Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción emitió resolución inhibitoria en favor de ocho personas que fueron relacionadas en un informe de la Contraloría sobre el proceso licitatorio para los contratos de las troncales NQS y Avenida Suba de Transmilenio.

De acuerdo con la denuncia, se habrían presentado los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Los favorecidos con esta determinación son María Isabel Patiño Osorio, Jorge Gabriel Taboada Hoyos, Peter Grossich Vanegas, María Cristina Guerrero Santacruz, Mario Alberto Huertas Cotes, Luis Alberto González Torres, Álvaro José Movilla Castillo y Luis Fernando Carrillo Caycedo.

La investigación tiene relación con los hallazgos consignados en el informe de auditoría gubernamental realizado por la Contraloría Delegada Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, en lo concerniente al proyecto y procesos licitatorios para los contratos de las troncales NQS y Avenida Suba y los hechos denunciados por Édgar Alfonso Castellanos Yáñez.

Realizada la investigación previa, se concluyó que el proceso de selección de la firma que realizó la estructuración legal se ajustó a las normas que rigen la escogencia del contratista en la administración pública. Incluso, que la propia Contraloría General de la República se inhibió de iniciar investigación por esos mismos hechos.