CON el objetivo de impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales -como en su gobierno lo hizo el republicano Donald Trump-  mediante el aumento de las inversiones en las industrias manufactureras y los trabajadores, el presidente Joe Biden puso en marcha su estrategia “made in America”. 

Para ello firmó una orden ejecutiva que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal, pese al riesgo de crispar con ello a socios comerciales como Canadá, anunciaron los responsables de la nueva administración. 

La Ley de Compra de Productos Estadounidenses ('Buy American Act') de 1933, todavía en vigor, requiere que las agencias federales den prioridad a la compra de bienes producidos en suelo estadounidense, pero existen numerosas excepciones y oportunidades de exención, como denuncian desde hace tiempo pequeñas y medianas empresas.

Algunos productos son, por ello, registrados con el sello "Fabricado en Estados Unidos", aunque una mayoría de sus componentes proceden de fuera. La orden ejecutiva apuntara, en tal sentido, a "cerrar las lagunas legales que permiten a las empresas deslocalizar la producción y los empleos sin dejar de calificar para las preferencias y negocios nacionales", explicó el comunicado de la Casa Blanca.

Las nuevas disposiciones podrían irritar, sin embargo, a aliados y socios estratégicos de Estados Unidos como Canadá o los países europeos, que ya estimaban que las disposiciones de esa legislación impedían a sus empresas acceder a ciertas licitaciones del gobierno estadounidense. 

Biden señaló, además, que tras cuatro años de una política comercial proteccionista de Trump no es el momento para una liberalización total.

El ministro de asuntos exteriores canadiense ya alertó a Washington contra la disposición.  "Es evidente que si constatamos que la política 'Buy American' trae prejuicios a nuestro comercio, lo haremos saber", afirmó Marc Garneau en CBC, subrayando que "el presidente Biden indicó que estaba dispuesto a escucharnos siempre que tengamos inquietudes".

El apoyo a la industria estadounidense no es una sorpresa, era una de las promesas electorales lanzadas por Biden, quien debía seducir al electorado de base de su predecesor.

Menos de una semana después de su investidura, el mandatario demócrata continúa así desarrollando sus prioridades antes incluso de que su equipo de gobierno esté instalado. 

Mientras que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue confirmado el viernes por el Senado, departamentos clave como el de Estado aguardan todavía a sus responsables.

La votación para confirmar a Janet Yellen -la futura secretara del Tesoro que debe pilotar los proyectos económicos, entre ellos el plan de rescate de 1,9 billones de dólares para sacar al país de la crisis- estaba prevista para anoche.

Durante su campaña electoral, Biden prometió fortalecer la idea de comprar más productos locales con un plan de 400.000 millones de dólares para proyectos que utilicen productos fabricados en Estados Unidos, como el acero o los equipos de protección para los trabajadores de la salud que luchan contra el covid-19. 

Después de las elecciones, el presidente dijo que el gobierno federal compraría automóviles y otros productos estadounidenses.

Sin embargo, las empresas ya han advertido que unas normas demasiado restrictivas podrían provocar un aumento de los costos, lo que dificultará la compra de piezas fabricadas fuera de Estados Unidos.

La orden ejecutiva también debe verse como parte del "compromiso del presidente de invertir en la fabricación estadounidense, incluida la energía limpia y las cadenas de suministro críticas", dijo un funcionario.

Además, Biden "sigue comprometido a trabajar con socios y aliados para modernizar las reglas del comercio internacional (...) para asegurarse de que todos los países puedan usar los dólares de sus contribuyentes para estimular la inversión en sus propios países", añadió.