* Tremores en torno de la familia presidencial
* Dramática situación de la Policía en Caquetá
No se sabe si la credibilidad de la llamada “paz total” pueda recuperarse de la desconfianza que paulatinamente se ha venido apoderando de los colombianos y que, incluso, tuvo sus primeras manifestaciones en los cada vez más evidentes pactos carcelarios llevados a cabo durante la última campaña presidencial bajo la propuesta ya desvanecida del “perdón social”. Como estarán ahora las cosas que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, hubo de pedir a la Fiscalía, esta semana, una investigación expedita sobre la conducta de su hermano y uno de sus hijos en torno a una presunta y multimillonaria preventa de beneficios a las organizaciones criminales, que se pretendían cobijar bajo aquella consigna electoral y cuyas tratativas habrían continuado posteriormente con miras a formalizar el tema en las disposiciones legales a debatirse en el Congreso (o ser motivo de decretos), así como con el objeto de obtener preponderancia política de cara a las próximas elecciones regionales.
Ya de antemano el asunto, con relación al hermano del Jefe de Estado, venía copando las páginas de los medios al publicarse, con base en testimonios dados en los Estados Unidos y grabaciones en las prisiones colombianas reveladas por el periódico El Tiempo, que de por medio existían graves anomalías y corrían los sobornos en el propósito de garantizarse cupos especiales dentro del nuevo esquema de sometimiento a la justicia de las bandas y ejércitos multicrimen. Ante las sospechas que recayeron sobre el familiar del primer mandatario -ficha clave de la campaña presidencial y uno de los operadores cruciales de las gestiones en las cárceles durante esa época-, terminó siendo bloqueado en la Casa de Nariño. Al mismo tiempo se anunció que cualquier tema relacionado con la paz solo sería tramitado a través del Alto Comisionado y nadie más. Aun así, esta semana, el hermano del primer mandatario quedó incurso en las solicitudes presidenciales de pesquisas judiciales, al lado de las pedidas para su hijo, nuevo protagonista en otra de las facetas que habrán de investigarse con el fin de establecer la procedencia de eventuales donaciones a la campaña electoral en la costa Atlántica o si estas se quedaron por el camino, tal y como develó su exesposa en una entrevista con Vicky Dávila en la última edición de la revista Semana.
Sobre ambos temas el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, abrió rápidos expedientes. De hecho, ya venía advirtiendo que otros temas asociados con la denominada “paz total”, como el proyecto de “humanización carcelaria” que discute el Congreso, también abría las compuertas a procedimientos judiciales extraños al espíritu de la ley que se pretendía tramitar, tratando de dejar libres a traficantes de droga y autores de crímenes de lesa humanidad por la puerta de atrás. Ha sido esta la conducta seguida por la Fiscalía frente a circunstancias similares en el intento, desde comienzos de año, de liberar a miembros de la denominada ‘primera línea’. El ente acusador, asimismo, advirtió sobre las falencias del cese de fuegos frente a las diversas manifestaciones de violencia organizada en el país. De suyo, no hará hace unos días también alertó sobre la extraña liberación de alias “el Gatico”, que finalmente volvió a prisión domiciliaria.
Pero igualmente esta semana la llamada “paz total” sufrió otro gravísimo desmedro cuando al menos 72 policías terminaron secuestrados por una turba de campesinos e indígenas que intentaron tomarse las instalaciones de una petrolera en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá). El atroz asesinato de uno de los uniformados cuando ya se encontraba desarmado e inmovilizado, así como las imágenes de decenas más rodeados, indefensos y humillados por los manifestantes, impactaron e indignaron al país. Al final se obtuvo la liberación de los policiales a cambio del envío de cuatro ministros a la zona, marcando un precedente peligroso que podría disparar este tipo de casos en otras regiones. En medio de ello se pusieron en tela de juicio los nuevos protocolos -impuestos por el actual Ejecutivo- que limitan la reacción de la Fuerza Pública ante el desborde violento de la protesta social.
Visto todo lo anterior, queda en evidencia que la estrategia de “paz total” se encuentra hoy bajo la lupa, no solo por su accidentada implementación y las maniobras que se estarían ejecutando a su amparo, sino por los evidentes vacíos jurídicos que la soportan, al punto de que la Corte Constitucional determinó esta semana tramitar bajo urgencia nacional una demanda contra la ley marco de esa política gubernamental, anunciando de paso un cambio jurisprudencial inédito que le permitirá suspender leyes cuando sean abiertamente violatorias de la Carta o pongan en grave riesgo el orden institucional, antes de pronunciarse de fondo.
Como se ve, la “paz total” se encuentra imbuida en un torbellino de sospechas y circunstancias críticas derivadas de su propia e improvisada confección e implementación y cuyo norte deberá recuperarse so pena del fracaso anticipado.