que, sin embargo, no denunció oficialmente, como lo había anunciado.

 

Reveses en cortes

En las altas cortes, de otro lado, la Casa de Nariño sufrió dos duros reveses. De un lado, la Corte Constitucional determinó que una demanda contra la ley Ley 2272 de 2022, marco normativo de la política de “paz total”, tendrá trámite de urgencia nacional debido a las fuertes implicaciones. Así las cosas, en pocas semanas se sabrá si es exequible la estrategia del Gobierno para negociar y dar beneficios al Eln, las reincidencias y disidencias de las Farc así como a las bandas criminales multicrimen, tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’.

Pero el alto tribunal tomó otra decisión de mayor alcance. En un cambio de jurisprudencia inédito se determinó que la Corte en casos excepcionales podrá suspender -precautelativamente y mientras se produce el fallo de fondo- la aplicación de una ley si encuentra que su contenido es abierta o totalmente incompatible con la Carta Política. Esto con el fin de evitar que se produzcan efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad.

Esto implica, al decir de varios analistas, que algunas de las reformas más polémicas de Petro y el alto número de facultades extraordinarias que ha pedido para muchas modificaciones, en caso de llegar al control de constitucionalidad, podrían ser suspendidas de entrada, claro si se cumplen los requisitos señalados por el alto tribunal.

En el Consejo de Estado el Gobierno recibió otra mala noticia. Al iniciar el estudio de una demanda, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo suspendió el ya mencionado decreto mediante el cual Petro asumía funciones preferentes en la CREG para regular los servicios públicos.

Como si todo lo anterior fuera poco, se produjo una nueva baja gubernamental. Giovanny Franco, Viceministro de Minas, presentó renuncia, luego de que días antes congresistas del Pacto Histórico denunciaran que tendría un presunto conflicto de intereses por su relación con una empresa del sector. Así las cosas, es el tercer viceministro que sale este año, luego de las caídas de dos altas funcionarias en las carteras de Minas y Trabajo por diferencias con las titulares por el alcance de las reformas sectoriales.

Finalmente, el intento de un grupo de campesinos de tomarse la sede de la petrolera Emerald Energy, en la vereda Los Pozos, de San Vicente del Caguán, derivó en enfrentamientos que dejaron un policía y un civil muertos, así como más de 70 uniformados ‘retenidos’ por los manifestantes. Las imágenes de los policías cercados y desarmados así como el hecho de que el intendente fallecido fue atacado cuando ya estaba inmovilizado, indignaron a muchos sectores.

 

Viernes complicado

El último día de la semana tampoco resultó fácil para el Ejecutivo. No solo por el eco de los fallos de los altos tribunales y la investigación al hermano e hijo del Presidente, sino porque el país amaneció con el problema de las decenas de policías “secuestrados” en Caquetá.

El Gobierno tuvo que enviar una comisión de cuatro ministros a la zona y solo en la tarde, tras advertir que no se negociaría si los uniformados no eran liberados, finalizó su retención. Las críticas por el manejo accidentado de este caso, la debilidad en la aplicación del principio de autoridad y los atropellos contra la Fuerza Pública, no fueron pocas.

A ello se suma que el gobierno de Estados Unidos volvió a advertirle a Colombia que no se puede desacelerar la erradicación de narcocultivos. No hay que olvidar que en enero no se destruyó una sola hectárea y apenas en febrero se reanudó la tarea. De hecho, el expresidente Iván Duque advirtió días atrás que si el gobierno Petro insistía en virar la política antidroga, la extensión de sembradíos ilícitos llegaría este año a más de 300 mil hectáreas.

Por último, ese mismo viernes, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, aseguró que la situación de violencia en el país “está empeorando”.

Y para completar, el sábado se confirmó que la inflación sigue su escalada alcista. Según el DANE, el aumento del Índice de Precios al Consumidor en febrero fue de 1,66%, elevando el acumulado anual a 13,28%.

Ello no solo representa cinco puntos más que la interanual registrada en el mismo mes del año anterior, sino que es el guarismo más alto de los últimos 24 años.

Como se ve, tras este repaso de los principales hechos de la semana, queda claro que fueron días críticos para el Jefe de Estado, tanto en materia gubernamental como en el plano personal.

Un viacrucis diario que tiene implicaciones a corto, mediano y largo plazos. Se llega, entonces, a los siete meses de gestión en medio de un escenario convulso en el que las reformas, popularidad y viabilidad del “cambio” están en vilo.