La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó a ocho miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.”

Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

"Con esta providencia que emitimos hoy comienza la producción de decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz", dijo el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP y agregó que el alto tribunal "tiene el deber de ofrecer verdad a las víctimas y en este caso 01 estamos trabajando por esa tarea de capturar esa verdad para las víctimas".

Asimismo, advirtió que si después de los 30 días de la emisión de este fallo, los miembros del secretariado de las Farc-Ep reconocen los cargos se abre el camino de las sanciones propias; mientras que, si no lo hacen, se exponen a la imposición de sanciones de prisión de hasta de 20 años.

"El antiguo secretariado de las Farc-Ep tiene responsabilidad por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes", señaló la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

De igual manera, Lemaitre señaló que estos hombres también tiene responsabilidad de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, por los cuales fueron imputados.

Los mismos hechos fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia

No obstante, el alto tribunal aclaró que la responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado. "Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad individual podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel", reiteró.

Cabe mencionar que este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción, que es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz y que esta decisión se sumarán en el año otras decisiones en las que se determinará la responsabilidad de los mandos medios y los ejecutores directos. 

"La Sala ha determinado que la gravedad del trato que vivieron las víctimas se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición como civiles o miembros de la fuerza pública", puntualizó Lemaitre.

En ese orden de ideas, los antiguos miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. También pueden reaccionar aportando argumentos o evidencia adicional. 

Asimismo, al término de este periodo de tiempo y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.

"Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP", puntualizó la magistrada Julieta Lemaitre.