En su segunda carta abierta el vicepresidente Angelino Garzón habla sobre la crisis de la salud que sufre el país.
Garzón afirmó que los problemas más graves en el sector salud son la calidad y la oportunidad en el sector y habló de reformar el sistema único de salud para todos y todas, que aporte a la justicia social y a la calidad de vida de la población, puesto que este es uno de los principales renglones para una verdadera política social del Gobierno del Presidente Santos.
Esta es la carta abierta del Vicepresidente:
DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL SOBRE EL SISTEMA DE SALUD
El sistema de salud en Colombia ha avanzado. Su cobertura ha superado el 95% de la población pobre y vulnerable, entre ellos los niños y las niñas, incluyendo un plan de beneficios unificado orientado a lograr la equidad en el sistema. Sin embargo, persisten problemas en calidad, oportunidad y humanismo en la prestación del servicio, como también franco deterioro en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.
En el conjunto del país, y con mayor preocupación en algunas regiones, los indicadores de salud de la población no mejoran. Presentan grandes dificultades factores como la mortalidad materna y la infantil; las enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y los trastornos cardiovasculares; las infecto-contagiosas, como tuberculosis, paludismo, dengue, parasitismo y de transmisión sexual; las asociadas a los problemas estructurales de nuestra sociedad, como desnutrición infantil, y todo lo que se deriva de la violencia que nos aqueja, incluyendo los crecientes problemas de salud mental en jóvenes y adolescentes. Estos factores podríamos intervenirlos desde programas de salud familiar y salud escolar, tales como los de sicólogos en los centros educativos o programas nutricionales a través de desayunos y almuerzos escolares.
Durante muchos años, de diferentes formas y desde diversos actores del Estado y la sociedad, se ha hecho manifiesta esta crisis del sistema de salud, incluyendo la paradoja de cerrar centros pediátricos por no ser rentables, cuando, a la vez, se nos enferman y mueren los niños y las niñas en el país.
Los llamados de atención a la crisis estructural del sistema de salud han provenido principalmente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y del propio presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón.
Los llamados angustiantes los han hecho Alcaldes y Gobernadores, sus Secretarios y Directores de Salud y las diversas organizaciones sociales afectadas, en especial las organizaciones de pacientes que ven morir a sus hijos, padres y abuelos, después de acudir a todas las formas de exigencia de sus derechos.
Las mismas reformas que el Congreso de la República le ha hecho a la Ley 100 de 1993, evidencian que el problema es estructural y, por lo tanto, exige una propuesta que elimine sus causas, mantenga sus logros y piense fundamentalmente en los usuarios del sistema y en los trabajadores del sector.
La solución está en oír cada una de las quejas y propuestas, de todos los actores que se han expresado desde el Estado y desde la sociedad, en un amplio Diálogo Social Nacional, donde se pueda llegar a acuerdos para definir un modelo viable, justo y eficaz, en favor de la población y la eliminación de reclamaciones que existen en el país en materia de salud.
La cantidad creciente de conflictos de intereses que hoy existen en el sistema de salud, exigen un proceso de Diálogo Social Nacional, a partir de reconocer que somos un Estado Social de Derecho, que el Estado debe garantizar la protección de la salud de toda la población en igualdad de condiciones, y que la razón fundamental de las políticas públicas es la gente y, en especial, la niñez, como lo estableció la Constitución Política Nacional, teniendo en cuenta que lo que no se haga por los niños y las niñas en el presente, mañana es tarde porque serán adultos.
LOS INVITO A CONVOCAR UN DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL
Para salir de esta crisis, los invito a que convoquemos un Diálogo Social Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y la Señora Ministra de Salud, Beatriz Londoño, así como por los Alcaldes de los municipios certificados y los Gobernadores, donde estemos todos colocando los intereses colectivos por encima de los intereses particulares, como nos lo establece la Constitución Política Nacional y es el querer del Presidente Santos.
El Diálogo Social Nacional es un mecanismo democrático; es una concepción de Estado que define la forma de relacionarse de los gobernantes y los ciudadanos. Las ideas, las políticas y los programas que emergen del diálogo social se pueden constituir en políticas de Estado, más allá de ser sólo programas de gobierno, para así mantenerse en el tiempo y poder ser respetadas por los gobernantes, los partidos políticos y los ciudadanos.
