En vista de que no son pocos los parlamentarios investigados por corrupción y anomalías con dineros e instituciones públicas, se busca agravar castigo a partidos políticos que los avalaron.
Ver a parlamentarios desfilando hacia los tribunales judiciales y las cárceles se ha vuelto una imagen muy común para los colombianos.
Por el sólo proceso de la parapolítica no menos de 60 Senadores y Representantes a la Cámara terminaron investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una gran parte de los cuales fue recluida en prisiones y de éstos un buen porcentaje fue condenado e incluso poco más de la mitad ha recobrado ya su libertad por cumplimiento de la pena.
Fue precisamente la gravedad de ese escándalo y el impacto sobre la ya muy deteriorada legitimidad del Congreso lo que llevó en 2009 a tramitar una reforma constitucional que ampliara el ámbito de las sanciones políticas a los partidos que avalaran a los parlamentarios que resultaran procesados por nexos con grupos al margen de la ley.
Fue así como en esa reforma política constitucional se estableció la figura de la “silla vacía”, que consiste en quitarle a los partidos el escaño en el Congreso cuando su respectivo titular fuera capturado por sindicaciones de nexos con guerrilla, paramilitares y otros grupos armados ilegales.
Así las cosas, se estableció en el inciso 3º del artículo 134 de la Constitución Política que “no podrá ser reemplazado un parlamentario a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Si el congresista es absuelto puede volver al escaño, pero si hay sentencia condenatoria se perderá el escaño definitivamente”.
Cuando se discutió la reforma, hubo varias voces que pedían ampliar el ámbito de los delitos por los cuales se podría aplicar esta sanción, ya que, si bien en el momento del debate la coyuntura más grave tenía que ver con la parapolítica y algo de farcpolítica, la majestad de congresista debía obligar a quienes la ostentaban tener la máxima transparencia en su accionar y, por lo tanto, cualquier infracción a la ley debería dar lugar a que el escaño que ocupaba el sindicado quedara vacío, no sólo como castigo a la persona, sino a la colectividad, pues era claro que al avalar al encartado penalmente había fallado en su responsabilidad de garantizar la honestidad de los candidatos que sometió, bajo su respaldo, a la consideración de los votantes.
Sin embargo, las mayorías uribistas se opusieron a que la sanción de “silla vacía” fuera más allá del tema de los nexos con grupos armados ilegales y delitos conexos como narcotráfico o delitos de lesa humanidad (en los que incurre conjuntamente guerrilla y paras).
Así va…
Hasta el momento sólo a dos congresistas se les ha aplicado este instrumento de castigo político a los partidos. El primer caso fue hace un año con el senador de Cambio Radical Javier Cáceres, a quien la Sala Penal le dictó orden de captura por presuntos nexos con grupos paramilitares en Bolívar.
El segundo turno le corresponde al senador de La U, Fuad Emilio Rapag, investigado por el mismo Tribunal también por parapolítica. La semana pasada, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista determinó que, en este caso en particular, procede la suspensión sin reemplazo hasta que se produzca una sentencia definitiva que lo absuelva o condene, lo que significa que se aplicaría la ‘silla vacía’ para el Partido de la U, por ser la colectividad a la que pertenece.
Sin embargo, por tratarse de conductas punibles que no están contempladas dentro de las señalados por el artículo 134, en los casos de parlamentarios como el senador del Polo Iván Moreno (capturado y sindicado de cohecho, concusión y celebración indebida de contratos) y la representante de La U Lucero Cortés (con detención domiciliaria y llamada a juicio por tráfico de influencias), no se aplicó la “silla vacía” y sus respectivas colectividades pudieron posesionar en los dos escaños al siguiente aspirante no elegido en la lista en los comicios de 2010.
¿Por corrupción?
Sin embargo, pese a que la Corte Suprema sigue vinculando en investigaciones preliminares a varios congresistas por presunta parapolítica, al mismo tiempo tiene en la mira a un grupo de Senadores y Representantes a la Cámara por otra clase de delitos.
Por ejemplo, son más de 13 los que están en la lupa de la Sala Penal por cuenta de las anomalías que se registraron en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Como se sabe, se indaga la veracidad de denuncias según las cuales los parlamentarios habrían maniobrado ante las directivas de la cuestionada entidad para que les adjudicaran a familiares y allegados suyos la administración de bienes muebles e inmuebles decomisados al narcotráfico y otras organizaciones ilegales.
Igual, son varios los que tienen procesos por otros delitos como tráfico de influencias (precisamente el miércoles se le abrió uno al actual presidente del Senado Juan Manuel Corzo), prevaricato (8 senadores son investigados por anomalías en la designación de un reemplazo de un parlamentario), peculados (varios congresistas están en la mira por ‘cuotas’ en Notarías, Corporaciones Autónomas Regionales o destinación de presupuestos para cárceles y otras obras)…
Siendo la mayoría de estos delitos relacionados con casos de presunta corrupción, y sobre todo estando de por medio dineros del erario público, empiezan a escucharse voces que urgen reformar el artículo 134 para que se amplíe el número de conductas punibles que darán lugar a la sanción de “silla vacía”.
De esta forma, a los nexos con grupos ilegales, narcotráfico y delitos de lesa humanidad, se le podrían sumar todo la gama de delitos contra la administración pública como prevaricato, peculado, desvío de recursos oficiales, cohecho, concusión, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.
La idea de los promotores es que la única forma de que la política se depure, es obligar a los partidos a escoger mejor a sus representantes en cargos de elección popular. En ese orden de ideas, es claro que el castigo más efectivo y ejemplar es restringirle lo más posible la posibilidad de reemplazar a los parlamentarios cuando éstos sean capturados, sin importar la gravedad del delito.
La pregunta es: ¿El Gobierno, que a través de su coalición maneja 90 por ciento de las curules en el Congreso, aceptaría hacer más drásticos los castigos políticos a los partidos que avalen a parlamentarios procesados por corrupción?