Un cambio se presentó en el marco legal para la paz que se encuentra en su fase definitiva en el Congreso de la República.
 

La comisión primera de esa corporación estudia la posibilidad de que sus beneficios jurídicos se extiendan a todos los funcionarios públicos del Estado y que no solo cobijen a los agentes de la Nación.
 

El senador Roy Barrera explicó que solo podrían beneficiarse los trabajadores públicos que hayan actuado dentro de los márgenes del conflicto armado, y fue enfático al decir que aquellos funcionarios que hayan delinquido, como los del DAS con las ‘chuzadas’ o los militares con los ‘falsos positivos’, están “excluidos”.

Sobre el tema, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, indicó que en rigor la figura de “agentes del Estado” no hace parte del contenido de la Constitución Política, por lo que opina que son precisamente los “funcionarios públicos” quienes deben tenerse en cuenta en la reforma constitucional.
 

“Se trata de servidores públicos que por alguna razón puedan dar lugar con su conducta a algún tipo de enjuiciamiento en su momento, luego de terminado el conflicto por hechos dados en el mismo conflicto”, aseveró Esguerra.
 

“Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición (…) Una Ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los servidores públicos, en relación con su participación en el mismo”, pone el artículo.