El voto de confianza que le dio el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos al juez español Baltasar Garzón para que siga realizando sus labores en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) fue expresado a través de un comunicado de prensa de la Casa de Nariño.

“El señor Baltasar Garzón viene desempeñando un importante papel de apoyo al Gobierno Nacional a través de MAPP-OEA. El señor Garzón seguirá al frente de dichas tareas hasta tanto hayan finalizado”, dice la comunicación.

Además, en el documento hace un reconocimiento a la labor de Garzón: “El Presidente de la República le expresa su especial agradecimiento y reitera su confianza en Baltasar Garzón”.

Sin embargo, ayer esta decisión fue controvertida por el procurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que “no se puede condenar en Colombia a ciudadanos por delitos en los cuales incurrió el juez Garzón y aceptarlo como interlocutor válido. No nos digamos mentiras, ya lo ha manifestado el Estado español, el juez Garzón es un delincuente, un prevaricador”.

Ordóñez rechazó la presencia del juez en Colombia porque él había victimizado a los ciudadanos españoles y les había desconocido derechos fundamentales, como lo es el derecho a la intimidad, y además cuestionó la labor que ha desarrollado en Colombia.

El jefe del Ministerio Público explicó que dejar que Baltasar Garzón siga trabajando en Colombia es hacer una “apología de la ilegalidad” y que este es un problema de carácter ético: “Es un problema de carácter ético, de darle prevalencia y reconocimiento a la ilegalidad y a las consecuencias de este principio, de respeto a la soberanía de Estados amigos y por supuesto es un tema de conveniencia”.

“Estamos, en plata blanca, ante una persona que delinquió, frente a un prevaricador, frente a un juez que desconoció la ley”, concluyó.