Varios  compromisos fueron asumidos por las autoridades frente al tema de seguridad y protección para las víctimas de todo el país durante la mesa nacional de participación reunida en Tuluá.

Ayer sesionó la mesa por segundo día, con la presencia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, así como de las directoras de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Rivero, y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria.

La creación de un grupo especial para el tema de víctimas del conflicto se está gestionando con el director seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, Jorge González, comentó Gaviria, señalando que se ha oficiado a alcaldes y gobernadores sobre la necesidad de que realicen, como muchos ya lo han hecho, consejos de seguridad en los que se aborde esta problemática.

A su paso, Otálora se comprometió a enviar cartas formales al fiscal general, al Presidente de la República, al Procurador general y a los ministros de Vivienda y Educación, para concertar una reunión con las víctimas, para que éstas expongan los problemas de seguridad que enfrentan en cada una de sus regiones, pero también otros temas sensibles para ellos como la educación y la vivienda, que hacen parte de su reparación integral y el goce efectivo de sus derechos.

“Los líderes tenemos miedo de que nos asesinen, sobre todo a los que fuimos a La Habana, Cuba. ¿Cómo será los que están en el territorio?”, dijo Jorge Vásquez, coordinador de la Mesa Nacional, quien también solicitó la presencia permanente de las víctimas en el Comité de Evaluación de Riesgos (Cerrem).

A la sesión también asistieron la secretaria de Gobierno del Valle del Cauca, Amparo Cardona, y el subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas, Gabriel Bustamante, quien señaló que “todas las entidades de prevención, protección y medidas de no repetición deben articular un programa para garantizar el derecho a la vida y la integridad de los líderes de víctimas”.