* Plan de paz impacta seguridad urbana y rural

* Urge clarificar operatividad de Fuerza Pública

La accidentada implementación de la política gubernamental de paz está impactando la situación de seguridad y orden público en todo el país. No pocos gobernadores y alcaldes han prendido las alertas por el incremento del accionar de los grupos armados ilegales y el aumento de delitos de alto impacto. Por lo mismo, urgen a la Casa de Nariño, Ministerio de Defensa y Oficina del Alto Comisionado de Paz clarificar de manera puntual y definitiva el rango de operatividad de la Fuerza Pública en medio de los cese el fuego que el Ejecutivo anunció a comienzos de este año con los grupos residuales de las Farc y las bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’. Aunque también se alcanzó a proyectar una tregua con el Eln, la propia guerrilla lo desmintió.

Las cifras son preocupantes en muchos flancos. Por ejemplo, las estadísticas del citado Ministerio señalan que en enero se registraron 1.125 homicidios, apenas 70 menos que en el mismo mes de 2022, cuando no regía ninguna medida de cese el fuego. También hubo ocho actos terroristas.

Otras informaciones oficiales señalan que en lo corrido de este año han sido asesinados 14 efectivos de la Policía y cinco del Ejército, en tanto que 18 uniformados resultaron heridos. A ello se suma el abatimiento de 12 señalados integrantes del Eln y bandas criminales. Tanto de estas dos facciones como de las residuales de las Farc se logró la captura de más de 200 presuntos integrantes y cerca de un centenar adicional se entregó a las autoridades.

Las estadísticas de Indepaz, a su turno, dan cuenta de 17 líderes sociales asesinados y 18 masacres, solo hasta el 21 de febrero. La Defensoría, por su parte, reporta el aumento de casos de desplazamiento y confinamiento forzado de población.

En un hecho que no deja de ser paradójico y genera interrogantes, el reporte del Ministerio sobre acciones subversivas en enero señala que hubo “cero” ataques a instalaciones policiales, aeronaves, contactos armados, emboscadas, hostigamientos, retenes ilegales e incursiones en poblaciones.

Por otro lado, es innegable que la lucha antidroga se ha visto impactada por los cambios de enfoque gubernamental en la estrategia, problemas contractuales con los grupos de erradicación manual terrestre y, obviamente, la suspensión de operaciones ofensivas contra el ‘Clan del Golfo’ y las reincidencias y disidencias de las Farc, facciones altamente narcotizadas.  

De hecho, en enero no hubo erradicación de sembradíos ilícitos por los asuntos contractuales y presupuestales referidos. Solo en febrero se reanudaron y alcanzan apenas 420 hectáreas. Asimismo, en lo corrido del año se han decomisado 52 toneladas de cocaína y 35 de marihuana, en tanto 515 narcolaboratorios fueron desmantelados.

En otros temas que mezclan delincuencia organizada y común, en enero hubo 30 secuestros, el doble que un año atrás. De otro lado, frente a diciembre reciente, en el primer mes de 2023 aumentaron las agresiones sexuales, delitos ambientales y robos de vehículos, comercios y residencias. Por el lado positivo, hubo una disminución en los hurtos a personas y entidades financieras. También debe destacarse el incremento de acciones contra la minería criminal...

Como se ve, la situación es compleja. Lo más grave es que se evidencia una preocupante descoordinación entre la implementación atropellada de la política de paz en sus distintos flancos y la aplicación en el terreno y el día a día de la estrategia de seguridad y orden público. Hay evidentes cortocircuitos funcionales, vocerías contradictorias en el alto Ejecutivo y desorden en la aplicación de órdenes en lo regional y local.

Ello explica por qué varios gobernadores y alcaldes advierten que la política de paz está afectando la operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía. Es claro que los cese el fuego anunciados desde el 1 de enero todavía no están completamente protocolizados en asuntos tan vitales como la localización de tropas ilegales, reglas para el accionar de la Fuerza Pública o la definición de mecanismos de verificación, entre otros aspectos. A ello se suma que las divisiones y rencillas entre Eln, bandas criminales así como las reincidencias y disidencias de las Farc dificultan la operatividad castrense y policial en muchas zonas, al no ser claro cuándo y cómo se puede proceder a la ofensiva, puesto que en la misma región delinquen grupos con los cuales sí hay una tregua y otros con los que no.

¿Qué hacer ante una situación tan preocupante? Urge unificar y estructurar al más alto nivel las directrices en materia de estrategia de paz, seguridad y orden público. No más órdenes unilaterales sin analizar y precaver implicaciones en uno u otro campo. Estos cortocircuitos son muy graves y están dejando a la ciudadanía rural y urbana expósita ante la delincuencia común y organizada.