Tanto el Gobierno como los gremios y analistas están pendientes del informe preliminar que debe rendir la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios para poder ajustar lo que será el proyecto de reforma en esta materia que se presentará al Congreso en los próximos días.

Lo que se espera de la comisión es que evalúe los beneficios tributarios y proponga una reforma orientada a mantener los alivios, que estos sean eficientes, que permitan la reactivación de la economía, fomenten el empleo, emprendimiento y formalización laboral, empresarial y tributaria.

El grupo está conformado por los economistas David Rosenbloom, Brian Arnold, Jeffrey Owens, Pascal Saint-Amans y Kent Smetters; y los ministros de Agricultura, Rodolfo Zea; de Comercio, Juan Manuel Restrepo, y su delegada Laura Valdivieso (viceministra de Comercio); de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; y el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate.

En lo que lleva de instalada se han realizado cerca de 30 reuniones, entre sesiones plenarias y sesiones individuales de cada mesa de trabajo con los expertos internacionales, expertos locales y delegados del Ministerio de Hacienda y la DIAN.

Los resultados serán un insumo fundamental para la estrategia fiscal de mediano plazo.

La Comisión, que se instaló el pasado 18 de agosto de 2020, tiene la coordinación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

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Condiciones

En recientes declaraciones, uno de los comisionados, David Rosenbloom, profesional en Derecho de la Escuela de Derecho Harvard (Magna Cum Laude) y en tributación y decano del programa de tributación internacional de New York University (NYU), además de socio de Caplin & Drysdale (firma especializada en temas tributarios), y quien lidera el grupo de trabajo del impuesto de renta corporativo de la Comisión, dijo respecto a los atributos de un buen sistema tributario: “para mí son tres”.

Sostiene que “el primero es lo que los economistas llaman ‘eficiencia’ y eso significa interferir lo menos posible con el comportamiento económico. Así que lo que uno quiere es un sistema que recaude dinero, porque para eso está, pero que básicamente permita funcionar a la economía bien con la menor interferencia posible. El segundo atributo es un sistema justo, pero tan importante como eso, es que sea percibido como tal. En otras palabras, así el sistema sea justo o no, no importa si el contribuyente no lo ve así, porque no puedes tener una agencia de impuestos que funcione como policía, sino por su cuenta y para que eso pase tiene que ser aceptado por el contribuyente y el camino simple para que sea aceptado es que sea justo".

Manifiesta que “el tercer atributo es la simplicidad. Uno quiere un sistema que pueda ser administrado por tributaristas que también lo entiendan, así como el contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones y entre menos espacio haya para debatir sobre cómo se aplica el sistema, menos espacio habrá para la corrupción”.

El sistema

Añade el comisionado que “así que diría que las tres cosas que hay que tener en cuenta en un buen sistema tributario son: eficiencia, justicia y simplicidad, pero hay problemas porque a veces esos tres atributos se interfieren entre ellos. A veces, el sistema más eficiente no es el más simple, pero creo que, entre los tres atributos, por el que más abogaría, particularmente en un país como Colombia es la simplicidad, apuntaría lo más posible a la simplicidad y eso va en contra de muchos incentivos”.

Referente a las expectativas en esta Comisión, el experto dijo que “espero que podamos hacer una contribución. No me hago ilusiones, ya he aconsejado a otros países y siempre hay complicaciones. No tengo nada que ganar, no tengo intereses, propiedades ni pago impuestos en Colombia, soy un forastero que intentará dar los mejores consejos que pueda y será interesante ver la reacción”.

Sostuvo Rosenbloom que “estaré feliz de trabajar con los otros miembros de esta comisión, conozco a Jeffrey (Owens) y a Pascal (Saint-Amans), pero particularmente conozco mejor a Brian Arnold y sabe mucho, tiene más experiencia en aconsejar países en el desarrollo de sus sistemas tributarios. Me gustaría verlo muy involucrado, creo que estamos en la misma página”.

De acuerdo con la DIAN, las mesas de trabajo se han enfocado en revisar las exenciones al IVA, los impuestos a las personas naturales, analizar los incentivos al campo, diagnosticar la situación de las empresas y sus dividendos, y también ver cómo mejoran las condiciones de comercio exterior.

Pistas

Asimismo, el Gobierno ha dado algunas pistas en cuanto a los focos clave de la reforma, entre los que están la eliminación de algunas exenciones del IVA, que más personas naturales paguen impuesto de renta y optimizar los beneficios poco eficientes del sistema tributario.

Mauricio Santamaría, presidente de Anif, sostiene que “la revisión del impuesto de renta, tanto para las personas jurídicas como naturales, debe ser uno de los ejes centrales de la reforma. Lo primero que debemos entender es que Colombia tiene un muy bajo recaudo si se compara con países del mismo nivel de desarrollo”.

En ese sentido, como lo han planteado otros analistas, es clave que se revise la incidencia de ese impuesto a la renta, que le cae en mayor proporción a las empresas que a las personas. “La suma de esos dos puntos muestra que es necesario recomponer la estructura del impuesto, para incrementar su recaudo y hacerlo más progresivo y equitativo. Eso implica revisar las tarifas marginales y el umbral desde el cual las personas deben empezar a declarar y contribuir”, añade Santamaría.

Además del panorama de ese impuesto, el presidente Iván Duque ha señalado que será crucial que se revisen las exenciones que tiene el IVA, lo que incluiría subir ese gravamen a toda la canasta familiar, lo que ha generado debate en varios sectores del país.

