Esta semana, en el marco del 57 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, Colombia presentó uno de los estudios más esperados en el continente: el que busca alternativas a la cárcel como sanción para delitos relacionados con drogas. El compendio, que incluye 41 iniciativas diferentes, fue recibido con especial interés por Estados Unidos, que en cabeza de Michael P. Botticelli, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, felicitó a Colombia por iniciar una búsqueda que permita darle un tratamiento con perspectiva de salud pública a los actores más débiles de la cadena del narcotráfico.
“La utilización irreflexiva del derecho penal, su utilización como única forma de reacción estatal, no solo deja intacto el origen del problema, sino que además desgasta al aparato judicial en cuanto a su operatividad”, indicó en la presentación del documento el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en cabeza de quien estuvo la Secretaría del Grupo Técnico, coordinado por Colombia desde el 2013. Rodrigo Uprimny, como miembro de la Comisión Asesora de Política de Drogas, respaldó la elaboración del informe en calidad de líder técnico legal.
Jose Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, agradeció a Colombia su liderazgo en el contenido de este documento, que también será parte de la posición de Colombia de cara a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS) 2016.
"Debemos huir de un enfoque que solo confía en las fuerzas de seguridad y que estigmatiza al drogadicto. Ya hemos dado el primer paso para centrarnos en la perspectiva de la salud pública, sabemos dónde tenemos que ir, ahora el reto es la implementación", dijo Botticelli al conocer el documento que presenta una amplia gama de posibilidades de política para generar respuestas diferenciadas a la privación de la libertad. El informe cuenta también con el respaldo de Brasil Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Jamaica, y Trinidad y Tobago.
“Este informe debe tomarse como una primera referencia orientadora que no excluye otras experiencias que sobre la materia puedan existir”, expresó Javier Flórez, Viceministro (e.) de Política Criminal del Ministerio de Justicia, durante la entrega oficial en Washington. Agregó que estas medidas se agrupan en tres categorías dependiendo de la etapa del proceso penal: antes de la apertura, durante el proceso penal con el fin de buscar la proporcionalidad de la sanción al delito cometido y para el control de la población carcelaria, enfocadas en liberación anticipada de sentenciados. Indicó además que el documento se ocupa en su mayoría de casos referentes a consumidores, pequeños cultivadores, traficantes de pequeñas cantidades de droga, "mulas" y menores de edad.
En Colombia, alrededor de 23.000 personas están en las cárceles por este tipo de conductas, con un costo anual de unos 138 millones de dólares, "que podrían ser mejor empleados en la prevención y adopción de medidas alternativas que atiendan las vulnerabilidades económicas y sociales de nuestros territorios más afectados", concluyó Flórez.