Una demanda contra una medida con la que la Contraloría buscaba frenar el carrusel pensional en las entidades públicas, fue admitida por el Consejo de Estado, corporación que, sin embargo, no suspendió su ejecución.

El alto tribunal admitió una demanda de nulidad interpuesta contra una función de advertencia emitida por la Contraloría, mediante la cual se conminó a las entidades del Estado a que antes de tomar cualquier decisión sobre encargos y nombramientos de personas próximas a pensionarse, se realice un estudio sobre el respaldo de aportes y cotizaciones que dicha pensión tiene y el impacto fiscal que tal decisión implica.

La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Bertha Lucía Ramírez, admitió la demanda pero negó la solicitud de suspensión provisional de la disposición.

A juicio del demandante, Ricardo Hernández, la función de advertencia va más allá de un fin preventivo, pues “incita a los funcionarios públicos a desconocer el ordenamiento legal y Constitucional, en el sentido que constituye una apología a la discriminación laboral, en la medida en que atenta de manera injustificada contra los derechos de las personas adultas mayores que tienen la expectativa de acceder a un cargo público, toda vez que son ellos los que se encuentran en regímenes exceptuados o especiales de pensión”.

La Sala por su parte señaló que no se accedió a la suspensión, por cuanto se requiere un estudio de fondo de todas las normas que se relacionan con el régimen pensional de las personas adultas mayores y las funciones y competencias de la Contraloría General de la República.

En febrero, la Contraloría recordó que “la gestión fiscal de toda administración debe buscar la adecuada disposición de los bienes públicos y cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, por lo que las decisiones en materia de nombramientos y encargos que involucran la ejecución de recursos públicos deben atender estos principios”.