En el escenario internacional, ya existen organismos cuya base conceptual y de gestión es el Diálogo Social, y existen experiencias en diferentes países, como algunos europeos, donde han construido acuerdos y reformas a sus sistemas de seguridad social, y en particular a sus sistemas de salud, con base en el Diálogo Social.
El Diálogo Social Nacional debe estar convocado y construido, con base en el reconocimiento de la crisis estructural del sistema; el fortalecimiento del Estado desde las Alcaldías y las Gobernaciones; la garantía del derecho a la salud y la consolidación del aseguramiento universal con la unificación de los planes de beneficios; la eliminación del ánimo de lucro; y la construcción de un modelo de atención basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, a partir de la estrategia de atención primaria en salud. El Diálogo Social Nacional nos generará confianzas y soluciones.
De manera inmediata hay que darle liquidez al sistema de salud, fortalecimiento a las instituciones públicas de vigilancia y control y veracidad a los procesos de veeduría y defensoría del usuario. Los recursos de la salud deben llegar a los hospitales públicos y privados del país, cuya cartera supera los 7 billones de pesos, según los reportes oficiales.
En la vigilancia y el control, las instituciones deben ser sólidas, descentralizadas, oportunas y garantes de los derechos ciudadanos. La participación ciudadana debe ser promovida y respetada, hasta hacer realidad la figura del Defensor del Usuario en Salud, que debe ser nombrado por el Presidente de la República. En lo estructural, debemos llegar a un Estatuto Único de Salud, que de solidez jurídica, financiera y técnica al sistema de salud.
FORTALECER EL ESTADO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS CIUDADANOS
Un sistema de salud construido desde el Diálogo Social Nacional, fortalecerá las instituciones del Estado, en especial las entidades rectoras y las del control social, con un modelo de gestión transparente, en plena lucha contra la corrupción y eficaz en la garantía de los derechos sociales.
En especial, el Diálogo Social Nacional deberá reconocer que, desde el año 1986, el país dio inicio a un proceso de descentralización del Estado, ratificado en la Constitución Política Nacional, con la elección popular de Alcaldes y Gobernadores como representantes y garantes de los derechos de los ciudadanos, que los eligen en un proceso democrático y constitucional.
Los Alcaldes y Gobernadores, de manera individual o a través de formas asociativas, deben tener la plena rectoría y organización de la prestación de los servicios de salud a su población, incluyendo todos los recursos necesarios y una red pública hospitalaria sólida.
En mi opinión, debemos mantener un modelo de salud basado en el aseguramiento pleno, que alcance la universalidad con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, eliminando el interés de ánimo de lucro que existe, y fomentando la creación de Aseguradoras de Economía Mixta Regionales, con alianzas entre Alcaldes, Gobernadores y Cajas de Compensación Familiar, y otras entidades sin ánimo de lucro, como ya se está logrando en algunas regiones del país.
No es posible establecer un sistema de salud que invoca el derecho de los afiliados y los usuarios y, a la vez, desconozca los derechos laborales y salariales de los miles de trabajadores del sector de la salud. El Diálogo Social Nacional deberá incluir la eliminación de todas las formas de vinculación laboral que no dignifiquen ni respeten las condiciones laborales de los médicos, las enfermeras, los técnicos sanitarios, los auxiliares de enfermería y, así, a todos los trabajadores de la salud.
Finalmente, debe mantenerse la iniciativa de la Ley 1438 del año 2011, que estableció estructurar la prestación de los servicios de salud a través de las redes integrales de estos servicios, en un enfoque de atención primaria en salud que elimine las barreras de acceso y logre la calidad y la oportunidad de los mismos, garantizando los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Política Nacional.
Ya varias ciudades como Bogotá D.C., Barranquilla y Bucaramanga, y varios departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y Huila, entre otros, han construido y desarrollado modelos de salud basados en la atención primaria en salud, con importantes éxitos regionales y locales.
Me uno plenamente a los mensajes del señor Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, cuando ha dicho que “(…) es necesario un revolcón en el sistema de salud, basado en el reconocimiento del derecho a la salud, la garantía de la prestación de todos los servicios y el no lucro”.