Con el desembolso de más de ocho mil millones de pesos para reparar a 789 víctimas del conflicto del municipio de Mampuján, en Bolívar, el Gobierno comenzó en firme el proceso de reparación de víctimas en el país. Este primer caso de reparación económica indemnizará con 8.300 millones de pesos a los familiares de las víctimas de la masacre y el desplazamiento masivo que ocurrió en el año 2000 tanto en Mampuján, como en Las Brisas, Bolívar. El dinero será desembolsado por el Estado a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
La acción de pago se ordenó a través de una resolución en cumplimiento de un fallo que fue proferido en abril del año pasado por la Corte Suprema de Justicia, sobre la masacre cometida en el año 2000 por el Bloque Héroes Montes de María, el cual hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este fallo permitió además, que se realizara un acto de conmemoración en que el presidente Juan Manuel Santos, hizo un reconocimiento a las víctimas y rechazó los hechos ocurridos en el 2.000.
Este primer desembolso que fue anunciado ayer por el Gobierno Nacional será el primero hecho en el marco de la Ley de Justicia y Paz y se hará a 789 víctimas que ya están identificadas, sin embargo el Gobierno espera identificar con rapidez las 570 víctimas restantes a quienes les corresponderán aproximadamente 6.200 millones de pesos.
En total, para el caso Mampuján el Gobierno espera entregar 14.500 millones de pesos a un promedio de 1.359 personas que se consideran víctimas. El pago será con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Un concepto emitido por el Consejo de Estado indica que son los victimarios, los responsables de pagar y el Estado será el encargado de responder subsidiariamente, pero sólo hasta el límite impuesto por la Ley de Víctimas para indemnización administrativa. Para este caso los condenados aportaron para la reparación de las víctimas cinco bienes que están avaluados en 528 millones de pesos, sobre estos predios el Gobierno explicó que se han puesto dos veces en venta a través de subasta pública, pero todavía no se ha concretado un comprador final.
A pesar de que la sentencia de Justicia y Paz ordena una indemnización total de 32 mil millones de pesos, inicialmente será de 14.500 millones de pesos, ya que el pago de los otros 17.500 millones restantes está en estudio, debido a la controversia jurídica que se ha generado sobre el alcance de la responsabilidad subsidiaria que debe asumir el Estado en el pago de la indemnización.
En su comunicado el Gobierno se mostró complacido de poder cumplir con las víctimas que tiene el departamento de Bolívar, quienes llevan 12 años reclamando al Estado por respuestas en cuanto a los procesos de reparación y reconciliación.
Aprobado Conpes
Esta semana el Gobierno aprobó la ‘hoja de ruta’ para que otras 40 mil víctimas del conflicto reciban indemnizaciones. Los lineamientos en los cuales se basará el Plan Nacional de Atención a Víctimas fueron aprobados el miércoles de esta semana por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
El objetivo de la estrategia será “poner a esta población en el centro de la atención del Estado”, según dijo Paula Gaviria, la directora de la Unidad de Víctimas, quien recalcó que el Plan Nacional de Víctimas involucra a 37 entidades del Estado a través de las cuales se van a ejecutar los 54,9 billones de pesos que quedaron establecidos en la Ley de Víctimas y que se ejecutarán durante los próximos diez años.
Gaviria agregó que por intermedio de este programa el Gobierno determinará las metas y mecanismos de seguimiento a través de indicadores específicos que incluirán a los niños, las mujeres, los adolescentes y los grupos étnicos del país y dijo que la aprobación de esta iniciativa era una buena noticia para las víctimas.
“Tiene que ser una unidad para ellas de inclusión social y de transformación de su realidad. Estamos todo el Gobierno Nacional enfocado a lograr que realmente las víctimas superen esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran haciendo justicia con ellas y logrando que ellas empiecen a caminar hacia una ruta de reparación integral, que se convierta para ellas en un reconocimiento y en una realización de sus derechos”, explicó la directora de la Unidad.
Precisamente la estrategia se empezará a ejecutar el próximo sábado, 9 de junio, cuando en la ciudad de Medellín más de mil personas reciban de parte del presidente, Juan Manuel Santos, reparaciones por distintos hechos violentos que se han presentado durante los últimos años en el país. Ese mismo día otras 40 mil personas en diferentes regiones del país estarán recibiendo también reparaciones.
Paula Gaviria afirmó que no en todos los casos las reparaciones que se harán serán económicas, ya que esa no es la finalidad del Gobierno, “reparación no equivale a cheques”, dijo.
Es decir, que algunas de las víctimas podrán recibir a título de indemnización administrativa a través de un bono que podría ser redimido en: planes de formación técnica o profesional para las víctimas o sus hijos; creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos; adquisición o mejora de vivienda nueva o usada; posibilidades de ahorro a través del Fondo Nacional del Ahorro; restitución de tierras; restitución de vivienda; y rehabilitación a través de programas de atención psicosocial y salud integral de víctimas.