La reforma planteada al sistema sancionatorio aplicado a funcionarios en cabeza de la Procuraduría ya ‘calentó motores’ en el Congreso con el proyecto de ley que busca suprimir la facultad que hoy tiene de inhabilitarlos por más de 10 años. Pero esto apenas es el comienzo, pues Alejandro Ordóñez anunció que después de julio próximo radicará una iniciativa para regular el régimen disciplinario.

La intención de reformar el sistema disciplinario aplicado a funcionarios surgió tras la polémica desatada por la destitución a principios del año del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y la inhabilidad por 15 años para ocupar cargos públicos, por las irregularidades que consideró la Procuraduría se presentaron en la implementación de un modelo público de aseo en la ciudad.

Como consecuencia la defensa de Petro desató una artillería jurídica principalmente fundamentada en que la Procuraduría General no tendría competencia para suspender los derechos políticos de servidores públicos elegidos por voto popular, pues esta decisión estaría en manos de un juez en proceso penal, según la Convención Americana de Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, de la cual Colombia es signataria.

Incluso en ese sentido, el fallo de un juez del Tribunal Superior de Bogotá que hace dos semanas ordenó al presidente Santos restituir a Petro al cargo del alcalde Mayor pide acatar las medidas cautelares que dictó hace un par de meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acudió el Burgomaestre solicitando la protección de sus derechos políticos.

Por su parte, el Ministerio Público defiende las competencias que le dio la Constitución del 91 de investigar y sancionar a funcionarios públicos según las disposiciones establecidas en el Código Único Disciplinario, que contempla la destitución e inhabilidades que van entre 10 y 20 años según la gravedad de la falta.

Desde enero pasado Ordóñez anunció que presentaría al nuevo Congreso un proyecto de ley para regular el Código Único Disciplinario. La iniciativa también contemplaría la introducción de la doble instancia en la investigación disciplinaria, que en los casos de algunos funcionarios prevé la participación del Consejo de Estado.

La semana anterior, el procurador Alejandro Ordóñez fue invitado a la Comisión Primera de la Cámara para que se pronunciara sobre un proyecto de ley de autoría del representante Germán Navas, que suprime la función que tiene el Ministerio Público de inhabilitar los derechos políticos de los funcionarios con el fin, argumenta la iniciativa, de armonizar la función sancionatoria de la Entidad con el artículo 23, numeral segundo, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En ese escenario a pesar de que Ordóñez criticó el proyecto porque aseguró que  “cerca de 11.500 investigaciones deberían ser archivadas y varios centenares de servidores públicos destituidos e inhabilitados podrían volver a ejercer sus derechos”, indicó que “es necesario hacer modificaciones al sistema disciplinario, pero sin apasionamientos, con la tranquilidad que exigen estos rediseños institucionales para evitar quitarle al Estado de derecho y a la sociedad un instrumento eficaz y conveniente”.

En cuanto al proyecto que radicará en los próximos meses, el Procurador ha dado algunas puntadas, pero  desde ya ha dejado claro que “es indudable que se requiere algunas modificaciones al estatuto disciplinario, de eso yo creo que hay consenso. Lo que creo es que no se puede poner en discusión las competencias de las autoridades disciplinarias específicamente que la Procuraduría General ostenta”. 

De donde se podría colegir que el proyecto que presentará la Procuraduría apuntará a hacer algunos ajustes al Código Disciplinario Único, reclasificando lo que se considera faltas graves y gravísimas. Incluso podría proponer reducir a cinco años las sanciones de inhabilidad, cuyo piso hoy está en 10 años, pero no permitirá que se afecten las competencias sancionatorias del Procurador y de la entidad hoy previstas en la Carta.

División de criterios

Cuando se está a la espera del primer debate del proyecto N°181/13 Cámara, que suprime la función que tiene el Ministerio Público de inhabilitar los derechos políticos de los funcionarios, hay división de criterios frente al tema en la Comisión Primera  de la Cámara.

Ya fue radicada una ponencia positiva para este primer debate, sin embargo, dos de los ponentes consultados por EL NUEVO SIGLO hicieron reparos a esta iniciativa. En ese sentido Germán Varón (Cambio Radical) dijo que el Procurador presentó unos argumentos frente a la iniciativa “que a mí me parecen contundentes en el sentido de respetar la institucionalidad y obviamente de no negar esa existencia de la potestad disciplinaria que en muchos casos ha sido muy útil, y que por cuenta de lo que viene haciendo el Alcalde no puede trastocar todo lo que es la estructura del derecho disciplinario”.

Varón dijo que comparte dos aspectos de la propuesta del procurador Ordóñez de modificar el Código Único Disciplinario, y que  “tienen que ver con eliminar los mínimos para hacer mucho más proporcionales las sanciones con la conducta que transgrede la ley y la segunda, la existencia de una segunda instancia”.

Por su parte, el parlamentario Heriberto Sanabria (Partido Conservador) dijo que “nosotros el próximo miércoles nos vamos a reunir el grupo de ponentes mayoritarios a analizar y construir una ponencia distinta a la del doctor Navas, creemos que a la Procuraduría no se le debe despojar totalmente de esas competencias que hoy la Constitución y la ley le conceden, lo que hay es que gradualizar las sanciones y las amonestaciones que la Procuraduría tiene”.

Sin embargo el también integrante de la Comisión Primera, representante Pablo Enrique Salamanca (Partido Liberal) dijo que “apoyo el proyecto porque los funcionarios que son elegidos por voluntad popular deben tener algún fuero especial. Su cargo tiene por voluntad del pueblo  y no puede someterse a los mismos procedimientos que se le imponen a los demás servidores públicos que son de libre nombramiento y remoción”.

Incluso Salamanca dijo que propondrá que sea el Consejo de Estado el que “tenga la facultad disciplinaria” y la suspensión de los derechos políticos sobre los funcionarios elegidos popularmente.

Inhabilidades

Las facultades sancionatorias de la Procuraduría han venido funcionando desde hace muchos años, dijo el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, quien se lamentó de que el país acostumbra reaccionar frente a casos puntuales.

Añadió que esas facultades han sido ejercidas en todo este tiempo por el Ministerio Público “con éxito, con responsabilidad, y que han sido un instrumento importantísimo en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo de las funciones públicas”. “Por esa razón no me gusta que cambien esto, me parece que es una mala reacción frente a un caso puntual”.

Sin embargo, Arrieta ve necesario ajustar el Código Único Disciplinario  “porque creo que lo que se refiere a la inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas sí quedó demasiado rígido. Creo que no hay razón para que a una persona se le pongan más de 10 años de inhabilidad”. En ese sentido anotó que la sanción de inhabilidad podría estar entre cinco y 10 años.