Con la expedición de la circular 4855 dirigida a los municipios, prestadores de servicios púbicos de acueducto y alcantarillado, la Superintendencia de Servicios Públicos, entre otros, el Ministerio de Vivienda destacó la articulación de las decisiones sobre ordenamiento territorial.

El jefe de la cartera ministerial, Luis Felipe Henao, anotó que la medida aplica también para autoridades encargadas de expedir licencias urbanísticas, curadores urbanos, urbanizadores y constructores.

La intención es profundizar en las disposiciones que el Gobierno Nacional estableció para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, articulando las normas de agua potable y saneamiento básico con el desarrollo urbano de las ciudades.

“El citado Decreto es de suma importancia tanto para el sector de servicios públicos domiciliarios, como para el sector vivienda, en la medida que busca articular las decisiones de las autoridades territoriales en materia de ordenamiento territorial y actuaciones urbanísticas con las determinaciones relativas a la planeación e inversiones para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los nuevos proyectos de vivienda”, explicó el Ministro.

Para continuar con la articulación entre los sectores de agua y saneamiento y el sector de la vivienda, el Ministerio convocará a una jornada de trabajo conjunta con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones-Andesco y la Cámara Colombiana de la Construcción-Camacol para revisar aspectos de interés para las partes.

Entre los aspectos relevantes del Decreto hace una clara distinción entre áreas o predios urbanizables no urbanizados y áreas o predios urbanizados, con el fin de establecer las responsabilidades entre urbanizadores y empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Unifica las definiciones de redes locales o secundarias, y redes matrices o redes primarias, con el propósito de evitar incertidumbre jurídica en cuanto a las responsabilidades entre urbanizadores y empresas prestadoras.