Por considerar que no existe la información suficiente para adelantar el trámite en el Congreso, los parlamentarios decidieron suspender el debate.

Pese a que se han realizado varios debates sobre el particular, la Comisión Sexta del Senado decidió programar una audiencia pública para el próximo miércoles a las 9 de la mañana.

A ella fueron citados los presidentes de las compañías de telefonía móvil Claro y Movistar, así como los alcaldes de Bogotá, Gustavo Petro y Medellín, Aníbal Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

La solicitud de aplazamiento provino de parte del presidente de la Comisión Sexta, Eugenio Prieto, quien indicó que “hay demasiada desinformación sobre el proyecto de ley y no se ha socializado lo suficiente, sucede que estamos tocando uno de los temas más delicados de comunicaciones en el país”.

El aplazamiento se da en medio de los rumores de presión por parte de uno de los operadores. Frente a ello, el mismo Prieto indicó que “no podría asegurar que haya presiones, no podría decirlo porque particularmente no me han hecho una presión, pero sí hay inquietudes de diferentes congresistas y aspiro a que el debate se haga con toda la transparencia”.

Aseguran que algunas personas hacen ‘lobby’ ante los legisladores para intentar conseguir un apoyo, lo cual no es considerado del todo malo puesto que “hay diferentes actores que están haciendo lobby buscando beneficios, como un inversionista privado busca mayor rentabilidad, pero todo el mundo tiene derecho a hacerlo”, añadió el presidente de la Comisión.

Para el gerente de regulación de UNE, Jaime Andrés Plazas, “todos los jugadores contamos con la oportunidad de exponer los planteamientos y ha habido suficiente ilustración en el debate”.

Explicó que es difícil saber si efectivamente se están ejerciendo presiones pero reconoció que “este es el proyecto más importante para las comunicaciones del país. Cada empresa de alguna manera presenta sus argumentos en los diferentes escenarios”.

En ese sentido, el senador del Polo Democrático, Alexánder López, argumentó que es importante avanzar en el debate de los contratos de concesión que se vencen en menos de un año.

“En marzo de 2014 se termina el contrato de telefonía móvil a Claro y Movistar. La prórroga de diez años establece que no puede haber más prórrogas y esta es una oportunidad del Estado para que saque licencias de telefonía móvil a varios operadores o una empresa pública, como lo hacen en otros países”, dijo López.

Adujo que contrario “a lo que está pensando el Ministerio que es mantener el negocio con Claro y Movistar que es completamente ilegal, no se puede generar una prórroga para la telefonía móvil en el país”.

Indicó que el contrato de concesión se firmó en 1994 y cuenta con una cláusula de reversión, para que todos los activos de Claro y Movistar se devuelvan al Estado.

“Consideramos importante avanzar en esta ley antimonopolio porque definitivamente hoy la posición dominante en el mercado de las multinacionales Claro y Movistar, no solo están generando que se queden con las utilidades del negocio sino que generan que hoy paguemos las tarifas más costosas de telefonía móvil, Internet y de televisión del mundo”, agregó.

Al tiempo que recordó que es un servicio “que presenta todos los problemas, el año pasado hubo más de 120 millones de quejas contra estas dos empresas que demuestran que el servicio es malo y costoso. Esto le pone tope a la concentración del mercado de las TIC, aquí la competencia es por calidad”.