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Alivios

Según datos de la DIAN, esos beneficios al IVA tienen un costo fiscal de aproximadamente $74,9 billones, por lo que la eliminación de algunas de esas exenciones le darían un respiro a las finanzas públicas. Sin embargo, el análisis de académicos y de algunos gremios señala que quitar esas ayudas podría afectar, sobre todo, a la clase media, baja y vulnerable.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, cree que “eliminar las exenciones a algunos bienes debería ser por lo pronto la última opción para aumentar el recaudo, dado que este Gobierno viene de bajarle impuestos a las empresas y está por debajo de los niveles de la Ocde. Entonces no tiene sentido reducir la progresividad del sistema y ponerles más impuestos a los trabajadores en medio de la peor crisis de la historia”.

Por el desastre económico que causó la pandemia, la necesidad de recaudo adicional del Gobierno es de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de $20 billones. Por ello, el centro de la reforma se basará en parte de los beneficios que el sistema mantiene en IVA, renta para personas naturales y empresas, monto que, a hoy, suman $92,4 billones.

En lo que se ha conocido con anticipación y por los mensajes que indirectamente ha dejado filtrar el Gobierno, todo indica que parte de los beneficios tributarios estarán dirigidos a las mipymes que no hagan parte del régimen simple.

Por tanto aplicarán las pequeñas y medianas empresas que cumplan las características definidas en el Decreto 957 de 2019. Es decir: las microempresas del sector manufacturero, cuyos ingresos anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT, ($855 millones); las pequeñas empresas de ese mismo sector, cuyos ingresos al año sean superiores a 23.563 UVT ($855 millones) y menores o iguales a 204.995 UVT ($7.442 millones).

Trámite

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha reiterado la necesidad de tramitar el proyecto ante el Congreso de la República, con el fin de adquirir recursos para la inversión social, cubrir el gasto extra que generó la pandemia y reducir el nivel de deuda del país, que finalizó 2020 en más de 60%.

Carrasquilla señaló que “los resultados de la Comisión van a ser un insumo muy importante para la estrategia fiscal que elegiremos para el mediano plazo. Necesitamos recursos adicionales para la reactivación económica y tienen que llegar a partir de que se normalice la economía. La discusión del sistema tributario tiene que darse en el Congreso”.

A este plan del Gobierno se suma el hecho de que el Comité de Regla Fiscal recomendó desde junio pasado una reforma tributaria por el panorama fiscal al que se enfrenta el país.

“El incremento previsto en el nivel de endeudamiento va a requerir a mediano plazo un esfuerzo mayor de la sociedad en términos de generación de ingresos tributarios”, dijo en su momento el Comité.

Aunque desde diferentes gremios como Fenalco y la Andi se le ha pedido al Gobierno no adelantar una reforma tributaria este año dada la debilidad de las empresas por el impacto económico de la covid-19, el Gobierno ha reiterado que este proyecto se presentará al Congreso en marzo.

Por su parte el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, le solicitó al Gobierno Nacional, para que repiense el proyecto de reforma tributaria ante los resultados presentados para la economía en 2020 y el pésimo inicio de año.

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Impacto

“En efecto, si miramos nuestra historia reciente en 2017, cuando se aumentó el IVA del 16% al 19%, las ventas del comercio, según el DANE, tuvieron una fuerte caída a lo largo de todo ese año. En febrero, por ejemplo, dicha disminución fue del 7,2%”, explicó Cabal.

Sostuvo que “definitivamente, los bolsillos de los consumidores están muy menguados y cualquier incremento de IVA en bienes y servicios pronunciaría aún más el desestímulo al consumo y al gasto”.

Desde la firma Econometría se indica que “no es la primera vez que funciona una comisión de expertos con ese propósito. La penúltima, cuyo informe se presentó a finales de 2015, incluyó varias propuestas, la mayoría de las cuales no fueron tenidas en cuenta ni por el Gobierno ni por el Congreso”.

Afirman que “esa comisión había señalado la conveniencia de racionalizar los llamados 'beneficios tributarios' del impuesto a la renta, y que consisten en tratamientos privilegiados para ciertos contribuyentes, bajo la forma de rentas exentas, deducciones que no tienen relación con la generación de los ingresos, y tarifas preferenciales más bajas o descuentos tributarios. Esos tratamientos le costaron al fisco en el año 2018 (el Gobierno no ha publicado los resultados de 2019) $13,3 billones. Es indudable que una verdadera reforma estructural debe enfrentar ese hueco fiscal, por razones de eficiencia económica y de equidad tributaria”.

Sostiene la firma en su análisis que “las propuestas del gobierno parecen referirse hasta ahora en la eliminación de exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA, que hoy están centradas especialmente en productos que hacen parte de la canasta familiar. La devolución del IVA a los sectores más pobres de la población, y que se había presentado en proyectos anteriores, es hoy posible gracias al programa Compensación de IVA. No parece factible, ni conveniente, elevar más el impuesto a las sociedades, y mucho menos cobrarles el impuesto a la riqueza. Es posible sin embargo elevar las tarifas de las rentas de capital de las personas naturales, tal como lo propuso la Comisión de Expertos de 2015”.

Datos importantes de carga tributaria

-Dentro del contexto de la carta tributaria actual que rige al país, se tiene que por cada $100 de recaudo potencial de Renta de Personas Naturales e IVA, Colombia recauda cerca de $68 y $39 respectivamente.

-De cada $100 de bienes excluidos en el pago del IVA y renta, los hogares más ricos se benefician de $29.4, mientras los más pobres solo de $3.9.

-De cada $100 ahorrados en bienes exentos, los hogares más ricos se benefician de $16.6, mientras los más pobres solo de $5.2.

-Colombia ya cuenta con un programa de compensación del IVA que alivia el bolsillo de los deciles más bajos de ingresos.

-Colombia ha venido aumentado su recaudo del impuesto de renta a personas, pero el 80% del ingreso proviene de empresas.

-El gasto tributario en Colombia es alto, y está asociado principalmente a los beneficios existentes para el IVA.