La Cámara de Diputados de Argentina sancionó la ley de blanqueo de dólares impulsada por el gobierno, ya aprobada por el Senado y que busca recuperar divisas fuera del sistema a través de un mecanismo que permitirá invertir en el sector energético e inmobiliario.

La norma recibió 130 votos a favor del oficialismo y sus aliados, y 107 en contra.

"Esta ley es para poner en valor y movilizar activos argentinos, sea en inmuebles urbanos o en inversiones, en infraestructura o energía", dijo en el hemiciclo el diputado oficialista Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Con la iniciativa, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner pretende que ingresen al circuito legal ahorros en dólares que tienen los argentinos en el país y en el extranjero, en un contexto de fuerte necesidad de divisas en el país.

Según el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en Argentina hay unos 40.000 millones de dólares en manos de argentinos, y estimó que las tenencias en la divisa estadounidense se triplican en paraísos fiscales.

De esta forma, el país sudamericano sería el de mayor tenencia de dólares per cápita después de Estados Unidos, con 1.200 dólares, de acuerdo al funcionario.

El gobierno anunció el proyecto a comienzos de mayo en un momento de tensión cambiaria, con una brecha que había trepado al 100% entre la cotización del dólar oficial y el informal, que llegó a superar los 10 pesos por dólar, aunque luego retrocedió y este miércoles se ubicaba en 8,88 pesos.

Tras fuertes restricciones impuestas por el gobierno para contener la fuga de divisas se desarrolló un mercado del dólar paralelo, también llamado "blue".

En su exposición, el oficialismo desestimó las críticas al proyecto expresadas por la oposición, que sostiene que servirá para lavar dinero de origen delictivo.

En ese sentido, el diputado oficialista dijo que "el único beneficio que se otorgará a quienes blanqueen dólares es la exención impositiva" y destacó que el gobierno "tiene la obligación de cumplir los requisitos que fija la ley antilavado en cuanto a identidad del depositante, el flujo del capital y actividades sospechosas".

El proyecto establece que no podrán ingresar al blanqueo "los imputados por delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo".

Julio César Martínez, de la Unión Cívica Radical (UCR, oposición socialdemócrata, segunda fuerza en la Cámara), dijo que con la aprobación del proyecto se "están minando las bases de la confianza que tiene la economía para que no pase lo que está pasando con la fuga de capitales".

La socialista opositora Alicia Ciciliani adelantó que su bloque rechazará la propuesta por considerar que es una "política activa del Estado a favor de la industria de lavados de activos".

Desde Propuesta Republicana (PRO, derecha), el diputado Pablo Tonelli advirtió que el proyecto "viola la Constitución y tratados internacionales".

De aprobarse, la norma autorizará al Ministerio de Economía y al Banco Central a emitir instrumentos financieros, destinados al sector energético y la construcción y el mercado inmobiliario.

Podrá acogerse a este beneficio toda persona física (salvo funcionarios y sus familiares) o jurídica argentina, poseedora de moneda extranjera o divisas dentro o fuera del país.

Desde 2011, el gobierno impuso un cerrojo cambiario que causó hondo malestar en la clase media del país, con el objetivo de frenar la fuga de capitales, que alcanzó a 22.000 millones de dólares aquel año y que bajó a unos 4.000 millones en 2012, según datos del Banco Central.

Por otro lado, el gobierno necesita divisas principalmente para el pago de las importaciones de combustibles que el año pasado treparon a unos 12.000 millones de dólares, ante el incremento del consumo y la caída de la producción local./AFP